Que la Comunidad de Madrid es un auténtico laboratorio de pruebas de las políticas neoliberales más desmelenadas y salvajes no es ninguna novedad, no en vano Madrid es la Comunidad más rica del Estado y la que menos gasto sanitario tiene por habitante, pero con Ayuso, el descaro con el que estas políticas se defienden y abanderan no deja de sorprender. Hace tan solo unos días, cuando en Bruselas el gobierno central se encontraba negociando -al alimón con Portugal- un tope al precio del gas que parase la brutal escalada del precio de la energía, la presidenta madrileña se despachó con un escueto “todo lo que no sea bajar impuestos es perder el tiempo”.

Así de simple, mientras nosotras intentamos explicar el sistema marginalista de fijación de precios que impone Europa, los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y de dónde vienen, la especulación, el oligopolio y bla, bla (en este punto ya habremos consumido al menos treinta y cinco minutos y las personas que nos escuchen y aún no se hayan distraído empezarán a hacer mentalmente la lista de la compra) esta señora con una sola frase sencilla ha defendido todo su programa político, y lo que es peor; todo el mundo lo ha entendido perfectamente.

¿Cómo competir con eso? Y ojo, que es importante hacerlo cuanto antes porque la derecha está pisando el turbo donde tiene posibilidad, y la política de tierra quemada la tienen perfectamente dominada. Ayuso, después de no se capaz la pasada legislatura de aprobar ni una ley (recordemos que la Ley del suelo, que fue su único intento antes de devorar a Ciudadanos, está recurrida en el Constitucional) y tras aprobar la Ley de Presupuestos para 2022 y un par de leyes carentes de mucho contenido real pero a las que simbólicamente solo les faltan una foto de Hayek y otra de Friedman en los preámbulos, ha apretado el acelerador y por sorpresa en mitad de las pasadas navidades, incluso intentando recortar los tiempos legales para hacer alegaciones, inició los trámites para aprobar bajo el paraguas de una ley Ómnibus nada menos que la modificación de treinta y tres leyes, cinco decretos y quince disposiciones legales.

Bajo el título “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid” (¡impulsar la economía y modernizar la administración! otra vez algo que todo el mundo entiende y ¿a quién le puede parecer mal?) en realidad se esconden decenas de medidas privatizadoras y desregulatorias que afectan a cuestiones tan fundamentales y dispares como sanidad, servicios sociales, transportes urbanos, carreteras, medio ambiente, urbanismo, juego, hacienda, tributos, estadística, policías locales, agentes forestales, menores, fundaciones, transparencia, e incluso el sistema de elección de la Cámara de Cuentas, y esta última es probablemente la que muestra más a las claras la falta de complejos de la derecha madrileña y la hipocresía de la ultraderecha que les acompaña. Pretenden modificar el sistema de elección de los consejeros del órgano de fiscalización del gobierno autonómico y sus empresas públicas de modo que lo puedan controlar totalmente y sea imposible la elección de miembros propuestos por la oposición, utilizando el mismo sistema que se propuso para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que el PP denunció ante la Unión Europea por poco democrático. Es decir, entre quienes tendrían que investigar los contratos del hermano de la presidenta, por poner un ejemplo, no habrá ni un solo crítico.

En cuanto a la hipocresía de la ultraderecha, esta misma semana los ultras proponían disminuir el número de diputadas y diputados del Parlamento autonómico para, según ellos, “eliminar gastos superfluos e insostenibles”, pero no han dicho ni pío de los 502.782,60€ que se van a dedicar a pagar a los cuatro consejeros nuevos que se suman a los tres que hasta ahora había, cada uno de los cuales cobrará más que el presidente del Gobierno.

Construir una casa sin paredes ni vigas

Y así, en cuarenta y dos artículos, lo que no se encuentra es ni uno solo que hable de aumento de trabajadores y trabajadoras, o de mejora de su capacitación y formación, ni de tecnología nueva o software específico, cosas que serían lógicas para “modernizar la administración”. Tampoco existen medidas de reindustrialización, ayudas a Pymes o autónomos, nada referente a modelo productivo, es decir que de “impulsar la actividad económica” también más bien poco.

Sin embargo pocas seremos quienes se lean las doscientas páginas del texto y la mayoría social pensará que es una ley para modernizar la administración e impulsar la economía. Nunca se debe menospreciar al enemigo y a veces incluso se puede aprender de él. Quizá la próxima vez que vayamos a hablar sobre el precio de la energía debamos empezar con un sencillo “todo lo que no sea meter mano a los beneficios del oligopolio es perder el tiempo”.