El congresista del Polo Democrático y dirigente del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la radicación de un proyecto de reforma en la que se tipificaría el delito de obstrucción a la paz, que quedaría incluido en la Ley 599 del 2000 e incluye penas de hasta 15 años de prisión para quienes incurran en el delito.
El senador Iván Cepeda ha explicado que “esta reforma al Código Penal sanciona los ataques dolosos a procesos de paz, mediante el empleo de métodos criminales que busquen entorpecer cualquiera de sus fases, esto es la negociación, firma, implementación del Acuerdo o la reincorporación. Con esta propuesta NO se persigue la posición crítica que una persona o grupos políticos puedan tener sobre la construcción de la paz. Lo que se sanciona penalmente son los comportamientos dolosos que se realicen para entorpecer la paz y perpetuar la guerra”.
Según el senador, algunas de las conductas aplicables a este delito son:
1) homicidios y agresiones a excombatientes;
2) interceptaciones ilegales;
3) homicidios y agresiones a defensores de los derechos humanos y líderes sociales;
4) entrampamientos o montajes judiciales;
5) rearme y conformación de disidencias.
Además, este tipo de delito tendría agravantes como el hecho de ser funcionario público, quienes incurrirían en penas más fuertes, dado que la Constitución incluye como uno de sus pilares la garantía y el respeto por el derecho a la paz como un derecho fundamental.
El proyecto también busca que se respete el trabajo de las personas que, como facilitadores autorizados por el gobierno, adelantan en favor de los diálogos con organizaciones al margen de la ley y evitar que otras entidades, como ha sucedido en el pasado, quieran entorpecer esta labor a través de los seguimientos o interceptaciones de sus comunicaciones.
La iniciativa iniciará su trámite en el Congreso y se espera que la coalición del Gobierno nacional sea una de sus principales opositoras. Sin embargo, Cepeda hizo un llamado a las fuerzas progresistas, tanto en el parlamento como en los sectores de la sociedad para que se defienda este proyecto.
Uno de los antecedentes graves es lo recientemente dicho por la Corte Constitucional que declaró “estado de cosas inconstitucional, por el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo de Paz».
Este proyecto también busca garantizar la labor de representantes autorizados por el Gobierno, garantes y facilitadores para adelantar negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley, y así evitar – entre otras – la interceptación ilegal de sus comunicaciones.
“Mi propuesta es proteger la paz como un bien jurídico del más alto valor, así como a quienes participen en la superación de la guerra, y garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Constitución que define la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, ha manifestado Iván Cepeda.
