Un nuevo escudo social verde y feminista

Se blinda la protección del empleo prohibiendo el despido motivado por el impacto económico de la guerra en aquellas empresas que reciban ayudas
Foto: Tomás Castelazo / CC BY-SA 3.0

Diciembre de 2013. Se alcanza una tasa récord de paro de mujeres, con un 26,5%. Casi 3 millones de mujeres han perdido su empleo o nunca llegaron a tenerlo, aunque lo buscaran activamente.

Diciembre de 2021. Todavía con una pandemia mundial asolando la economía del país, en España hay 1,4 millones paradas menos que en la anterior crisis.

Hay dos formas de gestionar las crisis. La de las derechas, en las que siempre pierden quienes menos tienen, o la de protección de las trabajadoras y los trabajadores a través de un escudo social, que permite situar la salida de la crisis del lado de los más vulnerables.

Con esta premisa el Partido Comunista de España, a través de Unidas Podemos, ha afrontado la negociación del Real Decreto del Plan de respuesta ante el impacto de la guerra, cuya aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado martes, vuelve a situar a nuestro país del lado de quienes gestionan la crisis desde la protección de las trabajadoras y los trabajadores y no desde las políticas de recortes. Gracias al trabajo de los y las comunistas y del conjunto del espacio político del que formamos parte, el escudo social, verde y feminista, vuelve a desplegarse.

Para proteger el empleo

La aplicación de medidas de protección del empleo -como los ERTE-, algunas restricciones al despido, y actuaciones para dotar de liquidez a las empresas -como la financiación avalada por el ICO- ha revertido la histórica tendencia de la economía española de destrucción de empleo en contextos de caída del PIB.

Según las estimaciones del equipo de economía de Izquierda Unida, si no se hubiesen desplegado las medidas del escudo social, la caída del PIB producida entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2021, habría arrojado una destrucción de empleo superior a lo estimado por el Ministerio de Hacienda. Habría ascendido a los 2,9 millones de puestos de trabajo, frente a los casi 300 mil efectivamente perdidos, a los que habría que sumar casi 448 mil en situación de ERTE.

Con las medidas aprobadas, una vez más, la protección del empleo se blinda prohibiendo el despido motivado por el impacto económico de la guerra para todas las empresas que reciban cualquier tipo de ayuda. Los ERTE seguirán salvaguardando el tejido productivo, los salarios y a las familias. El modelo de ERTE es el establecido por la nueva reforma laboral y se hará seguimiento de los sectores más afectados.

Para las familias más vulnerables

Incremento máximo de alquileres. El Real Decreto-ley establece la desvinculación del IPC de los precios del alquiler permitiendo un incremento máximo. Durante los próximos tres meses, el incremento de los arrendamientos no podrá superar el 2% del precio fijado en el contrato previo. Es decir, un alquiler de 800 euros podría subir como máximo 16 euros mensuales, lo que supondría 192 euros anuales.

Se incrementa un 15% el Ingreso Mínimo Vital, un aumento que podría alcanzar los 140€ más al mes para una familia con dos menores. Para una familia formada por un adulto y dos menores que cobraría 787 euros, supondría un importe adicional de 118 euros en los próximos 4 meses. Para una familia de adulto y tres menores que cobran 934 euros, supondría 140 euros adicionales de abril a julio.

El bono eléctrico social se extenderá a otras 600.000 familias, con lo que llegará a casi dos millones de hogares. Se mejoran determinados elementos del bono social al prorrogarse este hasta junio de 2022 y establecerse un nuevo bono social con mayor alcance.

Bajada de la factura de la luz. En el marco de la excepción ibérica, España y Portugal proponen topar el precio del gas en 30 euros para abaratar la luz.

Escudo verde…

Las medidas para limitar el precio del gas a 30€ supondrá dar más aire y más fuerza a las energías renovables. En la medida que el precio de la energía tenga más que ver con el coste real de su producción y no con el mercado marginalista y la especulación de los mercados, se facilitará la transición energética.

…y feminista

Ahora más que nunca las políticas de igualdad deben ser políticas de Estado, que salvan vidas y que permiten equilibrar las desigualdades y evitar así que una nueva crisis profundice todavía más en las brechas de género que con tanto esfuerzo estamos intentando suturar. Para ello se despliega un escudo feminista que mira con especial atención a las víctimas de trata y explotación sexual.

Acreditación de las víctimas de trata y explotación sexual. En la crisis derivada de la invasión de Ucrania, el desplazamiento masivo de mujeres, niñas y niños lleva aparejado un riesgo de trata con fines de explotación sexual, alertado por diversos organismos internacionales. Por ello se requiere poner en marcha medidas adicionales, adaptadas al actual contexto, para la efectiva detección de posibles víctimas, así como mecanismos de acceso a los derechos reconocidos en el artículo 12 del Convenio de Varsovia, a través de instrumentos ágiles de acreditación, no dependientes de la identificación policial. Y en el caso de cumplir los requisitos, el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

Régimen gratuito de cuentas bancarias para personas vulnerables. Se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. Se modifica el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, a los efectos de eximir de los requisitos de acreditación de insuficiencia de ingresos económicos y patrimonio a las víctimas de trata o explotación sexual y posibilitar un acceso rápido a las ayudas a las que tengan acceso.

Ampliación bono social a familias monomarentales. Se amplía el bono social eléctrico para las familias monomarentales, que son el 13,2% de los hogares en situación de pobreza, y las mujeres víctimas de violencia de género. Estos hogares experimentan las tasas de riesgo de pobreza relativa más altas por tipo de hogar, el 38,9% en 2020 frente al 26,4% de media. El 80% de las mujeres que lideran familias monomarentales ha visto empeorar su situación laboral y económica con la pandemia y la actual crisis les impacta con mayor fuerza, por lo que esta medida protege especialmente a este modelo de familia.

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