Especulación, pelotazo urbanístico, corrupción, prevaricación continuada… El caso Marina Isla Valdecañas lo tiene todo. Es el mayor escándalo político de la historia reciente de Extremadura y esta semana volvía a salir a la palestra, pues el Tribunal Supremo sentenciaba que toda la urbanización de lujo debía de ser derribada, poniendo fin a casi dos décadas de impunidad.
La noticia, como no podía ser de otra forma, ha caído como un jarro de agua fría sobre los responsables políticos que han permitido esta aberración, pero también sobre los burgueses y oligarcas que se creían que por hecho de tener dinero podían levantar un resort de lujo en un paraje protegido de la región.
Son 130 hectáreas a sólo 164 kilómetros de Madrid. Con 185 villas de lujo ilegales, un hotel de cuatro estrellas ilegal, campo de golf de 18 hoyos ilegal, playa privada y un club náutico con 76 atraques ilegales. Todo es ilegal, sentencia tras sentencia así lo ha determinado y tras la última resolución del Supremo parece que al fin se hará justicia.
HISTORIA DE UNA IGNOMINIA
Todo comienza en 2006. Eran los últimos años de Rodríguez Ibarra y hacía tiempo que gobernaba devolviendo favores a los amigos con el único objetivo de dejar el terreno preparado de cara al retiro dorado que le esperaba. La Junta de Extremadura, en Consejo de Gobierno, aprueba la realización del proyecto, presentado pomposamente como complejo turístico, de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas. Pero, sin duda, el guiso se viene preparando desde hace tiempo, al más alto nivel, y la mejor prueba es que la empresa promotora se constituyó en Sevilla tres años antes, el 22 de enero de 2003.
El movimiento ecologista y la izquierda política alertan desde el primer momento sobre la manifiesta ilegalidad del proyecto, pero el gobierno extremeño no solo ignora sus denuncias sino que pisa el acelerador. Los años pasan y continua la construcción del resort de lujo. Pese a ser ilegal, cuenta con el apoyo de los que mandan en la región. Politicuchos del régimen que lo único que saben es vender esta tierra a los ricos y a los intereses ajenos.
La explicación de esta ignominia se encuentra mirando los apellidos de los burgueses que compraron las villas de lujo: José María Aznar Botella, hijo de quienes fueran presidente del gobierno y alcaldesa de Madrid, hombre fuerte de Cerberus, uno de los grandes fondos buitre estadounidenses que entró en el mercado inmobiliario español para hacerse con miles de viviendas que los bancos habían arrebatado a las familias desahuciadas. Y junto a él, decenas de figuras vinculadas a la nobleza, a la banca o al mundo del espectáculo y del deporte. Apellidos como Milans del Bosch o Vega-Penichet, cantantes como Carlos Baute, los nietos del Marqués de Mondéjar (ex jefe de la Casa Real) o directivos de grandes empresas como el Banco Santander, Rotschild, Telefónica, Julius Baer, Bank of America, Pitctet, Credit Suisse, UBS, PwC, CBRE o Johns Lang Lasalle, son algunos de los moradores de esta urbanización ilegal.
NO BAJAR LA GUARDIA
Es por esta gentuza por la que esté proyecto ha llegado hasta donde ha llegado y es por la dignidad del pueblo extremeño por la que ahora se tendrá que demoler. Esta sentencia no debe hacernos cejar en la vigilancia y la lucha, pues no ha tardado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en afirmar que el problema de la región es “la enorme cantidad de espacios protegidos”. Este inútil al servicio del capital sabe perfectamente que esa no es la cuestión, pues comunidades autónomas como Canarias (77%) o Madrid (41%) tienen más porcentaje de áreas protegidas que Extremadura (34%).
Intentarán darle la vuelta a la sentencia, recurrirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, presionarán, dirán que si se tira tendrá que pagarse con dinero público, sobornarán de nuevo a quien tengan que hacerlo – incluido la Junta, el PSOE y el PP-, pero solo cabe la demolición completa de la urbanización de lujo. Esto es muy sencillo: o vemos a los ricos llorar o no habrá justicia.
PRINCIPALES HITOS JUDICIALES SOBRE MARINA ISLA DE VALDECAÑAS:
-Marzo de 2009: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el decreto de ciudades mixtas (una justificación para poder instalar determinadas infraestructuras sanitarias en la isla de Valdecañas).
-Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes (Ecologistas en Acción y Adenex) no pudieron paralizar cautelarmente las obras de urbanización.
-Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx.
-Enero de 2019: el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determina que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacan la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.
-Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.
-Junio de 2020: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta ejecución de sentencia: se demolerá todo lo que está a medio construir y se mantendrá lo terminado por “imposibilidad material” de demolerlo.
-Febrero de 2022: el Supremo dicta la demolición de todo lo construido en el complejo turístico.
Artículo recomendado de Manuel Cañada, publicado en El Salto en diciembre de 2019: Valdecañas: corrupción estructural
