El encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y la falta de vivienda afectan al conjunto de la clase trabajadora, pero tienen un impacto específico sobre las mujeres.
La crisis de la vivienda golpea a las mujeres con más dureza debido a la brecha salarial, la parcialidad laboral y la asunción mayoritaria de las tareas de cuidados, así como al mayor peso de los hogares monomarentales.
El 53 % de quienes buscan vivienda en alquiler son mujeres. Entre la juventud, donde el acceso a la vivienda es prácticamente imposible, la brecha de género se agranda: entre los 18 y los 24 años, más del 80 % de la demanda de alquiler procede de mujeres.
Los desahucios impactan más en las mujeres. En términos de vivienda, del total de las personas mayores de 65 años que viven solas, el 73% son mujeres, la mayoría de ellas con pensiones de viudedad o inferiores al salario mínimo interprofesional.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, el miedo a quedarse en la calle constituye un obstáculo a la hora de denunciar la violencia machista. Ninguna mujer tendría que elegir entre continuar conviviendo con un maltratador o quedarse sin techo.
Trabajar y recibir un salario no garantiza llegar a fin de mes, especialmente a las mujeres. La pobreza tiene rostro de mujer, y la pobreza laboral también.
La división sexual del trabajo entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, arrastra una situación endémica de pobreza y desigualdad también en el ámbito laboral.
El 81,3 % de las excedencias por cuidados son asumidas por mujeres, frente al 18,7 % de los hombres. Los contratos a tiempo parcial por cuidados son solicitados en un 91,6 % por mujeres.
El sector de los cuidados, un sector feminizado, soporta unas condiciones de sobreprecariedad. Lo vemos claramente en la ayuda a domicilio, las educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, las auxiliares de geriatría y las trabajadoras de las plataformas digitales de cuidados y atención a las personas.
Vamos a la huelga en defensa de los servicios públicos. Defenderlos es esencial para alcanzar la igualdad de género, ya que su debilitamiento y privatización trasladan mayoritariamente el peso de los cuidados a las mujeres. Cuando la sanidad, la educación y la atención a la dependencia se privatizan, las labores de cuidados no desaparecen: se feminizan. Por ello, las mujeres dedican más horas al cuidado de menores y personas dependientes que los hombres. Las mujeres figuran mayoritariamente tanto como usuarias como trabajadoras de muchos de los servicios esenciales para la vida.
Vamos a la huelga a pararlo todo: parar los centros de trabajo, los transportes, el comercio y el consumo. Pero también vamos a la huelga por aquellas compañeras que, debido a su situación de trabajo «informal» en los cuidados, no podrán parar.
¡¡Por mí y por todas mis compañeras!!
¡¡11 de noviembre, huelga general!!
