En 1988, durante el XII Congreso del PCE, Gerardo Iglesias renunció a todos sus cargos y se reincorporó a su antiguo puesto de trabajo en la mina, sin privilegios tras su carrera política. Este ex-Secretario General del PCE, fundador de IU y destacado sindicalista era uno más en el pozo y eso le llevó a sufrir un accidente laboral como tantos mineros han padecido.
Ese accidente laboral le dejó una lesión en la espalda de por vida que necesita de tratamiento médico que no recibe debido a la paulina pérdida de calidad de la sanidad pública. Su paciencia ha llegado al límite y ha decidido plantarse con su silla de ruedas frente al ovetense Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para denunciar el «abandono» que sufre desde hace ya 30 años por parte de la sanidad pública.
Gerardo con sus 77 años, ha comparecido con su cuerpo maltrecho, pero con la rebeldía intacta para poner de manifiesto las causas de todo ello, que pasan por “un servicio sanitario deshumanizado, por las plazas de médicos que no se cubren, la externalización de servicios en un intento de ir privatizando poco a poco la Seguridad Social”.
Además también denunció “largas listas de espera”, de médicos que no escuchan a los pacientes “porque no tienen tiempo”. Gerardo quería poner voz a todas las personas que “sufren una situación de marginación por parte de la Seguridad Social”. Aunque “no es plato de buen gusto comparecer así, creía que tenía que hacerlo, por necesidad y por deber”.
«Pero no voy a ocultar otro sentimiento que tengo. Junto a esas razones objetivas y que viven muchos ciudadanos, en mi caso hay algo personal, y estoy convencido de ello. Hay un entorno social determinado que me tiene odio y no lo digo a humo de paja», denunciando que en su caso existe una motivación de “sectarismo político por llamarme Gerardo Iglesias”.
En todos estos años, acudió a numerosos organismos. También al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón: “Su respuesta no pudo ser más hiriente, porque no hubo respuesta, sino indiferencia”. Ahora recurrirá al Defensor del Pueblo, en un intento de poner punto y final al calvario con el que ha convivido en las últimas tres décadas.
