El 3 de febrero se convalidaba el decreto de la nueva reforma laboral, in extremis, por la mínima y con un intento de tamayazo de la derecha y la ultraderecha. El 9 de febrero la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba el acuerdo con CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a los 1.000 euros mensuales, repartidos en catorce pagas.
Hemos visto una furibunda oposición de la derecha y la ultraderecha, así como numerosas críticas de algunos sectores de la izquierda que consideran que se trata de un “maquillaje”, que es “humo” o que los avances son “muy pocos” e “insuficientes”. No se trata de esconder los límites o los aspectos no tratados en la reforma, en estos momentos lo importante es explicar cuál es su calado y qué significa en avances para la clase trabajadora como herramientas legales para mejorar las condiciones laborales y propiciar la sindicalización, más allá de las clásicas declaraciones parlamentarias muy marcadas por distintos intereses partidarios y electorales.
Los que afirman que no se ha tocado la indemnización por despido deberían preguntarse cuál era la cantidad en el caso de los diferentes tipos de contratos temporales que afectan a más de un 30% de la clase trabajadora. De ninguna a doce días por año. Con la conversión de contratos temporales en indefinidos se va a poder equiparar a millones de trabajadores, al tener acceso a los 20 días por año en caso de despido procedente o 33 en caso de improcedente. ¿Debemos caer en el aspecto económico del coste del despido como lo más importante o más bien de lo que se trata es de extender la contratación indefinida y con derechos, reforzar la negociación colectiva y evitar los despidos con la implantación de los ERTE como ha ocurrido en la pandemia?
Se generaliza el contrato indefinido frente a la precariedad
No se puede frivolizar sobre las “nulas” consecuencias o la supuesta “poca importancia” de la generalización de la contratación indefinida entre importantes sectores de la clase trabajadora (especialmente la juventud, la mujer y la inmigración) que jamás han tenido estabilidad ni acceso a los contratos fijos y que siempre han estado sometidos al chantaje de la patronal con la amenaza de la finalización de sus contratos. En este sentido, los datos de contratación indefinida durante su primer mes de vigencia, con la cifra récord de 238.672 contratos que significa pasar de un 9% a un 15% en el mejor mes de enero de la historia, muestran los primeros efectos positivos de la reforma entre la clase trabajadora.
En su contundente discurso en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz expuso una de las principales razones de la reforma en favor de las personas trabajadoras: “La contratación indefinida es ya la norma en nuestro país. Y la contratación temporal deberá estar plenamente justificada». Como bien explicó, lo que se discutía y validaba era que “ocho millones de contratos pasarán a ser estables, ocho millones de personas que se merecen un trabajo decente”.
Esta reforma causaliza la contratación temporal y la restringe a situaciones muy concretas, limitando el contrato de obra y servicio y el de formación, además de penalizar duramente los contratos de corta duración. Asimismo, refuerza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar la contratación temporal. Muchas empresas encontraban rentable defraudar, pues la multa era única. Ahora los infractores deberán afrontar multas de hasta 10.000 euros por cada persona contratada irregularmente.
Otra de las medidas clave de la reforma es el reforzamiento de la posición de la clase trabajadora y los sindicatos en la negociación colectiva para avanzar y garantizar los derechos, recuperando la ultraactividad, la prevalencia de los convenios sectoriales y la de los convenios de empresa o sectoriales en los casos de subcontratación. Esto va a suponer, y ya está suponiendo en la práctica, significativos aumentos salariales, contratos indefinidos y mejoras laborales en los sectores de la clase obrera condenados durante décadas a la precariedad y los bajos salarios al pasar a estar regulados por sus convenios sectoriales o por la prevalencia salarial del convenio de su sector, sobre todo para los más golpeados por la temporalidad, la subcontratación y los efectos de los nefastos convenios “multiservicio”. Con subidas salariales que, por ejemplo, pueden ir desde los 2.500€ anuales para las kellys a los 5.300€ en la hostelería o hasta los 7.500€ para los transportistas, dependiendo del convenio y del territorio donde trabajen.
La reforma también ha introducido una sustancial mejora, que es una novedad, al integrar los ERTE en la nueva ley como forma de salvaguardar los puestos de trabajo dando protagonismo a los sindicatos para frenar los despidos por la vía de la negociación colectiva y con la administración pública, atacando las causas y no atenuando las consecuencias cuando el despido es un hecho. La legislación laboral normaliza así este mecanismo de protección social que en plena pandemia ha salvado a 550.000 empresas y 3,6 millones de trabajadores (de los que el 97% han vuelto a su puesto de trabajo) frente a los solo 33.000 trabajadores afectados por los ERTE y los millones de despidos y miles de ERES que desolaron a la clase trabajadora con cifras dramáticas que llegaron a sobrepasar los seis millones de parados en la pasada crisis financiera, especialmente durante el gobierno de Mariano Rajoy.
¿Divisiones en la patronal?
Hay que aprovechar que esta reforma ha reforzado las posiciones de clase y cohesionado a gran parte del movimiento sindical, especialmente de los grandes sindicatos CCOO y UGT, gracias al aporte esencial de la militancia comunista, de la izquierda y por nuestra presencia en el gobierno. El acuerdo de la reforma laboral ha dividido como nunca a la patronal, ya que en todos sus contenidos cuestiona las políticas empresariales y las sitúa como las causantes de la enorme precarización y del dumping salarial, de las prácticas fraudulentas y de los abusos.
Las fisuras en el seno de la CEOE y la CEPYME han sido patentes y han dejado ver importantes grietas. De un lado, los sectores más pragmáticos que, aun no siendo partidarios del gobierno, prefieren situarse tácticamente en los acuerdos para influir en su aplicación, además ser conscientes de quién va a gestionar los fondos europeos y, por lo tanto, a tener mayores facilidades para acceder a ellos. Del otro lado, los sectores más reaccionarios, vinculados política e ideológicamente a la derecha y la ultraderecha e instalados en el modelo neoliberal basado en la precariedad, la temporalidad y las prácticas más salvajes de la explotación capitalista. Las contradicciones que debilitan a la patronal deben ser aprovechadas para tener mejores oportunidades de cara a organizar a la clase obrera y avanzar en derechos.
La derecha y la patronal contra las subidas del SMI
La derecha, la extrema derecha y la mayor parte de los medios del régimen, encabezados por uno de los azotes del gobierno en las instituciones, el Presidente del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, siempre se han puesto en contra de los incrementos del SMI (incluso votando en contra en la UE) y los ha confrontado con la creación de empleo, cuando todos los datos les han quitado la razón, especialmente en estos últimos meses, ya que se ha superado el nivel de empleo de antes de la pandemia con la creación de 776.000 puestos de trabajo en 2021, dato que representa el mayor aumento desde 2005.
Mientras la reforma laboral sí fue acordada con la CEOE y CEPYME, el incremento del SMI ha sido rechazado de plano por los empresarios (como ya sucedió con el anterior aumento), también para tapar sus heridas internas por la firma de la reforma laboral. La patronal todavía no se ha sentado con los sindicatos para negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el acuerdo marco que sirve de referencia para las empresas y los trabajadores a nivel estatal. Además ya empiezan a visualizarse las resistencias a aplicar las mejoras de la reforma laboral en materia salarial por la prevalencia de los convenios sectoriales.
En el caso del SMI, el objetivo de los sindicatos acordado con el gobierno es situarlo en 2023 en el 60% del salario medio para cumplir el acuerdo del programa del gobierno de coalición y el mandato de los ministros de Trabajo de la Unión Europea.
La estabilidad facilita la participación sindical en los centros de trabajo
Comenzó este año con varios retos importantes para la clase obrera, el sindicalismo de clase y la izquierda en materia laboral y social. Se han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado expansivos y muy sociales, van a llegar miles de millones de euros de los fondos europeos (PERTE) que deben servir para cambiar nuestro modelo económico y productivo que potencie el sector industrial, la generación de empleo de calidad y una transición ecológica justa y se ha convalidado el decreto ley de la reforma laboral que va a situar al movimiento obrero a la ofensiva en las empresas, los sectores y la negociación colectiva en torno al empleo indefinido y con derechos, los incrementos salariales y del SMI.
Hay quien valora poco las consecuencias de la reforma laboral y olvida que con las enormes conversiones de contratos temporales en indefinidos se facilita que millones de personas puedan organizarse sindicalmente en los centros de trabajo, sobre todo las mujeres, los jóvenes y los migrantes. Con un contrato temporal es casi imposible presentarse a elecciones sindicales, afiliarse u organizar secciones sindicales con garantías, entre otras cosas porque eso puede significar la no renovación de su contrato. Un contrato indefinido garantiza mucha más protección legal, ya que para una empresa es muy difícil despedir a un representante sindical con contrato indefinido, entre otras cosas porque la opción de reingreso es del trabajador en caso de ganar la denuncia, siendo miembro del comité de empresa o delegado LOLS.
En plena subida inflacionista el poder adquisitivo de los salarios es una importante batalla para recuperar derechos. Hay que romper la dinámica perversa que impuso el neoliberalismo, sobre todo en esta última década, para acabar con la enorme transferencia de rentas del trabajo al capital mediante la devaluación salarial, el incremento de los precios y la precarización de las condiciones de trabajo. Uno de los objetivos estratégicos de la reforma laboral es tener mejores herramientas para organizar, sindicalizar y elevar la conciencia de clase desde lo económico e inmediato en las empresas a lo político en la sociedad.
