Uno de los mayores riesgos que hoy afronta la política española es la normalización de la extrema derecha. A medida que se repiten las barbaridades pronunciadas en los medios de comunicación y en la tribuna del Congreso, nos acabamos por acostumbrar a la difusión de bulos y la generalización de insidiosas descalificaciones sobre sectores enteros de nuestra sociedad. No deberíamos dejarnos llevar por la indiferencia. Las mentiras afectan al derecho a una información veraz, sin duda, pero sobre todo atacan a la dignidad, a la convivencia y al respeto mutuo.

No lo olvidemos, no es simple retórica. Cada vez que se vincula delincuencia e inmigración se insulta a centenares de miles de menores con los que nos cruzamos cuando pasamos a recoger a nuestros hijos en el colegio. Cada vez que se clama contra los privilegios de los inmigrantes, un trabajador, nuestro igual, aumenta su vulnerabilidad frente a quienes se aprovechan de tener la sartén por el mango. Cada vez que se difunde el sibilino discurso de odio muchas personas se pensarán mucho si acudir al hospital o a una comisaría para denunciar que han sido víctimas de un delito. El racismo provoca mucho dolor y envilece todo lo que envuelve.

Hoy hemos asistido a una batería de lo que mejor sabe hacer VOX: la denigración sistemática de la inmigración y la diversidad. Se han debatido en el Congreso de los Diputados dos iniciativas de su grupo parlamentario para dificultar el acceso a la nacionalidad española y revocarla una vez obtenida, y otra para acabar con la concesión de visados a cuatros países del norte de África. Poco importa la regulación concreta que se propone o que las propuestas sean rechazadas por una amplia mayoría. El objetivo se cumple al conquistar un nuevo altavoz para el discurso excluyente y demagógico. Algunas perlas de su argumentación son realmente sorprendentes.

Con la primera iniciativa se pretende modificar el régimen jurídico de la nacionalidad para garantizar “un vínculo de lealtad y de compromiso político con el pasado, el presente y el futuro de la nación española”. O sea, que sólo podrán superar el trámite quienes piensen o, lo más probable, fueran capaces de repetir como loros el rancio discurso españolista de la extrema derecha. La ridiculez de semejante pretensión se concreta con la reforma del Código Civil para aumentar de diez a quince años el plazo de residencia legal necesario para poder solicitar la nacionalidad. En el caso de las personas casadas con un español o española se les doblaría también el plazo que rige en la actualidad. Esto hay que explicarlo a las numerosas parejas mixtas que existen hoy en España. En vez de simplificar un procedimiento ya de por sí farragoso y lento, la ocurrencia de VOX es complicarles más la vida en aras de la defensa de la hispanidad.

No podía faltar la alusión a los antecedentes penales de quienes pidan la nacionalidad española, algo innecesario porque es un requisito que ya existe, pero es evidente que no se quería perder la oportunidad de seguir difamando. El portavoz de la formación xenófoba en esta iniciativa, Francisco Contreras, ha ocupado la mitad de su intervención con una enumeración de supuestas estadísticas y graves delitos, lo que evidencia la intencionalidad de introducir un gancho para seguir hablando de lo que siempre habla.

A la vez, VOX ha propuesto introducir para los inmigrantes que quieran ser españoles una “prueba escrita de conocimientos constitucionales, históricos y culturales de España”. Puestos a exigir requisitos y pruebas de aptitud no estaría de más someter a dicho examen a sus señorías de la extrema derecha. La culminación de las medidas propuestas es una ampliación discrecional de la pérdida de nacionalidad con la exigencia de buena conducta, lo que permitiría deshacer las concesiones ya hechas y establecer una especie de ciudadanía de segunda sometida a la permanente espada de Damocles de la revisión de su estatuto.

Una segunda iniciativa pretende suspender la concesión de visados a todos los ciudadanos de países “emisores de emigración ilegal como Marruecos, Argelia, Túnez y Mauritania”. Así, sin más, sin ningún tipo de diferenciación sobre la situación en la que se encuentren las personas o los motivos de solicitud de visado. La razón de añadir Túnez y Mauritania junto a Marruecos y Argelia, países con un escaso número de inmigrantes en España, tiene difícil explicación, incluso desde los estrechos marcos de argumentación de la extrema derecha. La medida estaría vigente hasta que estos países readmitieran a todos los inmigrantes ilegales devueltos por España.

Tan drástica venganza la pagarían sus ciudadanos y se justifica con afirmaciones como “nuestro país se enfrenta a un colapso migratorio imposible de gestionar por nuestra ya maltrecha economía”, nos enfrentamos a “una auténtica invasión organizada”, “el gobierno alojó a los inmigrantes ilegales en hoteles de cuatro estrellas”, “muchos vienen a cobrar subsidios” o la inmigración ilegal supone “un peligro para la seguridad nacional española”, en especial con la infiltración terrorista.

Ante la sarta habitual de insinuaciones, medias verdades y agresiones verbales, todas ellas desde una supuesta impugnación de las élites y del “impulso progre”, no se puede permanecer callado. Es necesario reivindicar el sentido común y los hechos. Los principales centros de análisis económico han constatado el positivo impacto económico de la inmigración. Cualquiera puede comprobar el dramatismo de las condiciones de llegada de los inmigrantes y las numerosas muertes en la travesía que nos conmueven de forma periódica. Y no hace falta reflexionar mucho para llegar a la conclusión de que un terrorista utilizará cualquier vía legal si pretende llevar a cabo una acción de impacto. Denigrar no les puede salir gratis a quienes medran sobre el miedo y la confusión.

Muchas mujeres del servicio de limpieza del Congreso, en su mayoría de origen inmigrante, comentan con sorpresa lo educados que son los “señores de VOX”. Sin duda, el miedo que provocaba su fama contrasta con una hipocresía generalizada. Es la actitud del maltratador que pretende guardar la compostura de cara a la galería. Bien se preocupan por citar a una escritora somalí o de presentar de vez en cuando a algún inmigrante en sus filas.

Pero no engañan a nadie. El verdadero rostro de la extrema derecha es el que promueve medidas como la que se incluyen en las iniciativas debatidas hoy en el Congreso. Más trabas, más burocracia, ocurrencias para explotar su discurso de odio, ensañamiento con los más débiles, cobardía y encubrimiento vergonzante. Una vez más tenemos que repetir “no toquéis a mi gente”.

(*) Mauricio Valiente Ots es coordinador de IU en el grupo parlamentario de UP.

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