La Comisión Europea quiere convertir Frontex en el principal instrumento de la Unión Europea para controlar las fronteras y organizar las deportaciones. La propuesta presentada el 27 de octubre plantea ampliar hasta los 30.000 efectivos el cuerpo permanente de la agencia, dotarla de una fuerza de reacción rápida y permitirle participar en expulsiones entre países que no pertenecen a la UE. Una reforma que ha encendido las alarmas de las organizaciones de derechos humanos por el desequilibrio entre el aumento de las capacidades de vigilancia y expulsión y la falta de nuevas garantías para las personas migrantes.
La iniciativa, que todavía debe negociarse en el Parlamento Europeo y el Consejo, profundiza en una política migratoria que trata la llegada de personas como un problema de seguridad y convierte las devoluciones en una prioridad. En lugar de reforzar las vías legales y seguras para migrar, la protección internacional y los mecanismos de acogida, Bruselas apuesta por ampliar los recursos destinados a impedir entradas y ejecutar expulsiones.
Más agentes y deportaciones fuera de la UE
El plan prevé elevar los efectivos de Frontex hasta los 30.000, mediante una reserva europea de fronteras y retornos de 17.000 agentes, además de los efectivos nacionales que pueden incorporarse a las operaciones. También propone crear una fuerza de reacción rápida para intervenir en situaciones de crisis y un centro específico que coordine las deportaciones.
Una de las novedades más preocupantes es la posibilidad de que la agencia apoye operaciones de retorno entre países extracomunitarios. Esto permitiría que Frontex participase en expulsiones desde un tercer país hacia otro, siempre bajo acuerdos y con la obligación formal de respetar los derechos fundamentales y las normas internacionales. La medida abre la puerta a ampliar la externalización de las políticas migratorias europeas y a alejar todavía más las expulsiones de los mecanismos de control de la UE.
La reforma incorpora también un centro para vigilar contenidos públicos en redes sociales y detectar posibles amenazas relacionadas con las fronteras. La Comisión justifica estas medidas por la necesidad de anticiparse a situaciones de emergencia, tomando como referencia episodios como la llegada de personas a Ceuta. El resultado es una agencia con mayores capacidades operativas, tecnológicas y de vigilancia, incluida la posibilidad de adquirir herramientas digitales y de inteligencia artificial.
Las organizaciones de derechos humanos dan la voz de alarma
Amnistía Internacional ha advertido de que la reforma amplía las competencias, el personal y los recursos de Frontex sin reforzar proporcionalmente las obligaciones de transparencia y las garantías de derechos humanos. La organización considera que la posibilidad de participar en deportaciones entre terceros países aumenta el riesgo de que la UE termine siendo cómplice de vulneraciones cometidas fuera de su territorio.
La preocupación no parte de cero. Frontex acumula denuncias por su papel en operaciones fronterizas y por su relación con prácticas que ponen en peligro a personas migrantes y refugiadas. Organizaciones humanitarias han cuestionado, entre otras cuestiones, la cooperación con autoridades de países como Libia, donde se han documentado graves abusos contra la población migrante. En este contexto, ampliar las operaciones sin mecanismos efectivos de supervisión puede agravar los riesgos existentes.
También la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) ha criticado una propuesta que, a su juicio, refuerza la capacidad de rastrear, controlar y deportar a personas en situación administrativa irregular sin establecer salvaguardias más sólidas. La organización denuncia que la prioridad concedida a las expulsiones ignora tanto las realidades de las migraciones como las necesidades de las economías europeas.
El derecho a migrar no puede reducirse a un problema de seguridad
La reforma vuelve a situar el control migratorio en el centro de las prioridades europeas y destina más recursos a impedir la permanencia de personas en el territorio que a garantizar condiciones dignas de acogida. Sin embargo, migrar no convierte a nadie en una amenaza. Las personas migrantes conservan sus derechos fundamentales, con independencia de su situación administrativa, y los Estados deben respetar sus obligaciones internacionales, incluido el principio de no devolución cuando exista riesgo de persecución o malos tratos.
La cuestión no es únicamente cuántos agentes puede desplegar la UE, sino qué garantías tienen quienes quedan bajo su control y quién responde cuando se producen abusos. Las devoluciones, los acuerdos con terceros países y la vigilancia fronteriza no pueden quedar al margen de la rendición de cuentas ni servir para eludir las obligaciones de protección.
La propuesta de Bruselas avanza en la dirección contraria: más recursos para las fronteras y las deportaciones, con la promesa de que los derechos serán respetados, pero sin un refuerzo equivalente de los mecanismos que deben garantizarlo. El Parlamento Europeo y los gobiernos tendrán ahora que decidir si respaldan esta ampliación de poderes o si introducen límites efectivos para evitar que la política migratoria europea siga profundizando en la exclusión y la vulneración de derechos.
