La justicia determinó este viernes ela detención preventiva por cuatro meses para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que deberá cumplir en la cárcel de Chonchocoro, de La Paz, mientras se realizan las investigaciones en el caso Golpe de Estado I.
“El Juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con las facultades que otorga la ley, dispone la aplicación de la detención preventiva del imputado Luis Fernando Camacho Vaca, detención preventiva que tendrá que ser cumplida en el plazo de cuatro meses en el centro penitenciario de Chonchocoro”, indicó el juez Sergio Pacheco.
La audiencia se desarrolló de manera virtual en el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz y duró más de siete horas. Pese a que la defensa de Camacho presentó un “incidente de ilegalidad de aprehensión”, las partes querellantes pidieron que fuera rechazado porque no se presentaron pruebas.
Camacho fue aprehendido la tarde del 28 de diciembre en la capital cruceña -en cumplimiento a una orden fiscal emitida el 31 de octubre- horas más tarde arribó a la ciudad de La Paz con un fuerte resguardo policial hasta predios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Sede de Gobierno, donde pasó la noche.
La Comisión de fiscales -en la imputación formal- solicitó que Camacho sea detenido preventivamente durante seis meses en la cárcel de Chonchocoro del municipio altiplánico de Viacha, municipio vecino de la ciudad de El Alto. Tanto el Ministerio Público como la defensa de la exdiputada Lidia Patty (denunciante) fundamentaron que en este caso existen los peligros procesales de fuga y obstaculización del imputado por el delito de terrorismo y por ello sustentaron su detención preventiva.
Una caravana de vehículos policiales trasladaron al excívico al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumplirá 4 meses de prisión preventiva.
Caso golpe de Estado I
En este caso se investiga la presunta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y quienes allanaron su toma del poder, y sus acompañantes, en su administración de facto entre 2019 y 2020.
En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho -entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz- fue uno de los principales impulsores de las movilizaciones en contra del gobierno de Evo Morales. Durante la escalada de violencia de esos días el cruceño llegó a La Paz para exigir la renuncia del entonces presidente Morales pese al rechazo de sectores que pedían respeto a la democracia y a la Constitución.
El 7 de noviembre de 2019, Camacho llegó a La Paz con una carta cumpliendo la promesa de llevar firmada la carta de renuncia de Morales, dándole un plazo de 48 horas.
El 10 de noviembre, Evo Morales dimitió tras un motín policial y presión de las Fuerzas Armadas, quienes después avalaron la toma del poder de la exsenadora Áñez.
Además, se difundió un video en el que asevera que su padre (Camacho Parada) coordinó con militares y policías para que no salieran a reprimir las movilizaciones contra el gobierno constitucional de ese entonces.
La comisión de fiscales argumentó que Camacho y otros actores se “arrogaron facultades que no les corresponden usurpando funciones públicas, sin ser ni siquiera este sujeto y sus coautores y cómplices servidores públicos, y menos demostrar ser autoridad con competencia para mandar a efectivos de las dos instituciones fundamentales de la patria”.
Los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Añez en noviembre de 2019, ampliarán el proceso en contra del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho como autor mediato de estas matanzas. El activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, precisó que la petición será planteada en las siguientes horas para que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, rinda cuentas por los hechos violentos que se registraron entre octubre y noviembre de 2019.
“¿Qué puerta nos abre esta detención (de Fernando Camacho)? Nos abre el hecho de ampliar el proceso por los hechos de Sacaba y Senkata a Camacho y demás participantes. Bajo el informe de la GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ellos tendrían que ser investigados bajo la categoría de autores mediatos, no de autores intelectuales, materiales o encubridores, sino autores mediatos”, explicó Inca. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el autor mediato es aquella persona que teniendo el poder necesario o la influencia necesaria para que se evite una vulneración a los derechos humanos “no hace nada”.
Inca señaló “eso es lo que ha ocurrido en el caso del señor Camacho, concretamente en los hechos de los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019”, cuando se registran las masacres de Sacaba y Senkata que dejaron más de una treinta de muertos y cientos de heridos.
Autoproclamada presidenta del Senado y presidenta del Estado ante una Asamblea sin quórum y en clara vulneración de la normativa, el 12 de noviembre de 2019, Jeanine Añez asumió el mando del país con el respaldo de las Fuerzas Armadas, organizaciones políticas y la iglesia Católica.
Para frenar las protestas sociales, el 15 de noviembre de 2019, el gabinete de Añez aprobó el Decreto Supremo 4078 que exhimió de “responsabilidad penal” a los uniformados por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba. Bajo ese manto, las Fuerzas Armadas ejecutaron el Plan “Sebastián Pagador” tanto en Sacaba como en Senkata.
En ambas operaciones más de una treintena de personas fallecieron víctimas “de proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos que los definió como “masacres”.
Camacho fue parte del gobierno de Añez. Gente de su confianza ocupó al menos cuatro ministerios: Relaciones Exteriores (Karen Longaric), Defensa (Luis Fernando López), Comunicación (Roxana Lizárraga) y de la Presidencia (Jerjes Justiniano).
“Camachistas y Demócratas pisan fuerte en el gobierno de Jeanine”, tituló en diciembre de 2019 el diario paceño Pagina Siete al apuntar que “camachistas se hicieron cargo de las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Comunicación y la Presidencia”.
El propio Camacho confesó en diciembre de 2019 que López fue parte del gobierno de Añez como retribución por su mediación en las negociones que su padre José Luis Camacho hizo con los policías y militares para que ellos no salgan a las calles a reprimir las protestas.
“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para que renuncie Evo Morales)”, declaró Camacho rodeado de un grupo de personas, aparentemente en el aeropuerto de Santa Cruz, en diciembre de 2019.
Inca consideró que hay un “clima polarizado en el país” por la detención del gobernador, no obstante, afirmó que “las victimas lo único que quieren es saber quién ordenó matar y quien la ejecutó, quien ordeno disparar y quién disparo, independientemente de esas dos posiciones políticas”.
Desde este viernes, Camacho guarda detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, del departamento de La Paz, mientras se realizan las investigaciones por el caso el Golpe de Estado I.
Sus adeptos cumplen este viernes un paro de 24 horas en Santa Cruz en demanda de su liberación, pero la medida no tiene aceptación en varias de las zonas populares de la capital cruceña y las provincias.
