El gobierno ha aprobado una nueva Ley de Memoria Democrática. La norma ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y enviada al Senado donde esperamos se apruebe también, para que pueda implementarse. Esta nueva ley era una necesidad histórica, y supone un avance enorme desde la de Zapatero de 2007, recogiendo la mayoría de propuestas del movimiento memorialista. Una ley imprescindible para superar históricamente una guerra civil y una represión franquista, cuya profunda herida en este país ha ido pasando sin fin de padres a hijos, debido a una democracia que impuso el olvido histórico y la convivencia durante años con la impunidad del franquismo.
Era reclamada por un sector muy amplio de la sociedad, por el movimiento memorialista y los partidos políticos de izquierda, e incluso por la ONU, puesto que el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación les fue siempre negado a las víctimas del franquismo, y por ello es una verdadera asignatura pendiente de la democracia española, que los indignantes pactos de la Transición impidieron resolver.
Han pasado quince largos años desde la ley anterior, y existía preocupación, después de mantenerse meses en los cajones de Moncloa tras haber sido pactada entre PSOE y UP. Y sin Unidas Podemos en el Gobierno, camaradas, esta ley no se hubiera aprobado nunca. Sin los aportes importantísimos de IU recogidos en el periodo de tramitación, tampoco hubiera quedado tan completa.
Se ha dado con firmeza la batalla, y se ha logrado todo lo que se podía lograr con la correlación de fuerzas existente en Gobierno y parlamento. El balance es muy positivo, y aunque esta ley era para antes de ayer, históricamente es imprescindible. La memoria democrática, como política pública, por fin comienza su proceso de construcción y consolidación en nuestro país.
La ley de Amnistía no será un obstáculo para la investigación de los crímenes del franquismo dado que el derecho internacional que España ha firmado y forma parte del derecho interno no admite la prescripción de los delitos ni la amnistía en los casos de crímenes de lesa humanidad como son los crímenes de la dictadura.
Algunos puntos positivos de la ley: 1) Condena el golpe de estado de 1936 y lo declara ilegal; 2) Se declara ilegal y nulos de pleno derecho cualquier condena de la dictadura por causas políticas; 3) Derecho de las víctimas a la verdad: investigaciones y en su caso localización de los desaparecidos y exhumaciones con fondos públicos; 4) Creación de un Fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no se podrá utilizar la ley de Amnistía de 1977 para impedir investigaciones penales; 5) Derecho a reclamar indemnizaciones económicas por las víctimas, incluso de las personas obligadas a trabajo esclavo; 6) Garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos; 7) Retirada y eliminación de los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática, que incluya además un régimen sancionador; 8) Retirada de títulos, reconocimientos y condecoraciones franquistas que comporten una exaltación de la dictadura; 9) Inclusión en los contenidos curriculares educativos de la historia y la memoria democrática española; 10) Se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas de exiliadas casadas con extranjeros y a los descendientes de los brigadistas internacionales; 11) Creación de un Centro de Memoria Democrática.
Por último, señalar que esta nueva ley ha puesto tan nervioso al PP que Núñez Feijoó ha dicho que un gobierno suyo lo primero que hará será eliminarla. Y también a Felipe González, pues esta ley va a extender su ámbito temporal de actuación hasta diciembre de 1983, siendo el acta fundacional del GAL de julio de 1983. Nosotros no estamos nerviosos, sino satisfechos.
(*) Secretario General de Izquierda Republicana
