El próximo mes de marzo de 2023, quizás nos sorprenda la propuesta de un convenio internacional y su correspondiente protocolo sobre maternidad subrogada (o maternidad de sustitución, según los diferentes eufemismos con que se denomina este negocio transnacional de bebés mediante la explotación de las mujeres). Algo que se viene preparando desde hace años, con el desconocimiento, incluso, de asociaciones feministas y organizaciones y colectivos comprometidos con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

No se trata de una nueva distopía, añadiendo elementos de bioingeniería genética y marco judicial internacional a la narrativa del Cuento de la criada que imaginó Margaret Atwood en 1985.

No se trata de denunciar, una vez más, el atentado a la dignidad y la violación de derechos humanos de las mujeres (y de las criaturas nacidas por subrogación a las que cosifica); las condiciones de profunda desigualdad entre las partes sobre las que se construyen los contratos de subrogación [1]; la biopolítica de la desigualdad que permea el enriquecimiento de unas minorías sobre el extractivismo y explotación de la naturaleza, los territorios y los cuerpos de las mujeres; el atentado contra el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al crear una categoría subalterna de humanas asignadas a la procreación para terceros; o el paralelismo entre la explotación sexual y la explotación reproductiva de las mujeres, tratando de maquillar una forma extrema de violencia con falsos conceptos de «libertad» y «consentimiento». Razones todas ellas por las que se viene promoviendo la necesidad de una Convención Internacional de Abolición de la Maternidad Subrogada desde hace años, como hizo la red internacional CIAMS en el otoño de 2020 [2]; y planteaba el Comité de Bioética de España, en las conclusiones de su Informe de mayo de 2017 [3].

Se trata, ahora, de una auténtica alerta feminista ante un proyecto de regulación, y, por tanto, legalización internacional del negocio de la explotación reproductiva: En febrero de 2021, la ONG internacional ISS (International Social Service) publicó los denominados «Principios de Verona» [4], que, se supone, defienden los derechos de niñas y niños nacidos por subrogación, pero que claramente pretenden la regulación internacional del mercado. Tales “principios” no constituyen por supuesto ningún tipo de acuerdo internacional, ni han sido elaborados ni aprobados por ningún organismo oficial con representación de los Estados.

Regular para legitimar

Sin embargo, y más grave aún, en marzo de 2023, presentará su informe final el Grupo de Personas Expertas de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, que viene trabajando desde 2014 en la elaboración de una Convención sobre adopción y maternidad subrogada y un Protocolo Internacional de regulación de la maternidad subrogada. Ello solo contribuirá a legitimar y afianzar esta forma de violencia y explotación reproductiva de las mujeres y afectará gravemente, incluso a aquellos países en que no está directamente permitida, como España, favoreciendo aún más a las diferentes agencias que se enriquecen con este negocio.

El Comité debería haber presentado su informe final en marzo de 2022, pero, por causa de los retrasos provocados por la pandemia COVID 19, la fecha límite es marzo de 2023. El contenido del instrumento jurídico y correspondiente protocolo, que presentarán en esa fecha, sobrepasará ampliamente lo relativo a las filiaciones transnacionales de bebés, que, se supone, era su objetivo inicial. De hecho, ya en su Informe de noviembre de 2019, el Comité hacía referencia a incluir aspectos relativos a la denominación de las madres subrogadas (parágrafo 27); requisitos mínimos exigibles a las mismas (parágrafo 36) y regulación de las agencias (parágrafo 35). Por tanto, se trata de un auténtico instrumento internacional de regulación de la subrogación, que entraría en vigor si lo firma un número determinado de Estados. La maternidad subrogada no es un tema de derecho privado sino de violación de derechos humanos, y en ese marco debería abordarse su abolición a nivel internacional, como sucede con otras prácticas aberrante, como el trabajo esclavo o la venta de órganos.

Con frecuencia, a lo largo de la historia, se invisibilizan, normalizan, justifican o minimizan las violencias contra las mujeres. Es este un momento para una seria toma de conciencia, desde planteamientos de justicia, igualdad y defensa de los derechos humanos, de la gravedad de la maternidad subrogada, uno de los más aberrantes rostros de la esclavitud humana en el siglo XXI. Por ello, este llamamiento a la acción a las organizaciones feministas, los sindicatos de clase, los partidos políticos de izquierda, y la sociedad civil, para promover el rechazo a la maternidad subrogada y exigir al Estado español su compromiso de negativa a la aceptación de un protocolo internacional de regulación y, por el contrario, su apoyo a promover una convención internacional de abolición de la subrogación.

Notas:

[1] Ver las cláusulas del contrato incluido en la Sentencia del Tribunal Supremo 277/2022, de 31 de marzo de 2022, referente al Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Fiscal. Dicha sentencia incluye además un excelente desarrollo de argumentación contra la práctica de la maternidad subrogada, aunque ello no ha impedido que finalmente el TS rechace el recurso de casación y reconozca el derecho de filiación de la “madre comitente”. https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0e6219d460d65731/20220405  

[2] http://abolition-ms.org/es/noticias/convencion-internacional-para-la-abolicion-de-la-gestacion-por-sustitucion/

[3]  http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf

[4] Acceso a los principios y la crítica feminista a los mismos en: http://abolition-ms.org/es/nuestras-acciones/documento-critico-sobre-los-principios-de-verona/