Conil fue conocido como destino turístico familiar, basado sobre todo en una segunda residencia y posteriormente un incipiente alquiler vacacional, a partir del inicio de la segunda mitad del Siglo XX. Ese desarrollo sin pautas organizativas iba aparejado a la construcción, algunos negocios de hostelería más tradicionales y a la economía no regulada. Para ordenar esa actividad se requería tomar decisiones; preguntarnos a donde queríamos dirigirnos, qué papel tenía que jugar el turismo en Conil y de qué forma se tenía que relacionar con la población autóctona. Y cuando llegamos a la alcaldía, era algo que sin duda no se estaba haciendo.
Al ganar IU las elecciones de 1995, se optó por una reflexión estratégica, para buscar un desarrollo económico local de la localidad basado en el turismo (en lo que nos ocupa en este artículo, porque no fue el único sector a trabajar). Y esa reflexión arrojó la necesidad de aprovechar para la población esa oportunidad que brindaba el turismo, pero no basándolo en el puro crecimiento económico o de dividendos, sino en modelos más próximos al desarrollo endógeno, sostenible y social. No dar la espalda a lo que ya éramos, no perder sus raíces y sobre todo las riendas del desarrollo, pero conducir a la población a un modelo donde el perceptor de los dividendos, plusvalías, beneficios tanto económicos como sociales del turismo fuera la propia comunidad local.
Al ganar IU las elecciones de 1995, se optó por una reflexión estratégica para buscar un desarrollo económico local de la localidad basado en el turismo, entre otros sectores.
El Conil turístico no podía desarrollarse aparte de la sociedad local, debía coincidir, integrarse y beneficiarse mutuamente. No se trata de un crecimiento al azar, basado en un modelo mercantil, sino un modelo consciente, participado y muy planificado. No se trata de un “experimento”, o una “utopía”, aunque su gestión sea muy distinta a los destinos con similares resultados. El proceso de Conil se basa en una reflexión y sobre todo en un convencimiento, con una fuerte base ideológica, que el desarrollo, incluido el económico, basado en las potencialidades de un pueblo, debe ser ordenado para que el mayor perceptor de sus beneficios sea la comunidad local, y no industrias o grandes empresas deslocalizadas o que se regirán exclusivamente por criterios mercantiles de oferta y demanda y beneficios empresariales. Que el modelo en sí no excluye, sino que integra, pero siempre pensando en el objetivo principal ya mencionado.
Y en este planteamiento, la Administración del municipio tiene que estar en la dirección, pero con mucha implicación ciudadana, que debía protagonizar el proceso y el desarrollo. Y por supuesto preparar, e incluso decidir en lo posible, el espacio turístico. Decidir si debía coincidir con el ciudadano (nuestra opción) o generar espacios puramente turísticos y conurbaciones (que descartamos, aunque ya existían algunas anteriores al proceso). Y así lo hicimos, a través de estrategias como la planificación, y canales de participación como un Patronato de Turismo donde se integran empresarios/as, trabajadores/as, movimientos vecinales… y donde depositamos el encargo de facilitar ese entendimiento permanente entre el sector privado, mayoritariamente local fruto del propio proceso, y el público.
Puesto en marcha, este proceso lo que requería por parte del Ayuntamiento no era la sustitución de la iniciativa privada, sino todo lo contrario. Era ni más ni menos que eso, aportar herramientas a la población para que se organice y actúe de tal manera que pueda hacer una fuente de ingresos, desarrollo, y en resumen un modelo de vida, sostenible, de ese potencial comunitario que estaba suponiendo desde décadas atrás el turismo, y que lo haga pensando en su beneficio propio, como empresariado, pero también que supusiera un beneficio comunitario, no solo como empleo sino como generador de actividad, iniciativas, oportunidades y conocimientos.
En una primera etapa, todo el esfuerzo estaba dirigido a generar la iniciativa empresarial suficiente para conseguir que Conil fuera un destino turístico con servicios y potencial de primer orden, con plazas hoteleras de pequeños y medianos establecimientos (para lo cual sin duda el instrumento principal fue el PGOU) y una oferta turística basada en lo autóctono y diferencial. Y esta estructura, basada en la unión de lo micro para construir un destino, también nos ha permitido ser fuertes frente a una segunda “oleada” de deslocalización de beneficios y riendas de la oferta turística: las plataformas P2P, los grandes mediadores internacionales e incluso de la propia turoperación, que también sufría las consecuencias de la globalización empresarial de la oferta turística de destinos locales. Plataformas de intermediación con grandes dividendos y nula implicación y conocimiento del destino. La fortaleza de un destino basado en la construcción comunitaria ha permitido plantar cara a esos vaivenes del mercado “regulado” por esas grandes empresas. Incluso con iniciativas como Conil Hospeda, la unión de los alojamientos regulados más pequeños con el objetivo de evitar el desamparo frente a la sumisión a esas grandes e internacionales empresas intermediadoras y sus decisiones. Fortaleza que también ha influido en las consecuencias en el destino frente a la caída de grandes Turoperadores, donde algunos hoteles de mayor tamaño sí han sufrido consecuencias, pero el impacto en el destino, sin embargo, ha sido mínimo.
Es un modelo planificado y participado, no exento de problemas, pero que coloca a la ciudadanía, a la comunidad local, en el centro mismo de la órbita del desarrollo, como su gran beneficiario y protagonista.
Características del destino Conil, de la oferta y demanda turística, como esa planta hotelera distintiva (que con su configuración distintiva supone el segundo destino en número de camas hoteleras de Cádiz, el primero en pequeños y medianos establecimientos), la altísima fidelidad al destino, la autenticidad del mismo, la oferta de actividades y servicios basados en el potencial autóctono, la posibilidad de promocionar el destino de forma cohesionada, la colaboración entre administración y sector privado y también entre los propios empresarios incluso de distintos sectores, la potencia cada vez mayor de la gastronomía, historia, cultura, el enriquecimiento de los programas de estancia…. Nada de eso es fruto del desarrollo por sí mismo, nada es casualidad u oportunidad. Es un modelo planificado y participado, no exento de problemas, al contrario, vulnerable a alguno de ellos que hacen que jamás se pueda “bajar la guardia” y haya que repensar continuamente ante la aparición de nuevas situaciones. Pero que, a diferente de otros modelos, coloca a la ciudadanía, a la comunidad local, en el centro mismo de la órbita del desarrollo, como su gran beneficiario y protagonista.
Planificar protegiendo el territorio
Otro aspecto importante y que he mencionado antes fue el desarrollo del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) el cual ha repercutido directamente sobre el modelo de desarrollo social y económico de Conil. Nuestra fuerza política siempre ha defendido el desarrollo de los pueblos y ciudades sin que dicho desarrollo suponga un atentado contra el medio ambiente o se convierta en un desarrollo depredador del territorio. Por ello, en torno al año 2000 tomamos la decisión de desclasificar suelo urbanizable y convertirlo en suelo de especial protección y no urbanizable. De los 4 millones y medio de metros cuadrados urbanizables recogidos en las antiguas Normas Subsidiarias de Planeamiento en la zona del litoral de Roche, se desclasificaron 3 millones con la aprobación del nuevo PGOU, aprobado inicialmente en el año 2001 y aprobado definitivamente en el año 2005 pasando a suelo protegido forestal y litoral.
Los terrenos en cuestión son pinares en su mayor parte cercanos a la playa y limitan con el término municipal de Chiclana. Las características del terreno, sus especiales valores medioambientales y la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo nos llevó a tomar la decisión. Hubo quien nos acusó de estar en contra del desarrollo, de descapitalización de la empresa pública ROSAM (propietaria en su mayor parte de los terrenos), incluso un grupo de empresarios locales nos planteó un posible desarrollo de todos los terrenos.
La estrategia que nos marcamos fue reunirnos con colectivos sociales, asociaciones, entidades, etc., explicando nuestra postura, que no es otra que el desarrollo tiene que ser compatible con el respeto a la naturaleza, a nuestros recursos naturales y endógenos y remarcando aquello que Antonio Machado decía: «el necio confunde valor y precio». En una sociedad donde se busca el beneficio inmediato, algunas veces es difícil hacer entender decisiones como la nuestra.
El desarrollo tiene que ser compatible con el respeto a la naturaleza, a nuestros recursos naturales y endógenos y remarcando aquello que Antonio Machado decía: «el necio confunde valor y precio».
Por otro lado, en el otro extremo del término municipal, declaramos protegido el terreno que va desde el río Salado hasta el arroyo Conilete que limita con Vejer. Una amplia zona de playa virgen y el terreno adyacente que hemos declarado de especial protección paisajística. Desde el casco urbano de Conil hasta el límite de Vejer, la zona de Castilnovo o El Prado, no sólo queremos que esté protegida en nuestro planeamiento, sino que la Junta de Andalucía la declare Paisaje Protegido dándole una figura jurídica de protección mucho mayor. El pleno del Ayuntamiento de Conil así lo aprobó, sin embargo, la respuesta de la Junta de Andalucía, hasta ahora, no ha sido favorable a esta propuesta.
En aquellos momentos les resultó extraño que un Ayuntamiento quisiera blindar esta zona para que no se pueda construir en un futuro, o con otro Ayuntamiento de otro signo político. Las presiones urbanísticas en esta y otras zonas son tremendas, pero las estamos aguantando. La construcción continua en el litoral se rompe en Conil. Donde Novo Sanctipetri (Chiclana) termina sus últimos apartamentos, Conil empieza el suelo protegido, donde en el Palmar (Vejer) terminan sus últimas casas y hoteles a construir, en Conil empieza el suelo protegido.
Pero esto no quiere decir que en Conil no se construya, se están desarrollando sectores y Planes Parciales recogidos en el PGOU, y que están haciendo que Conil esté creciendo y además hagamos obras de infraestructuras y corrijamos equipamientos y zonas verdes y espacios públicos nuevos.
Algunos nos acusan de crear zonas verdes para los municipios limítrofes, no es así, lo hacemos por los que vivimos en Conil y que se beneficie quien nos visite, porque el futuro del turismo va ligado a zonas del litoral libres de edificación.
En Conil, no queremos ser modelo de nada, tenemos también nuestros problemas y contradicciones, sobre todo en el diseminado, pero en lo que se está llamando la crisis del modelo de crecimiento del litoral hemos aportado algo nuevo. Decía Granmsci que existe una crisis «cuando lo viejo ha muerto y lo nuevo no termina de nacer», en Conil hemos aportado un grano de arena para que nazca un modelo de desarrollo nuevo, sostenible. Pero desgraciadamente lo que es noticiable es lo contrario, los desmanes o escándalos urbanísticos.
Gestión directa de los servicios públicos
Desde el gobierno municipal de IU siempre se ha defendido la gestión de los servicios públicos de manera directa, y prácticamente todos son gestionados desde las diferentes delegaciones municipales sin que existan concesiones de los servicios públicos a empresas de servicios. Pero desde el año 2012, en el que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado restricciones a la oferta de empleo público, los Ayuntamientos han visto cómo su plantilla de personal no sólo se estancaba o se veía mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.
Si no se puede aumentar el Capítulo I de personal desde el año 2012 y además la tasa de reposición solo afecta a determinados sectores, difícilmente podemos dar respuesta al aumento de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesario la ampliación de la plantilla de personal, ya sea por la necesidad de incorporación de nuevas áreas en las que el Ayuntamiento ha de ejercer sus competencias, o bien, por la apertura de nuevos edificios municipales que necesitan la dotación de personal suficiente para su funcionamiento. Estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia turística y que tienen que prestar los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año 2012, como si la situación no hubiese variado desde entonces, aspecto que por los datos turísticos de los últimos cuatro años a nivel nacional ponen de manifiesto que la actividad turística se ha incrementado notablemente, y por lo tanto también la necesidad de aumentar los servicios públicos que se prestan a los residentes y turistas.
Al estar sujetos a la obligación de cumplir con la normativa vigente y las indicaciones al respecto en materia laboral recogidas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, cuya principal imposición es la de mantener las cuantías económicas recogidas en el Capítulo I, de gastos de personal de los presupuestos municipales, se está provocando una pérdida notable en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa de los ayuntamientos con las consecuentes repercusiones negativas en la calidad de los mismos.
Son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo, y sin embargo ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos, y por lo tanto son negativas para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario cambiar esta normativa a dar autonomía a los ayuntamientos para gestionar sus recursos.
Desde el gobierno municipal de IU siempre se ha defendido la gestión de los servicios públicos de manera directa, y prácticamente todos son gestionados desde las diferentes delegaciones municipales sin que existan concesiones de los servicios públicos a empresas de servicios.
En este sentido se hace necesario también afrontar una reforma de las haciendas locales. Tras 40 años de democracia local, aún no ha sido posible resolver definitivamente las carencias de nuestro actual sistema de financiación. Alcanzar un sistema estable y duradero para la financiación de la Administración Local sigue siendo uno de los retos más importantes de nuestros Gobiernos Locales. Para conseguir la suficiencia financiera que los Entes Locales necesitan, resulta imprescindible la reforma y mejora de las dos grandes fuentes financieras de los Gobiernos Locales, cuáles son los tributos propios y la participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, al tiempo que es necesario mejorar sustancialmente el sentido de responsabilidad en la gestión y control del gasto público y de los ingresos, así como la rendición de cuentas, y la generación de incentivos de todo tipo, promoviendo la mejora permanente de la eficacia, la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de los servicios públicos locales. Pero es obvio que ni el PP ni el PSOE han sido capaces de resolver esta y otras cuestiones que repercuten directamente en la gestión de los ayuntamientos.
Hemos asistido durante muchos años a una merma de la autonomía de los ayuntamientos, y como muestra, la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). Si tuviéramos que resumir lo aportado por la LRSAL durante estos años habría que hablar de auténtico fracaso, básicamente porque no se han esclarecido y se ha dado respuesta a los problemas del sistema político territorial y competencial de nuestro país ni tampoco se ha trabajado de manera contundente, clara y firme en la modificación y actualización de la Ley de Hacienda Locales (TRLRHL), hemos de recordar que la LRSAL tiene un carácter marcadamente económico, viene precedida de un contexto de crisis condicionada por la situación de déficit público del conjunto de administraciones y de un modelo impuesto por Bruselas cuya consecuencia fue la reforma exprés del artículo 135 de la constitución y la adopción de un paquete de medidas legislativas recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril , de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), la conocida como “Ley Montero” que nos venía a recordar que los ingresos del conjunto de administraciones públicas deberían ser igual que los gastos y donde las entidades locales que son las menos deficitarias tuvieron que pagar los “platos rotos” del déficit y sobredimensionamiento público de las comunidades autónomas y la propia administración general del estado.
En definitiva, multitud de cuestiones que son necesarias afrontar y que siguen sin que ningún gobierno haya sido capaz de afrontar los retos del municipalismo.
