Camacho está notificado de su imputación en el caso Golpe de Estado I desde octubre de 2020, y en al menos cuatro ocasiones eludió las notificaciones para declarar ante el juez. La oposición en Santa Cruz ha reaccionado de forma violenta, con la quema de 6 edificios, entre ellos la sede regional de la Fiscalía y la vivienda del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

El PCE ha emitido un comunicado en defensa de la soberanía boliviana, en el que afirma: «Bolivia afronta una vez más el intento de atentar contra su legítimo gobierno, producto de la libre decisión de su pueblo; la derecha, que representa a las minorías que ven peligrar sus privilegios, insiste en una estrategia de desestabilización, como lo hizo en el pasado reciente hasta concluir con un golpe de estado que contó con la complicidad del imperialismo norteamericano, ahora con la pretensión de garantizar la impunidad de los responsables genera un clima de violencia y persecuciones.»

Luis Fernando Camacho, gobernador opositor de Santa Cruz y uno de los principales protagonistas del golpe de Estado de 2019, fue detenido  la tarde de este miércoles por orden de la Fiscalía Departamental de La Paz para que preste declaración en el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos de violencia de 2019 que acabó con un gobierno de facto que provocó las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, con un saldo de una treintena de ciudadanos asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas, y 184 heridos.  

Una vez llegó desde Santa Cruz hasta El Alto, el gobernador cruceño Fernando Camacho fue trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de esa ciudad y desde ahí a la fuerza anticrimen de La Paz. Durante su declaración informativa ante los fiscales decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

Violencia opositora en Santa Cruz

Al menos seis edificios de instituciones públicas y la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fueron incendiados o destrozados entre el miércoles y la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Cruz. Los edificios de la Fiscalía departamental y de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcom), ex Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), fueron incendiados junto con varios vehículos.También se incendió parte del muro y puerta de la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.

Este es el tono de la violenta y racista oposición de Santa Cruz:

La violencia se desató como consecuencia de la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, para que responda en La Paz por el caso Golpe de Estado I o los hechos de violencia y muerte de la crisis de 2019, de la que fue uno de los principales actores.

“Denuncio públicamente que la Unión Juvenil Cruceñista y personas afines a Camacho quemaron mi domicilio en Santa Cruz, atentando contra la integridad y seguridad de mi familia”, denunció Montaño en un mensaje por las redes sociales, junto a una fotografía de parte de su vivienda ardiendo en llamas.

También saquearon su domicilio y agredieron a vecinos que intentaban controlar el fuego, por el riesgo para la zona.

La UCJ, brazo operativo y violento del Comité Pro Santa Cruz, actúa violentamente en contra de todos los que son críticos con las autoridades cruceñas.

Las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Sereci), en la avenida Radial 26 y cuarto anillo, y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) también fueron atacadas, los vidrios fueron destrozados y el mobiliario fue afectado. Ya en la madrugada de este jueves, un grupo de personas no identificadas lanzaron petardos hacia el Palacio de Justicia, estructura que no tenía resguardo policial.

Para este jueves a mediodía se llamó a una Asamblea de la Cruceñidad para exigir la liberación de Camacho. El riesgo de agresiones contra partidarios del MAS es máximo por parte de estos grupos de choque que operan como fuerzas paraestatales, amparadas por la gobernación de Santa Cruz.

La Fiscalía pide prisión preventiva de 6 meses para Camacho

La Fiscalía departamental de La Paz presentó este jueves la imputación formal en contra del excívico cruceño Luis Fernando Camacho en el marco de las investigaciones del caso denominado Golpe de Estado I.

La comisión de fiscales que está a cargo de la investigación pide que el investigado sea detenido de manera preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el municipio altiplánico de Viacha, basándose en la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y obstaculización de la investigación.

En al menos cuatro ocasiones, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, eludió declarar por el caso del Golpe de Estado I pese a las notificaciones realizadas por el Ministerio Público.

“Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo, como ellos quieren”, dijo Camacho el 9 de diciembre durante una concentración en Santa Cruz. En apego a la norma, la Policía aprehendió a Camacho el miércoles y lo trasladó a la ciudad de La Paz, donde radica el proceso penal por el golpe de Estado de 2019.

Los seguidores de Camacho y varios políticos opositores, que también formaron parte de la mesa política que definió la estrategia para deponer de la presidencia a Evo Morales en 2019, acusaron un supuesto “secuestro” del gobernador y denunciaron la violación de sus derechos humanos.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, enfatizó que el gobernador tenía pleno conocimiento del proceso penal que se inició en noviembre de 2020, que fue notificado en varias ocasiones para declarar y que no sufrió ninguna agresión.

“Fue notificado en cuatro oportunidades por comparendos para que presente su declaración en la ciudad de La Paz ante la autoridad del Ministerio Público, hecho que ha rehuido de manera pública ante los medios de comunicación”, argumentó Salazar.

Señaló que Camacho “no tiene privilegios por más gobernador que sea” porque “él no ha querido someterse a un proceso investigativo, a una declaración investigativa, de manera abierta lo ha manifestado en los medios de comunicación, en ese sentido él conocía de las consecuencias que estaba asumiendo por su irresponsabilidad, por la negligencia de sus abogados que hoy quieren victimizarlo”.

Luego de que se lo citó en octubre de 2021, Camacho dijo que iría a La Paz a declarar con el fin de “contar la verdad» e incluso aseguró que «guardar silencio es ofender la lucha de todo un pueblo», consignó el periódico cruceño El Deber. Pese a esa afirmación, la noche del miércoles Camacho se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía. 

Apenas llegó a La Paz, personal médico realizó la revisión del estado de salud del gobernador Camacho y no encontró ninguna lesión o marca de alguna agresión como sus seguidores alegaron.Para certificarloo, la APDHB solicitó un informe al personal policial y médico que recibió al gobernador cruceño.“Tenemos conocimiento de manera oficial que no ha sufrido ningún tipo de agresión, ni ha sido golpeado”, afirmó Salazar.

A quienes protestan por la aprehensión de Camacho, el presidente de la APDHB pidió que se deje trabajar al Ministerio Público para que realice una labor de forma transparente. Consideró “innecesario” la quema de entidades públicas como de la Fiscalía Departamental en Santa Cruz y otras cinco entidades públicas, porque esos “actos no han de influir en la decisión de las autoridades del Ministerio Público”.

A la Fiscalía también le exigió que cumpla con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y desarticule el grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que al igual que en 2019 genera terror en la capital cruceña.Denunció que seguidores de esos grupos amenazaron a dirigentes sociales en una suerte de “revanchismo por la aprehensión del señor Camacho”.

Caso golpe de Estado I

Este caso se inició a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, quien interpuso la acusación a finales del 2020. En el proceso penal figuran la exsenadora Jeanine Áñez y los políticos que allanaron el camino ilegal en noviembre de 2019, entre ellas Camacho y su padre.

La declaración de Fernando Camacho fue suspendida en dos oportunidades, la primera fue en septiembre de 2021, en La Paz porque su padre no llegó hasta la sede de Gobierno a brindar su declaración argumentando motivos de salud y el Ministerio Público suspendió la declaración del excívico. 

El 11 de julio de este año, una comisión de fiscales se trasladó hasta Santa Cruz para tomar las declaraciones de Camacho y su padre José Luis Parada, este último se acogió a su derecho a guardar silencio. Más tarde los fiscales determinaron suspender la toma de declaración del excívico ante presuntas amenazas de muerte. Fue hasta el 25 de octubre que se anunció la reactivación de este caso.

Ex presidente del Comité cívico Pro Santa Cruz

Camacho es investigado por el delito de terrorismo debido a su participación activa en los hechos de noviembre del 2019 que derivaron en una ruptura constitucional.

El cruceño reveló -en un video que circuló en redes sociales- que su padre, José Luis Camacho, coordinó con militares y policías para que dejen desprotegido al Gobierno de ese entonces.

“Fue mi padre quien cerró (el trato) con los militares, para que no salgan (a las calles) (Con) la Policía, de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (militares y policías) no iban a salir (a las calles), fue que dimos (el plazo de) las 48 horas, porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz (…). Ese fue el momento más duro que pasamos”, explicaba Camacho a sus seguidores.

Con esas palabras el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz explicó las razones por las que se aventuró dar al expresidente el plazo de 48 horas para dejar el poder en noviembre de 2019.

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, se aclaró en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado en Bolivia descartó que se trate de un secuestro, como se denunció desde filas opositoras:

“La decisión fiscal no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, afirmó la Fiscalía en un comunicado.

Además, informó la Fiscalía que “el ciudadano Luis Fernando Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”.

Insistió que, “en el marco de un debido proceso, las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el Art. 226 de la Ley N° 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso”.

Central Obrera en El Alto instala vigilia

Dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, y de distintos movimientos sociales, coincidieron desde el Aeropuerto Internacional de El Alto que la aprehensión de Fernando Camacho era esperada desde 2019, cuando fue parte de la violencia, golpe de Estado y las masacres de Sacaba y Senkata.

“Hemos estado esperando desde el 2019, este señor ha hecho mucho daño a los bolivianos y bolivianas, tras haber roto el orden constitucional (…). Este señor es parte de los autores intelectuales, tiene que haber justicia por las masacres de Senkata y Sacaba”, afirmó el dirigente de la COR, Marcelo Mayta.

Como ocurrió con el Conamaq, la dirigencia obrera se declaró en vigilia permanente a la espera de que Camacho responda ante la justicia por los hechos luctuosos de noviembre de 2019.

“Que se haga justicia de una vez por todas”, insistió Mayta rodeado de un grupo de personas en puertas del aeropuerto alteño.

Recordó que el excívico Camacho es señalado como uno de los autores intelectuales del quiebre institucional de 2019 que derivó en la renuncia obligada del entonces presidente Evo Morales y la toma del poder por parte de la exsenadora Jeanine Áñez.

Asimismo, remarcó que también debe responder por los hechos violentos que se generaron durante el paro cívico de 36 días, caracterizado por la violencia, racismo, discriminación, toma y quema de la sede campesina y la toma y el saqueo de la COD cruceña.

Organizaciones sociales y familiares de víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata anuncian vigilia

Organizaciones sociales y víctimas de las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, demandan justicia y anunciaron vigilia permanente hasta que sentencien a Luis Fernando Camacho, detenido el miércoles por el caso Golpe de Estado I.

“Pedimos justicia, no vamos a descansar hasta encontrar justicia”, afirmó la presidenta de los familiares de los fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert. “Son tres años sin nuestros seres queridos. En 2019 muchas familias perdieron a sus padres, hijos, no se respetó el derecho a la vida y muchos niños quedaron huérfanos”, recordó.

Ese año, dijo Quisbert, muchos alteños que estaban heridos por enfrentamientos con las fuerzas del orden y no recibieron atención médica. “Hoy Camacho tiene atención médica y su aprehensión no es un secuestro”, dijo.

En la ciudad de El Alto las organizaciones sociales se declararon en emergencia y anunciaron que estarán en permanente vigilia hasta que Camacho reciba su sentencia. “El pueblo de El Alto ha recibido con mucho agrado, júbilo, regocijo la detención del golpista Luis Fernando Camacho”, afirmó el presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, Simón Amaru.

En Sacaba, Cochabamba, las organizaciones sociales y víctimas de la masacre se movilizaron y se sumaron a los pedidos de justicia para que el proceso contra Camacho se acelere y concluya con una sentencia.

“Nos estamos declarando en estado de emergencia y en movilización permanente hasta que los jueces y los fiscales designados al caso de Camacho den una solución, que den la sentencia correspondiente, pedimos que se le dé detención preventiva para que no pueda obstruir a la investigación y se pueda hacer una investigación adecuada”, informó uno de los manifestantes en un reporte de Bolivisión.

Recordó que en 2019 se violaron los derechos humanos de campesinos.

“Camacho, él mismo declaró que tuvo acuerdo con policías y militares para ejecutar el golpe de Estado”.

En Beni, Ruth Cortez, detenida por el gobierno de facto de Jeanine Añez, manifestó su confianza en la justicia, tras conocer la detención de Camacho. “Como presos políticos exigimos justicia. Queremos justicia, nosotros fuimos detenidos injustamente, hubo detenciones injustas, muertes. Que se haga justicia como corresponde, lo de nosotros fue rápido, nos detuvieron sin hacer daño, fuimos llevados injustamente”, recordó los hechos que vivió en 2019.

Los representantes de la Confederación de Marcas y Ayllus (Conamaq) instalados en las puertas de la Fiscalía de La Paz iniciaron una vigilia “para evitar que Camacho salga de la ciudad”. La organización considera que no es suficiente el proceso por el caso “Golpe de Estado I” sino que debe pagar por muchos otros delitos.

Desde Potosí, la Federación de Campesinos del Norte de Potosí se declaró en vigilia, y advirtió que se movilizará si la justicia libera a Camacho. “Camacho tiene que pagar por tanto daño que ha hecho al Estado. Como Federación vamos a respaldar al Gobierno, y si en caso sale libre nos vamos a movilizar, vamos a hacer vigilia y vamos a ir hasta La Paz”, dijo el dirigente José Flores.

“La justicia está cumpliendo su labor, los delitos se deben pagar y Camacho ha hecho un daño histórico al país”, aseveró el dirigente Benito Gabriel.

(*) Fuente: Agencia Boliviana de Información