La movilizaciones continuaron este miércoles en varias regiones de Perú para expresar su rechazo al Gobierno de la presidenta de facto, Dina Boluarte, en el marco de la primera jornada de huelga general indefinida por una Asamblea Constituyente, el cierre del Congreso y la libertad de Pedro Castillo.
Tras dos semanas de tregua, por el fin de año, la población de la región Puno retomó las acciones de protesta contra el Gobierno de Boluarte; una acción que es acatada por transportistas, comerciantes, gremios sociales y la ciudadanía en general.
Con la medida, no hay pase a la zona sur de la región, mientras que en la zona norte los piquetes de manifestantes han restringido el tránsito vehicular, de acuerdo a la información de medios de prensa locales.
La vía Puno-Desaguadero también fue bloqueada; mientras que un grupo de huelguistas se trasladó hasta el puente Internacional en Ilave, para bloquear esa área, siempre en reclamo de la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones.
En Huancayo, capital de Junín, se observó una masiva marcha que recorrió las calles bajo estrecha vigilancia policial:
En la provincia de Lampa un grupo de ronderos (gremio al cual pertenecía el depuesto presidente Pedro Castillo) acata esta medida; mientras que en la provincia de San Antonio de Putina se ha restringido el transporte hacia la ciudad de Juliaca.
En la ciudad de Puno se acata el llamado paro seco, no hay transporte urbano y estos anunciaron que la medida persistirá hasta el jueves.
En la ciudad de Juliaca se acata un paro total, no hay transporte urbano ni de unidades menores, la actividad comercial también fue suspendida en su totalidad y los manifestantes bloquean los diferentes puntos de esta jurisdicción.
Integrantes del magisterio se sumaron al paro y tras realizar un plantón en el centro poblado de Alto Puno, se movilizaron por las principales arterias de la ciudad.
“El magisterio no puede estar al margen de las luchas del pueblo, hacemos un llamado a todos los sectores a sumarse a este paro y a actuar de manera consciente sobre lo que pasa en el país”, dijo el secretario general del gremio magisterial en Puno, Reynaldo Villahermosa.
En Lima (capital), los manifestantes denunciaron que la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a quienes se encontraban en la plaza Manco Cápac de forma pacífica. Los agentes policiales los reprimieron cuando solo tenían pancartas y sus voces para expresar sus demandas y defender sus derechos.
En Arequipa, sectores de la población acudieron a la Plaza de Armas para sumarse a las movilizaciones, exigiendo elecciones para este 2023 y rechazando al Gobierno encabezado por Boluarte.
También realizaron un minuto de silencio por las personas fallecidas como consecuencia de la represión contra las protestas que se han registrado desde el pasado 7 de diciembre.
En Cajamarca y Ayacucho también salieron a protestar y reiteraron su respaldo al paro nacional.
En la región de Cusco varios sindicatos salieron a las calles para protestar, afirmando que Boluarte no los representa, así como para realizar bloqueos de carretera.
Denuncia constitucional contra Dina Boluarte y sus ministros por las muertes de la represión
La parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) presentó una denuncia constitucional en el Congreso de la República contra la presidenta de la república Dina Boluarte, por las 22 muertes ocasionadas por la represión militar represión militar y policial, durante las protestas de diciembre del 2021.
La denuncia fue tramitada el martes último. Según el documento, Dina Boluarte habría violado varios artículos de la Constitución, junto con el expremier Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola (ex Defensa y hoy Primer Ministro), César Cervantes (Interior) y José Tello (Justicia).
los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley, y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Sin embargo, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera participaban en las manifestaciones, como quedó en evidencia, con nitidez, en el caso de Ayacucho.
Además de las infracciones constitucionales, Ruth Luque denuncia a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal). La legisladora sostiene en su denuncia que Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes “contribuyeron en la perpetración de los ilícitos, en su condición de autores mediatos, al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas”.
El recuerdo de los asesinados por la represión, cuatro menores de edad, está presente en todas las movilizaciones, especialmente en Ayacucho, donde el 15 de diciembre policía y ejército asesinaron a 10 personas:
