En plena crisis económica global, cuando más hay que defender el estado de bienestar y proteger los servicios públicos, el presidente andaluz se congratula de engordar aún más los bolsillos de las personas con mayores fortunas a costa de perjudicar a la gran mayoría. Con estas palabras resumía Toni Valero, líder de IU en Andalucía, la última medida fiscal de la derecha en su comunidad autónoma
Y es que Moreno Bonilla entraba esta semana a competir con Ayuso para ver quién puede beneficiar más a los ricos. Para ello anunciaba la supresión del impuesto de patrimonio, lo cual es un privilegio para una minoría enriquecida y tiene como consecuencia de esta política fiscal el aumento de la desigualdad social y el desmantelamiento del estado del bienestar.
Basta con mirar los datos para comprobar como la derecha gobierna para la élite. El impuesto de patrimonio que se ha suprimido en Andalucía tan solo lo pagaban el 0,2% de las personas que viven ese territorio, es decir, las 16.785 personas más ricas y recaudaba 93.3 millones de euros anuales (datos de 2020, último año con estadísticas publicadas por la Agencia Tributaria). En frente el 99,8% de la población restante, que tendrá que sufrir las consecuencias con peor educación, sanidad o atención a mayores.
A esta infame carrera entre las comunidades autónomas en donde gobierna la derecha para beneficiar a la oligarquía financiera del país la denominan dumping fiscal y no deja de ser autentica lucha de clases en el ámbito económico que necesita una respuesta urgente y esa es el impuesto a las grandes fortunas como lleva siendo reclamando por Unidas Podemos desde hace un par de años.
Los ricos tienen que pagar más, sí o sí
El impuesto a las grandes fortunas es una propuesta de Unidas Podemos que fue llevada al Congreso de los Diputados el pasado mes de junio. La proposición de ley consistía en crear un impuesto sobre grandes fortunas, complementario al de patrimonio y dirigido a la suma de bienes por encima de los diez millones de euros. Nada nuevo y dentro de la lógica de la izquierda, que pague más el que más tiene.
Sin embargo no pasó el trámite parlamentario. El PSOE decidió tumbar la propuesta sin dar muchas explicaciones. Una vez más, el socio mayoritario del gobierno era incapaz de ver la necesidad de ser valiente y hacerle frente a la derecha con propuestas nítidamente de izquierdas y que beneficien a la mayoría social trabajadora de este país.
Pese a esta primera negativa del PSOE, la realidad – una vez más – les ha pasado por encima. Por eso este miércoles el gobierno ha replicado la ofensiva fiscal del PP anunciando que “explora” un impuesto a las grandes fortunas No se puede hacer concesiones a las élites porque para eso ya está la derecha como demuestran Ayuso en Madrid o Moreno Bonilla en Andalucía. Es así de sencillo.
Por eso en este caso aunque la dicha es buena, se llega tarde. Desde la primera vez que Izquierda Unida propuso la necesidad de este impuesto a los ricos hasta el día de hoy han pasado 2 años. En este tiempo y pese a la crisis económica derivada de la pandemia, la élite económica ha seguido engordando mientras las condiciones materiales de la clase trabajadora y los servicios públicos han ido empeorando. Es el momento de que paguen y contribuyan al mantenimiento del estado del bienestar, porque o será por las buenas o será por las malas.
