Cristina Kirchner fue condenada en primera instancia a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº2 (TOF 2) integrado por los jueces Andrés Basso, el presidente Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en la causa Vialidad, por los delitos de administración fraudulenta con perjuicio a la administración pública. Además, el veredicto indicó que la vicepresidenta no podrá ejercer cargos públicos de forma perpetua.
“¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo”, twiteó la vicepresidenta argentina desde su cuenta oficial, con el vídeo de su reacción a una sentencia que estaba cantada.
[+] INFORMACIÓN. [PAGINA 12] Las claves del mensaje que dejó Cristina Kirchner | La vicepresidenta apuntó contra «la mafia judicial» y su alianza con el poder mediático y económico
A lo largo de los tres años de juicio se demostró no sólo que las rutas licitadas a la empresa de Lázaro Báez se construyeron y con buena calidad, sino también que no se pagó dinero por obras no realizadas, de acuerdo con una auditoría convocada por el propio gobierno de Mauricio Macri y por una consultora privada. Otro dato elemental es que las obras fueron votadas en los presupuestos aprobados por el Congreso, con votos del oficialismo y la oposición.
A lo largo de tres años, no hubo testigos ni pruebas que evidenciaran que hubo una instrucción para favorecer a Báez. Un agravante que se suma al escándalo jurídico es que el fiscal Luciani sumó supuestas pruebas y documentos fuera de tiempo, en el período de alegatos, y no en el de exposición de las pruebas.
Para que una condena quede firme se deben agotar todas y cada una de las instancias judiciales. Por ahora, Cristina Kirchner tiene una condena de primera instancia. Estos son los pasos que restan:
- Tras la condena de este martes, se deben dar a conocer los fundamentos del fallo. Los tribunales orales demoran varios meses en darlos a conocer. El TOF 2 confirmó este martes que los fundamentos se darán a conocer el 9 de marzo.
- Una vez que estén los fundamentos, comienza a correr el plazo legal para las apelaciones ante la Cámara de Casación Penal.
- La Cámara debe analizar el caso y tiene varias alternativas: dejar firme el fallo del Tribunal Oral, revertirlo o modificar las penas.
- Si la Cámara Federal confirma el fallo, aún así Cristina Kirchner tiene una alternativa más antes de que la sentencia quede firme: presentar un recurso extraordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, y el encargado de revisar los fallos del Tribunal Oral y de la Cámara de Casación. No todos los casos llegan, ya que deben ser admitidos por la Corte.
Todo ese proceso puede demorar varios años y la sentencia firme llegaría recién o a finales de 2024 o incluso en 2025, con lo que Cristina Kirchner podría ser candidata a las elecciones presidenciales en octubre de 2023.
“Que la sentencia está escrita lo dije el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que declaré en el juicio —le dijo Cristina este lunes al diario Folha de Sao Paulo–. Y lo dije por una razón muy sencilla. Primero porque se violaron todas las garantías constitucionales, segundo porque todo lo que se dijo era mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que siete u ocho años antes, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, habiendo dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Y allí se concluyó que no hubo delito alguno. Pero además, durante todo el juicio, todas las pruebas testimoniales, todas las pruebas documentales, todas las pruebas periciales dicen que es una absoluta falsedad el querer involucrarme. Se construye una historia de imagen de ladrón, de delitos patrimoniales cuando, en realidad, cuando termino como Presidenta, tengo los bienes por los que fui investigada tres veces, inclusive por uno de los jueces que hoy nos acusa, Julián Ercolini”.
El escándalo del chat del Lawfare
En un chat publicado este domingo por varios medios argentinos, los participantes debaten cómo difundir una versión falsa con la que contrarrestar la denuncia por dádivas vinculada a un viaje pagado que realizaron a la Patagonia el pasado octubre. Cuatro jueces federales en el avión privado pagado por el grupo Clarín. Entre los cuatro jueces, justamente Ercolini, el que instruyó la causa Vialidad, y que acusó a CFK sin hacer la más mínima pericia. En el asiento de al lado del vuelo 26.917, iba un magistrado de Cámara de Casación. Y del otro lado del pasillo ,el ministro de Justicia macrista.
En el grupo de Telegram hablan de armar pruebas falsas, apuntar una causa contra el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y prometen llevárselo en patrullero “para hacerlo cagar”. Del aeropuerto de Bariloche se fueron en las camionetas de Lewis hacia el lago al que no puede acceder el ciudadano común.
Página/12 reveló que el presidente del Tribunal, Giménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani, jugaban en el mismo equipo de fútbol –La Liverpool– y que lo hicieron en Los Abrojos, la quinta del expresidente Mauricio Macri, que impulsó, a través de todos los organismos del Estado, la persecución a Cristina y a una larga serie de funcionarios peronistas y empresarios. A unos y a otros los encarcelaron: a los primeros, para tratar de derrumbar a los que se oponían al macrismo, a los empresarios para quitarles las empresas o los contratos que tenían.
Las defensas recusaron al magistrado con evidente lógica: un ciudadano acusado que sabe que el juez es íntimo del fiscal, ya sabe que todo está cantado. Pero el tribunal sostuvo al juez.
