La última iniciativa parlamentaria de Unidas Podemos (UP) relativa al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) fue una proposición de ley debatida en junio pasado y que fue rechazada, entre otros, por el Grupo Parlamentario Socialista. Ahora, sin embargo, cuando el gobierno de Andalucía pretende bonificar al 100% el tributo para beneficiar a los contribuyentes más ricos, tal y como ya hace la Comunidad de Madrid, saltan las alarmas en las filas socialistas y afirman que están de acuerdo en que hay que seguir explorando instrumentos para que las grandes fortunas aporten más a las arcas del Estado. En todo caso, la relación de los compañeros del PSOE con la tributación sobre la riqueza siempre ha sido “complicada”. No olvidemos que fue un gobierno de Zapatero el que suprimió el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en 2008, que fue restablecido tres años después ante la necesidad de potenciar los recursos públicos.

Paraísos fiscales interiores

En su actual regulación, el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo cuyos rendimientos y ciertas capacidades normativas están cedidos a las comunidades autónomas, adolece de múltiples deficiencias que provocan efectos negativos en materia de progresividad y redistribución. Y los casos de Madrid y Andalucía evidencian que pueden existir “paraísos fiscales interiores” en nuestro país que desvirtúan la propia existencia del tributo. Por ese motivo, y en distintas ocasiones, siempre hemos mantenido la necesidad de establecer una tributación mínima no exenta sobre la riqueza, imprescindible para reducir desigualdades y evitar una indeseable competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas.

España necesita una reforma fiscal en profundidad que aumente el potencial recaudatorio del sistema para financiar con mayores garantías servicios públicos de calidad, y que mejore también la progresividad de las figuras tributarias de carácter directo para mejorar a su vez la redistribución de la renta y la riqueza. Y ante esta necesidad cobra especial relevancia la tributación patrimonial.

La propia OCDE plantea en estos momentos que una mayor tributación de la riqueza o patrimonio no afecta de manera negativa al crecimiento económico, como siempre ha mantenido el pensamiento neoliberal, y afirma que es necesario articular reformas sobre la tributación del capital que ayuden a reducir la desigualdad.

De igual manera, el comité de expertos para la reforma fiscal que realizó el informe que debería servir para avanzar en esa reforma profunda en materia tributaria, aboga por el manteniendo de los impuestos sobre la riqueza y subraya la necesidad de armonizar la tributación patrimonial para evitar la competencia fiscal a la baja.

Nuevo tributo a las grandes fortunas

Hay muchas formas de gravar la riqueza y, como se decía más arriba, la propuesta de Unidas Podemos en forma de proposición de ley optaba por regular un impuesto sobre la titularidad, tenencia, disponibilidad, disfrute o uso de bienes o derechos por personas con grandes fortunas. Se trataba de un nuevo tributo que sería complementario al actual IP y que no podría ser bonificado por parte de las comunidades autónomas.

En esta versión de un nuevo tributo sobre las grandes fortunas, se gravarían los patrimonios superiores a 10 millones de euros, con una reducción de la base imponible hasta el millón de euros y una tarifa de ocho tramos. Los tipos marginales irían desde 3,6% hasta el 5%, considerando si el sujeto pasivo ya está contribuyendo a través del Impuesto sobre el Patrimonio. Además, se establecen medidas para penalizar en mayor proporción los patrimonios de carácter improductivo.

Este nuevo tributo complementario del Impuesto sobre el Patrimonio evitaría el efecto negativo en términos de recaudación que provoca el dumping fiscal practicado por algunas comunidades autónomas del régimen general. Además, aumentaría la participación del capital en el sostenimiento del gasto público y contribuiría a reducir la desigualdad.

La equidad, justicia y suficiencia de un sistema fiscal necesitan un conjunto de tributos que puedan complementarse y gravar las manifestaciones de la capacidad económica de los contribuyentes. Y la riqueza o el patrimonio son magnitudes imprescindibles para medir dicha capacidad económica. En cualquier sistema tributario progresivo que se precie, los impuestos sobre la riqueza en sus distintas versiones y configuraciones cumplen un papel primordial. Si no funcionan o presentan lagunas, deben reformarse, pero no procurar su supresión, que solo beneficia a los contribuyentes de mayor renta y riqueza, a los mejor situados económicamente.

(*) Economista