Crisis energética: ¿causa o consecuencia de la guerra?

Se ha transformado en axioma la afirmación de que la actual crisis energética es consecuencia directa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Aceptar la vinculación, que la UE y Pedro Sánchez hacen, entre la subida de precios de la energía y la guerra es obviar cuestiones como que durante el año 2021 el precio en los mercados del petróleo se incrementó un 39% y el del gas un 292%. Ya existía pues un proceso inflacionista de los productos energéticos antes del inicio de la guerra, aunque sea innegable que el conflicto entre la UE y Rusia lo ha agudizado.

La tendencia al alza en los precios de los combustibles fósiles no es solamente fruto de la coyuntura de mercado o de cuestiones geopolíticas. El problema estriba en que las reservas de estos combustibles son cada vez menores, la demanda cada vez mayor y en que la extracción será cada vez más costosa pues primero se han explotado las reservas con menores dificultades técnicas o energéticas de extracción. Estamos pues ante un proceso de reducción gradual de los combustibles fósiles incompatible con un sistema económico, el capitalismo, que precisa de un crecimiento continuo y por lo tanto de un consumo de combustibles creciente. Las principales potencias capitalistas son conscientes de esta situación y de que la reducción de los consumos energéticos ya no es una tesis establecida para un futuro muy lejano.

El control de los recursos naturales, clásico leitmotiv del Imperialismo, toma especial relevancia en esta fase del capitalismo. Rusia posee grandes reservas de productos energéticos y metales, y buenas relaciones comerciales con China y otros países emergentes llamados a disputar la hegemonía económica de EE.UU.

Concluimos que, en todo caso, la guerra es consecuencia del proceso de crisis energética y recomposición geoestratégica del capitalismo, siendo conscientes de que tal afirmación nos conllevará críticas de quienes plantean las causas de la guerra desde categorías morales como “el derecho a la integridad territorial” o la “desnazificación”.

El negocio de la energía y la guerra

El oligopolio eléctrico español incrementó su beneficio un 24% en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo de 2021, las seis principales empresas petroleras que operan en Europa han incrementado sus beneficios un 79% en el mismo periodo, multiplicando por 3 los márgenes de beneficio obtenidos en el refino de petróleo. EE.UU. ha triplicado sus exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) a Reino Unido y la UE, reduciendo sus exportaciones a Asia. España ha duplicado sus importaciones de Gas Natural Licuado ruso, convirtiéndose en el principal importador mundial de gas licuado de origen ruso. China ha incrementado sus importaciones de gas ruso en más de un 60% y está vendiendo excedentes de GNL a Europa.

En definitiva, como en toda guerra, las grandes corporaciones se han adaptado rápidamente a las limitaciones, sanciones y nuevas oportunidades que les brinda el capitalismo. El resultado ha sido un aumento de sus beneficios en un escenario donde los costes de extracción y transporte de productos energéticos se está incrementando.

El papel de la UE y el Gobierno de España

La UE en su conjunto necesita importar el 53,5 % de la energía primaria que utiliza, en el caso de España esta dependencia energética alcanza el 74%. Según datos de la UE, Rusia es el principal proveedor de carbón, petróleo y gas del conjunto de países que la componen. Los datos de 2020 reflejan que el 45,6% del carbón, el 25,7% del petróleo y el 38,1% del gas consumidos en la UE tienen origen ruso.

En este escenario, la UE ha abordado un proceso de guerra económica contra Rusia y la búsqueda de proveedores alternativos de energía. Obviamente, y como cabría esperar, uno de los principales beneficiados ha sido EE.UU.

Pero la principal debilidad de la UE no ha sido su dependencia energética, sino el dogma neoliberal de que el sector energético precisa de un mercado escasamente regulado para asegurar las inversiones y abaratar los costes de la energía.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España no se han salido tampoco de esta concepción neoliberal; si bien es cierto que han surgido propuestas para la intervención efectiva del mercado eléctrico, no menos cierto es que tras su paso por la UE han sufrido modificaciones sustanciales y las medidas finalmente aprobadas han perdido la esencia de la propuesta y resultado insuficientes para paliar la crisis de precios. Unidas Podemos, como socio de gobierno minoritario, ha rebajado el nivel de sus medidas para que sean aceptadas por el PSOE y ha visto una doble devaluación de sus propuestas tras el paso por la UE, permitiendo al PSOE mantener su status dentro de la UE.

Lejos de querer entrar en una descripción técnica y farragosa basta con hacer una reflexión, ¿se están reduciendo los costes energéticos de los trabajadores? ¿siguen incrementándose los beneficios de las grandes empresas energéticas?  La respuesta a ambas preguntas nos da un indicador de a quién han terminado beneficiando las medidas.

La UE ha elaborado un documento con propuestas para “optimizar el funcionamiento del mercado eléctrico y disminuir el impacto del precio del gas”. La mayoría de las propuestas plantean una intervención del mercado mayorista para, de alguna manera, topar los ingresos de los generadores infra marginales como el tope Ibérico o las medidas aprobadas en Grecia. Entre el resto de las propuestas, exceptuando la iniciativa para reducir la demanda, no se encuentra ninguna opción seria.

Vale la pena fijarse en qué criterios utiliza la comisión para juzgar si las propuestas son pertinentes o no: algunas de ellas quedan descartadas porque disminuirían el precio y eso provocaría que la demanda aumentase, lo que nos da una pista de que no será precisamente la clase trabajadora la beneficiada de este paquete de medidas. La comisión busca una medida que permita en primer lugar mantener el mercado, argumentando que sin él no habría incentivos a la inversión y que es necesario para poder intercambiar electricidad entre los distintos Estados. En segundo lugar, busca que el precio horario mayorista no disminuya, argumentando que esto provocaría un aumento de la demanda y sería malo para la descarbonización y el decrecimiento. Por último, busca minimizar el impacto en los presupuestos de los Estados. En síntesis, el modelo de la UE es garantizar un mercado que mantenga los beneficios del capital y mantener altos precios de la energía para que sea el poder adquisitivo el factor que regule el acceso a la energía y la reducción del consumo.

¿Hay alternativa?

Sería demasiado pretencioso que ante una situación tan compleja tuviéramos un listado de medidas capaces de subsanar todos y cada uno de los retos energéticos a los que la clase trabajadora se enfrentará en las próximas décadas.

Sí podemos asegurar que las soluciones pasan por reducir nuestra dependencia energética de las importaciones, y que esto a su vez precisa de la reducción de las necesidades energéticas globales del país. Las teorías de que las energías renovables podrán sustituir dicha dependencia no sólo nos parecen faltas de rigor tecnológico y científico, sino que contribuyen a no cuestionar el actual sistema de producción y consumo.

Las limitaciones energéticas se van a producir, no sabemos a qué velocidad, la cuestión es si la energía se pone al servicio de la acumulación de capital o de las necesidades de los trabajadores.

La distribución de la energía pasa por la planificación de cuánta y en qué la consumimos, y para ello hay que eliminar todo instrumento que anteponga los intereses del capital a los intereses del conjunto de los trabajadores. En definitiva; no hay que reformar los mercados energéticos sino eliminarlos, no hay que crear nuevas empresas públicas de energía sino eliminar toda propiedad privada en la planificación, producción y comercialización de la energía.