En los últimos años hemos presenciado un importante avance en materia de memoria democrática. Primero los diferentes gobiernos de coalición progresista, en los que participamos Izquierda Unida y el PCE a nivel autonómico, pusieron en marcha leyes que garantizaban el legítimo derecho a la reparación de las miles de familias represaliadas que sufrieron durante el franquismo. Con esta legislación autonómica se pusieron en valor los espacios donde ocurrieron atrocidades que nunca deben repetirse y que sirven para educar democráticamente a las generaciones futuras. Una educación en valores antifascistas que nos convierta en un Estado más avanzado y repare, aunque sea tarde y de forma parcial, el daño hecho a las víctimas del franquismo que han soportado tantos años de silencio. Estos avances no se consiguieron fácilmente: el impulso de las familias de las víctimas ha sido clave. En los últimos años han surgido cientos de asociaciones que agrupan a hijas, hermanos y nietos que han roto las cadenas del miedo; un ejemplo de empoderamiento que ha marcado la agenda política, también la nuestra. Lo mejor del país que intentaron enterrar en cunetas y nunca pudieron vencer.
Finalmente, tras la llegada del gobierno de coalición progresista en 2019, logramos presionar al PSOE, que desde la Transición había aceptado pocos avances incluso gobernando con mayoría absoluta. En primer lugar, con la retirada de Franco del Valle de los Caídos y, finalmente y después de mucho debate, con la aprobación de la ley de memoria democrática. Una ley que nos permite dignificar a tantas personas que lucharon por la libertad y la democracia y fueron represaliadas.
La ley de memoria fue el resultado de mucho trabajo parlamentario y del empeño de diferentes referentes del PCE e IU que durante meses plantearon enmiendas para hacerla más ambiciosa. La posibilidad de acabar con la impunidad de los genocidas o de establecer indemnizaciones claras para las familias fueron, entre otras cuestiones, disputadas por los grupos del bloque progresista pero el PSOE no accedió. Aún así la ley, que es la victoria de la lucha de las víctimas del franquismo, permite garantizar la búsqueda de los y las desaparecidos que siguen en las fosas, quitar de las calles, plazas y parques las referencias a genocidas y sacar a la luz la verdad sobre la represión, torturas y asesinatos durante la Transición. También abre la puerta a indemnizar y apoyar a quienes aguantaron 80 años de silencio y dolor.
La derecha y la extrema derecha, que nunca aceptaron la democracia y condenaron el franquismo, anunciaron durante años que todas estas leyes traerían el odio, el caos y el enfrentamiento. Pero fue al revés, reparar el daño sufrido a las víctimas y descendientes de lo mejor de nuestro país sirvió para que nuestra sociedad mejore. Las familias siempre lo dijeron claro: “no buscamos venganza, buscamos justicia”. Aún así, la llegada a los gobiernos autonómicos de la extrema derecha ha hecho que las leyes territoriales empiecen a tumbarse en Castilla y León, Aragón y Baleares. Y ahora, la infame ley de la concordia que iguala a víctimas con verdugos y pone al mismo nivel a quienes sufrieron un exterminio de Estado que a quienes cometieron esos crímenes. ¿Os imagináis que en Alemania existiese una ley que equiparara a los nazis con las víctimas del holocausto? Esta es la derecha extrema que tenemos en nuestro país. A la que nunca le ha gustado la democracia. La derecha que paramos el 23J y a la que les decimos que la memoria democrática y los derechos humanos no son negociables. A la que este Partido, y su historia, siempre combatiremos en las calles e instituciones. Y que seguiremos empujando para que los familiares y personas queridas de lo mejor de nuestro país, que fue fusilado y tirado a cunetas, tengan justicia, verdad y reparación. Ni pasaron. Ni pasarán.
