El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de la suspensión de desahucios y prohibición del corte de suministro eléctrico, medidas que forman parte del «escudo social» surgido durante la pandemia de COVID-19, varias veces prorrogado durante los últimos meses. Así, las familias vulnerables sin alternativa habitacional podrán contar con un hogar al menos hasta el 30 de septiembre, y con suministros de luz, agua y gas hasta el 30 de junio.

En el tercer trimestre de 2021, se alcanzaron más de 8.000 desahucios. Esta implementación generalizada del desalojo cautelar prima el derecho de propiedad sobre el derecho a la vivienda, y la propiedad de los grandes capitalistas frente a los desposeídos y desahuciados. El Gobierno ya decretó en marzo de 2020 la paralización de los desahucios de familias vulnerables, y lo vuelve a hacer ya que la última prórroga antidesahucios tendría como fecha de fin el 28 de febrero.

Ione Belarra, Secretaria General de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, apostó por la prohibición del corte de suministros razonando que «mucha gente respiraría hondo y estaría mucho más tranquila que lo que se está viendo hoy, que es que tiene que decidir si pone el aire acondicionado, la calefacción o cuándo cocina o pone la lavadora».

Estas medidas sociales se unen a la nueva Ley de Vivienda, impulsada desde Unidas Podemos y aprobada el pasado 1 de febrero, que establece entre otras medidas la suspensión de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, para que nadie se quede en la calle y cuente con un hogar digno y asequible. Estas medidas, que mejoran la vida de los y las trabajadoras en situación de vulnerabilidad, no han estado exenta de confrontación, entre ellas la de la ultraderecha defensora de los bancos.

Enrique Santiago, Secretario General del PCE y Secretario de Estado para la Agenda 2030, ya afirmó el pasado mes de mayo que “cuando lo que toca es garantizar por ley el derecho a la vivienda digna frente a la especulación y la carestía, VOX trae al Congreso propuestas para defender los beneficios de inmobiliarias y bancos”.

/ Redacción MO