Una parte de la mayoría parlamentaria que se ha venido conformando desde el inicio de la legislatura para impulsar las políticas más progresistas de la acción de gobierno ha salvado, con un ajustado resultado en la votación en el Congreso este 28 de abril, el decreto que recoge las políticas para combatir los efectos económicos y sociales que ha provocado el conflicto en Ucrania.

Son las medidas ya conocidas que se han aprobado en los dos últimos meses para hacer frente a una conmoción que tendrá efectos duraderos. Destacamos que sólo una parte, porque varios grupos parlamentarios de la izquierda y nacionalistas, el más significativo ERC, han decidido votar en contra. La razón argüida es de peso, una desconfianza que ha enrarecido el ambiente del Congreso de los Diputados las últimas semanas: el espionaje con Pegasus a líderes independentistas, abogados, periodistas y sus allegados.

Sobre los contenidos había pocas dudas. Desde la rebaja del combustible al incremento de un 15% del Ingreso Mínimo Vital, pasando por la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, que impedirá subidas superiores al 2%, o la extensión del bono social eléctrico para 1,9 millones de hogares. Medidas fiscales como la reducción del IVA al 10%, del Impuesto de la Electricidad al 0,5% y suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se prorroga también el límite al crecimiento de la tarifa de gas para hogares y PYMES en las próximas revisiones. Y se establecen ayudas para el sector agrario y pesquero por un total de 430 millones de euros, para la industria electrointensiva y gasintensiva por un total de 488 millones de euros y al sector del transporte de 1.000 millones de euros, que incluye 600 millones de euros para bonificaciones al precio del combustible.

UN SEGUNDO ESCUDO SOCIAL

Para proteger el empleo del impacto de la crisis generada por la guerra, en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas de este plan para compensar el aumento de los costes energéticos, no se podrá alegar causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Asimismo, se contempla en distintos sectores aplazamientos especiales de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5%, siete veces inferior al habitual. Se trata, en definitiva, de un segundo escudo socialque se superpone en gran medida al desplegado para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

Un aspecto imprescindible del decreto es la inclusión de un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros en el año 2022 para la acogida de personas refugiadas procedentes de Ucrania, una cruda realidad que está superando todas las experiencias pasadas en la cicatera historia del derecho de asilo en España. La crítica bien fundada del tratamiento desigual al resto de los colectivos nacionales que buscan protección en España no se traduce en una petición de reducción de esta partida sino en su extensión y aplicación general.

Los que han votado en contra del decreto convalidado hoy, me refiero obviamente al ámbito de la izquierda, no lo han hecho por el contenido de estas medidas o por su finalidad, sino por un clima de desencuentro y desconfianza en gran medida justificada. De hecho, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha suscrito con la izquierda nacionalista la petición de una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus. Por ello destaca con mayor fuerza la actitud de grupos como EH-Bildu que, aún siendo víctimas de las prácticas denunciadas, ha votado a favor de un texto que se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá el mantenimiento de este escudo social, su ampliación y la corrección de medidas como la regresión medioambiental que supone la autorización exprés de las renovables, al eliminar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de determinadas instalaciones, que se había colado sin el necesario debate previo.

La derecha no ha dudado. Siguen oponiéndose a las medidas de protección de la mayoría social de este país, a pesar de que lo pretendan ocultar con su demagogia a raudales. El proceso de estas semanas y la votación de hoy refuerzan la lección de cuál es el camino a seguir, el único camino para protegernos del impacto de la crisis y salvaguardar derechos.

La tentación del PSOE de prescindir de la mayoría parlamentaria progresista y pactar con el PP lleva a un callejón sin salida. Por otro lado, la división sólo refuerza a quienes quieren paralizar los avances democráticos y sociales. Hay que reconstruir puentes para impulsar el acuerdo programático de legislatura. Este es el camino que con la movilización social permitirá hacer frente a las consecuencias de la crisis y al auge de la extrema derecha.

(*) Mauricio Valiente Ots es coordinador de Izquierda Unida en el grupo parlamentario de UP-ECP-GC

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