El Área de Feminismo del PCE se solidariza con el Ministerio de Igualdad y saluda los avances

Una alarma se ha encendido con la revisión de condenas previas a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), a las que han dado bombo y platillo los medios de masas y las redes sociales contrarias al Ministerio de Igualdad.

Esta ley supone un cambio de paradigma en nuestra legislación porque considera agresión sexual todo acto sexual sin consentimiento, lo que incluye también el anterior abuso sexual. Unifica las dos modalidades delictivas -agresión sexual y abuso sexual- en una sola y amplía los umbrales de pena como mandata el Convenio de Estambul. En definitiva, no se cambian las penas sino el esquema de penas. 

La LOGILS pone en el centro de la legislación sobre violencia sexual el consentimiento. Es agresión sexual siempre que NO EXISTA consentimiento, haciendo norma el lema de “no es abuso, es agresión”. 

A partir de este cambio de paradigma, el “Solo sí es sí” se hace ley: todo lo que se penaba como abuso sexual ahora se pena como agresión. La nueva configuración no supone ni una rebaja ni un incremento de la pena prevista actualmente para estos delitos. 

El espíritu de la ley es claro: acabar con la impunidad de agresores y proteger la libertad sexual de todas las mujeres. De hecho, al tratarse de una ley integral, la norma aborda otras muchas cuestiones relacionadas con la sensibilización, la prevención, la detección, la asistencia integral, así como el acceso a las víctimas a la protección, la justicia y la reparación. Para lograr esto, la ley dedica un título específico a la formación de profesionales. 

Desde el feminismo venimos denunciando el machismo de parte del poder judicial. Tal y como señala el Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en su Recomendación 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, existen sesgos de género que pueden conducir a interpretaciones de la norma (tanto de la antigua como de la nueva) que perjudiquen a la víctima. En base a esos sesgos se han dictado sentencias machistas, pero también juezas y magistradas han sentado jurisprudencia con sentencias ejemplares en el avance hacia una justicia feminista. 

Esta ley responde a una demanda necesaria, la formación y perspectiva de género en la justicia. Si recordamos, la propia sentencia de “la manada”, recogía un voto particular machista en la que se calificaba la situación de violación grupal como mero “jolgorio”.

Con la voluntad de que sea transversal, la LOGILS prevé un título entero para la formación de diferentes agentes, que intervienen directa o indirectamente con las víctimas de violencias sexuales. 

Ante el ataque continuado al Ministerio de Igualdad, cabe recordar que el Ministerio proponente de la Ley era Igualdad, pero también lo eran los Ministerios de Justicia; Interior; Política Territorial y Función Pública; Derechos Sociales y Agenda 2030. Y la aprobación del proyecto se realizó por el Consejo de Ministros como órgano colegiado. No hubo enmiendas en el trámite parlamentario, ni informes que observaran un riesgo de reducción en relación con las penas mínimas y se apostó por un sistema penal progresivo y proporcional a la gravedad, disuasorio y efectivo.

Cargamos con un pasado en el que durante años muchas agresiones sexuales han sido juzgadas sin perspectiva de género y consideradas abuso. Gracias a esta ley, esto no volverá a ocurrir. 

Más allá de las sentencias que ya se han dictado, los hechos que se juzguen desde la existencia de la ley lo harán con una ley feminista. Desde el punto de vista penal, las víctimas no tendrán que demostrar que hubo violencia o intimidación para ser protegidas de una agresión sexual. Desde un punto de vista integral, tendrán reconocidos innumerables nuevos derechos y servicios de atención a su disposición.

Por ello desde el Área de Feminismo del PCE reconocemos el avance feminista de la ley y damos nuestro apoyo a la Ministra de Igualdad Irene Montero como víctima de violencia política machista ejercida en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Consideramos que es intolerable y no debe quedar impune. Porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas.