«Algo huele a podrido en Dinamarca», le hace decir Shakespeare a Marcelo en el primer acto de Hamlet. La frase, que ha venido recorriendo los siglos como sinónimo de corrupción oculta, de podredumbre que se intuye y no se ve, podría aplicarse sin demasiada violencia a ciertas prácticas que se desarrollan en la Andalucía gobernada por el Partido Popular. No hablamos de Dinamarca, claro está, sino de Bidafarma, la mayor cooperativa de distribución farmacéutica del sur de España, con contratos millonarios con la administración autonómica. Y hablamos de Manuela Villena López, mujer del presidente andaluz, Manuel Moreno Bonilla, que ha ocupado diferentes cargos en el entorno de esta empresa en los últimos años.
Me parece adecuado aclarar desde la primera línea que este artículo no atribuye ninguna infracción penal. Sería jurídicamente temerario y periodísticamente deshonesto. Lo que hace es constatar un hecho objetivo (un hecho indiscutible) y preguntarse si ese hecho, en una democracia digna de tal nombre, no debería disparar ciertos mecanismos de control. Mecanismos que en nuestro caso permanecen mudos.
El caso es el siguiente: la mujer del presidente de la Junta de Andalucía ha ocupado puestos de alta responsabilidad desde hace años en el entorno de una empresa privada que contrata con la administración que preside su marido. Desde 2017 ha sido la gerente de Relaciones Institucionales de Bidafarma (la posición por la que saltó a la fama en las polémicas de la pandemia) y posteriormente fue nombrada gerente de la Fundación Bidafarma, el organismo de acción social vinculado a la cooperativa. Es un hecho público, notorio, comprobable. No es una filtración, no es un rumor. Es una verdad que cualquiera puede comprobar. Y es, desde el punto de vista objetivo, una situación que plantea un evidente riesgo de conflicto de intereses y que, en cualquier democracia con mínima higiene institucional, debería estar sujeta a un escrutinio público riguroso.
También conviene que el lector sepa que quien escribe estas líneas conoce a Bidafarma desde dentro. Durante diecisiete años trabajé en la Cooperativa Farmacéutica Andaluza (COFARAN), de la que llegué a ser Presidente de su Comité de Empresa, sin dejar en ningún momento el trabajo físico de mozo de almacén. Después de la fusión de muchas cooperativas de farmacia, continué deslomándome en Bidafarma. Y digo deslomarme en el sentido más literal de la palabra: me destrocé la columna y tras años en la unidad del dolor espero que las listas de espera del SAS me permitan operarme la columna vertebral. Conozco el sector, conozco la empresa y también sé lo que es dejarse la salud trabajando mientras otros hacen negocio con la sanidad pública. Por supuesto que, como demostración de lo que significa la lealtad de estos tipos mezquinos, sufrí un despido injusto por parte de la empresa que ella misma reconoció como improcedente una vez que yo ya tenía reconocida la incapacidad permanente.
El artículo 429 del Código Penal español tipifica el delito de tráfico de influencias. Para que se consumara, no bastaría un conflicto de intereses: habría que probar que la cónyuge utilizó su relación con el presidente para influir indebidamente en funcionarios o autoridades con el fin de beneficiar a su empresa. El comunista que firma este artículo no tiene pruebas de que eso haya ocurrido y, por tanto, no lo afirma. Pero avisa de que la sola existencia de ese vínculo coloca una lupa sobre cada contrato que reciba Bidafarma de la Junta. Cualquier reunión a puerta cerrada, cualquier correo electrónico o llamada de la gerencia a los funcionarios autonómicos debería estar bajo el escrutinio público. En cualquier democracia con mínima higiene institucional, una situación de tan altísimo riesgo de conflicto de intereses exigiría una transparencia proactiva e impecable por parte del Gobierno andaluz para descartar cualquier favoritismo.
Pero aún queda más. Porque aunque no hubiera delito penal (que no decimos que lo haya), la situación plantea serias dudas sobre el cumplimiento de las normas administrativas en materia de conflictos de intereses. La ley de altos cargos obliga a cualquier autoridad a abstenerse de intervenir en procesos que afecten a intereses de su cónyuge. Si el presidente andaluz participara en un Consejo de Gobierno en el que se aprobara un contrato para Bidafarma o su Fundación, podría surgir un deber de abstención cuyo incumplimiento constituiría una infracción muy grave. Y si la adjudicación del contrato fuera arbitraria, podría estar cometiendo un delito de prevaricación. Ese es el marco jurídico aplicable y las consecuencias que podrían derivarse si llegaran a acreditarse esos supuestos.
Pese a todo ello, no me consta que Manuela Villena López haya sido investigada penalmente, imputada ni condenada por ningún delito. Cabe preguntarse si, en un contexto político distinto, el tratamiento habría sido el mismo. La reflexión sobre el diferente rasero mediático y judicial según quién sea el señalado no es nueva: a otras figuras se les ha sometido a un escrutinio mucho más severo por hechos de menor entidad. Pero no es el caso. No consta públicamente la apertura de investigaciones penales relacionadas con estos hechos. Da la impresión de que la derecha andaluza se desenvuelve en un clima de impunidad que contrasta con el celo que se aplica a otros. No porque se haya acreditado ninguna irregularidad, sino porque una situación objetivamente susceptible de generar conflictos de intereses merece un escrutinio mucho mayor del que ha recibido.
De ahí lo de Dinamarca. Porque el olor a podrido no está en lo que se ve, está en lo que no se investiga. Está en la naturalidad con que la anormalidad se convierte en rutina. Un viejo camarada mío solía decir que España no es un Estado de Derecho: es un Estado de Derechas. Y en este Estado, los señoritos del cortijo y sus perros cortijeros siguen haciendo lo que les da la real gana.
Algo huele a podrido en Bidafarma. Y no es precisamente un medicamento caducado.
