Alejandro Escribano Bello-Morales lleva viviendo sus veinticinco años en la calle Ventura de Argumosa de San Fernando de Henares. Allí hunde sus raíces desde que sus abuelos se instalaron procedentes de Castilla la Mancha a principios del siglo XX, aunque su abuela es nativa del entonces pueblo. Este joven se encontraba dedicado a sus estudios de la historia de Roma, cuando las grietas empezaron a romper la casa en la que vivía con su madre y su hermano.
Restando tiempo a sus estudios, Alejandro se ha convertido en los últimos tres años en uno de los portavoces del drama de San Fernando, por mor de su trabajo con los vecinos afectados a través de la Plataforma de Afectados de la Línea 7B del Metro (PAML7B), organización que ha movilizado a miles de vecinos en demanda de una solución justa que resumen en el eslogan “Una vivienda digna por una vivienda digna”, una movilización que ha puesto en solfa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ha visto obligada a dejar la política nacional y tener que responder de este problema que sí es de su incumbencia.
Ayuso ha acusado a los miembros de la Plataforma de Afectados de vivir de esta actividad. ¿Es cierto?
Creo que ese es el discurso de la Comunidad de Madrid para cualquier conflicto que tiene. Vale para los médicos, los taxistas y nosotros. Obviamente esto es falso. La Plataforma de Afectados está constituida por afectados, por vecinos que tienen o han tenido problemas. Somos un activo vecinal para poder exigir a la CAM una solución.
¿Cuánto cobráis?
(Risas) Lo único que cobramos son insultos por parte del Partido Popular y muchas notas de prensa poniéndonos verdes.
En la cena de Navidad que celebró en Coslada con los militantes del PP, os acusó de ser enviados del PSOE.
Sí. Eso fue el día 29 de diciembre. El día 26, habían desalojado de forma exprés a 4 familias de un edificio de la calle Rafael Alberti. Ese mismo día hicimos una concentración en la calle denunciando que esto no podía seguir pasando, que los desalojos exprés tenían que acabar, y ahí nos enteramos de que la presidenta de la Comunidad iba a hacer una cena de gala mientras a nuestros vecinos les echaban de sus casas. Todo un cuento de Navidad. Entonces decidimos presentarnos allí y, en un ambiente dantesco, la corte que estaba esperándola nos dedicó todo tipo de improperios, nos insultaron, nos llamaron muertos de hambre y nos gritaron que fuésemos ahorrando para comprar una vivienda. Pura empatía. Nuestra sorpresa es que luego nos enteramos de que en la cena había dicho que los que estábamos allí éramos del Partido Socialista, cuando éramos, todos, vecinos afectados, cada cual con la ideología o militancia que tenga a bien tener, y que está en su derecho, pero, insisto, éramos todos vecinos afectados. Ella sí es política y sí cobra y vive de la política. Y probablemente habría algún exvotante del PP en esa protesta.
¿Qué es la Plataforma de Afectados?
Es lo que su nombre dice. Una organización de afectados, de vecinos que tienen problemas en sus viviendas por culpa de las obras del metro, que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Somos simplemente eso: un activo vecinal y un revulsivo. Hay gente de muchas ideologías y tenemos el apoyo de una amplia gama de partidos políticos que han entendido que hay que defender que no se hunda el municipio en el que todos vivimos, pero que se resume en una protesta de personas que han perdido su casa y que reclaman lo básico: una casa como la que tenían; ni más ni menos. Que nos devuelvan lo que nos han quitado con los daños y perjuicios que resulten. No debería ser muy difícil de entender. Estoy convencido de que si fuésemos del barrio Salamanca esto ya se habría solucionado. Y somos tan madrileños como los del barrio de Salamanca. Llevamos 15 años de sadismo, de abandono, de destrucción del municipio, servicios públicos que se han perdido como la Escuela Oficial de Idiomas, edificios históricos que se van a derribar. Se pide una solución integral al problema y parece que no se entiende que queremos las cosas tal y como estaban antes de la obra del metro y que pongan los medios que hagan falta.
Escuchando a Ayuso y sus subalternos, parece que tendríais que tener el carnet del PP para poder exigir una solución a vuestro drama.
Es increíble. Hacen lo mismo con los sanitarios o los taxistas. Ella, que es política y cobra de la política, intenta sembrar dudas sobre unas personas que peleamos para que se nos dé una casa similar a la que nos ha destrozado la irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos de la Comunidad. Ella, como máxima responsable de este desastre, tiene la obligación de dar una solución justa a los vecinos. No estamos hablando de caridad ni de limosna. Estamos hablando de Justicia con mayúsculas. La Comunidad de Madrid ha destruido mi casa y la Comunidad de Madrid debe garantizarme una casa similar y resarcirme por los daños causados. Y debe hacerlo con los más de 70 expedientes de demolición actuales y con los que pudiera haber en el futuro.
Dos días después de la cena de Ayuso, los bomberos tuvieron que desalojar de urgencia un edificio. Las fotos de los viejecitos arropados con mantas en la calle en plena noche eran dignas de un cuento de Navidad de Dickens.
En septiembre, cuando iniciaron las obras de consolidación (inyecciones de hormigón a varios de metros de profundidad mediante maquinaria pesada que provoca, además de un ruido infernal, vibraciones en los edificios colindantes) ya entonces pedimos, la PAML, que no se hiciesen las obras con vecinos dentro, que se les facilitasen alquileres en viviendas similares mientras durasen las obras. En este tiempo hemos visto cómo han surgido daños en estas viviendas. Hay edificios en los que han tenido que poner puntales. La Comunidad de Madrid no ha querido escuchar hasta que ese día los vecinos del número 8 de la plaza del Trébol se llevaron un susto de muerte. Escucharon un crujido en la estructura, algunos vieron como en cuestión de segundos se les rajaban las paredes y otros se encontraron que se les descuadraron las ventanas y las puertas. Las 24 familias afectadas, todos, ancianos y niños incluidos, salieron con lo puesto a la calle de noche pensando que la casa se les caía encima. Llamaron a los bomberos y estos dijeron que se les realojase. Al día siguiente, la Comunidad ha dicho que son daños leves y que no pasa nada y los vecinos han tenido que volver a sus casas con toda la incertidumbre que cualquiera puede imaginar. Todo ello sin que exista ningún informe técnico que acredite su seguridad.
¿Por qué se niega la CAM a realojar a las familias durante las obras?
La Comunidad de Madrid intenta hacer ver que no pasa nada y a nosotros intentan descalificarnos tachándonos de alarmistas. Pero tenemos la experiencia de haber visto cómo en otras ocasiones han dicho que el edificio está bien y de la noche a la mañana han llegado y lo han desalojado sin que la gente haya podido sacar sus cosas. También hemos visto cómo las obras han roto tuberías de gas y han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma. No entendemos que tengan que vivir con riesgos innecesarios. El problema es que no tienen presupuesto. No han querido poner medios y ahora van improvisando, intentando que este problema se silencie como mínimo hasta mayo, hasta que pasen las elecciones.
Tras el éxito de la manifestación en Sol del día 8 de enero, Ayuso asegura que ya ha puesto encima de la mesa el dinero para indemnizar la destrucción de vuestras casas.
Esto tiene su miga porque hay tres versiones en menos de dos días. Primero, el martes 10, sale Ayuso diciendo que hay 122 millones de euros para los afectados, una cifra muy similar a la que dio el Gobierno de España para La Palma. Al día siguiente aparece en Alcobendas diciendo que el presupuesto máximo que les permite la ley son siete millones de euros para indemnizar a los afectados. Esto es falso ya que no tienen un tope legal. Pueden presupuestar como les dé la gana. Al día siguiente, el consejero de Transportes, después de diez días de silencio (ni siquiera apareció el día del desalojo exprés de la Plaza del Trébol) plantea que, de repente, los márgenes legales de la Comunidad han cambiado y pasan de siete a catorce millones de euros.
Qué raro…
El juego de cifras es grotesco y lo que traslucen estas contradicciones entre ellos mismos es que están mintiendo, que están jugando con nosotros, que Ayuso está intentando engañar a los vecinos de San Fernando y también a los madrileños. Es mentira que no hay margen legal para presupuestar esto. En tres días hemos visto que esos márgenes los cambian cuando les da la gana. Además, hay otra curiosidad. Si cuando habían presupuestado 7 millones las indemnizaciones iban, según ellos, de 135.000 euros a 335.000, cómo es posible que, con el doble sigan siendo lo mismo. Qué misterio es este: se duplica el presupuesto, pero las indemnizaciones siguen siendo las mismas. Todo muy turbio.
¿Es suficiente el nuevo baremo que han puesto sobre la mesa?
La Consejería plantea ahora indemnizar por encima del valor de mercado pagando el metro cuadrado a 2682 euros. Esto sigue siendo insuficiente. Con esas indemnizaciones no se puede comprar una casa como la que teníamos. Una vivienda de 90 metros cuadrados, como es mi caso, hoy no se puede comprar con esa cantidad en San Fernando. Pero, además, tienen que aclarar si en esa cantidad ¿están incluidos los daños y perjuicios ocasionados? ¿Están contemplados los bienes muebles destrozados o los gastos de mejora realizados? ¿Están contemplados los daños psicológicos? Hay muchos elementos que no están claros. El documento que ha sacado la consejería dice que va a haber 74 millones en indemnizaciones porque mete los 14 millones de los que he hablado dentro de un paquete de reestructuración con elementos del Canal de Isabel II que no tiene nada que ver con nosotros. En mi opinión están dando rodeos para intentar indemnizar lo menos posible comportándose como si fuesen una compañía de seguros usurera y no como los responsables de hacer justicia, reparando lo que han roto.
Y ante esto, ¿qué piensa hacer la Plataforma?
Lo que se está planteando no cubre las necesidades de las familias. Esa es la batalla que tenemos ahora mismo desde la Plataforma: hacerles entender que tienen que dar las cantidades que hagan falta para que la gente pueda recuperar lo que tenía. Ni más ni menos.
Y una compensación por los daños padecidos, entiendo.
Por supuesto. Hay familias que han sido desalojadas hasta cuatro veces, que se les han roto bienes muebles, que se han gastado un dinero en reformar unas viviendas que se han derribado o se van a derribar, de impuestos pagados por una casa que no pueden disfrutar. Habrá que calcular el daño, el lucro cesante, sufrido por los comercios afectados. Además, comprar una nueva vivienda nos va a costar nuevos impuestos, me temo. Pero insisto, nosotros no queremos hablar de cuantías, queremos una llave por una llave, una vivienda por una vivienda, un comercio por un comercio más los daños y perjuicios que correspondan.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a negociar la Comunidad de forma colectiva o intentará hacerlo de forma individual vecino por vecino?
Van a apostar por la atomización. No van a querer sentarse a negociar con la Plataforma porque saben que eso da fuerza a las demandas de los vecinos. Ya han dicho que llamarán a los vecinos de forma individualizada porque cada caso es concreto. Que cada caso es concreto es una obviedad, pero eso no significa que la Comunidad no tenga que atender a una serie de demandas globales y la vivienda por la vivienda es una demanda global.
¿La propuesta de Ayuso solo afecta a las viviendas en derribo?
Lo han dicho: este presupuesto es únicamente para las viviendas y negocios derribados o en proceso de serlo. Es decir, solo se atendería a 77 expedientes. El resto de las viviendas afectadas (más de 600) se quedan fuera a pesar de que el proceso de deterioro no solo no cesa, sino que se expande.
La plataforma exige un plan integral. ¿En qué consiste?
El plan integral ya existe. Fue aprobado en diciembre de 2021 por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a través de una proposición no de ley, con el voto de todos los partidos de la Cámara, incluido Vox, a excepción del PP, que se abstuvo. Fue a partir de una iniciativa de la Plataforma que los partidos de izquierda (Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid) modificaron y presentaron a la Cámara. En ese texto se contemplan todos los escenarios posibles: demoliciones, realojos dignos, reparaciones de daños, una auscultación a gran escala del suelo de San Fernando. Esto ya se había dicho en 2019. El actual director de infraestructuras, Miguel Núñez, firmó un documento que señala todas y cada una de las calles con portal y piso que se tenían que auscultar por parte de la Comunidad de Madrid. La mayoría son calles exógenas a la zona cero. No se ha hecho. El plan integral incluye precisamente esas veinte calles y no solo las cinco de la zona cero. Es indecente que solo se quieran reconocer las casas que se han derribado o se que ya están marcadas para derribar cuando se sabe perfectamente desde 2019 que hay casas afectadas a las que no se les ha hecho ningún caso.
Entonces, si se aprobó el plan, ¿por qué esta situación?
Muy sencillo. Porque lo siguiente era aprobar una partida presupuestaria. Y el 23 de diciembre de 2021, una semana después de aprobarse la proposición, el PP y Vox votaron en contra de asignarle una partida en los presupuestos, dejando el plan sin financiación.
¿Pensáis que la solución sigue pasando por ahí?
Sí. Un plan integral acompañado de una ley autonómica que agilice la tramitación y los plazos y que apruebe una dotación económica para un problema excepcional como es este. Es lo que se hizo en El Carmel de Barcelona. Es importante que se agilice porque las familias no pueden esperar. No pueden estar un año viviendo del aire. Hay comerciantes que llevan 16 meses sin ingresos, con el comercio derribado y no se les ha dado nada, ni siquiera el lucro cesante. Nada. Tienen que pelearlo ahora en los juzgados. Nuestro deseo es, en la medida de lo posible, evitar la senda jurídica mediante un acuerdo con la Comunidad de Madrid, que es lo saludable para todo el mundo.
¿Por qué?
Porque la vía jurídica es un coste previsiblemente alto y estamos hablando de familias trabajadoras, humildes, que ya están haciendo un esfuerzo enorme por la situación. Familias que están pagando hipotecas por casas que han sido o van a ser derribadas o que están agrietadas o familias que se han tenido que buscar un alquiler fuera del municipio. Además, el proceso legal no hace sino alargar el tiempo de incertidumbre que ya estamos viviendo. Por eso, desde la Plataforma creemos que lo mejor es conseguir un acuerdo satisfactorio sobre la base del plan integral aprobado en su día.
¿Crees que el Gobierno de la CAM está por la labor?
No. Ya han dicho que o se aceptan las cantidades que han dicho o que los vecinos vayan a los tribunales. Es lo más parecido a una extorsión. Estamos hablando de someter a los afectados a un proceso judicial de años frente a una administración que tiene abogados, que tiene recursos y que parece que los va a emplear no para satisfacer las necesidades de los ciudadanos sino para, obligar a las familias más humildes a aceptar sus condiciones por la sencilla razón de carecer de dinero. Hablamos por ejemplo de pensionistas. Si no lo impedimos, van a aplastar a los más débiles económicamente. Esa es la jugada y por eso tenemos que pelear. Para impedirlo. Es una cuestión de voluntad política.
Todo apunta a que las próximas semanas van a ser decisivas.
Sí. Absolutamente. Por eso es fundamental que en este momento seamos capaces de presionar y hacerle ver a Ayuso que nos va a tener en su chepa si esto no se resuelve con justicia. Ese es nuestro pecado: ser un instrumento de presión colectiva en defensa de los vecinos y del propio municipio.
Supongamos que ahora la Comunidad zanja los 77 expedientes de las casas y locales en derribo. ¿qué pasa con las 500 viviendas que ya tienen daños y que pudieran verse abocadas a un futuro derribo?
Precisamente por eso es tan importante el plan integral. Ahora solo se van a resolver 27 expedientes. El resto los dejan para después de las elecciones. No quieren que este tema esté en la campaña electoral. La Plataforma lleva años diciendo que hace falta una medida excepcional que se resume en una ley autonómica y un plan integral que dé garantías a todos: a los vecinos y comerciantes en derribo, a los que puedan serlo en el futuro y a las instalaciones de servicios afectadas. San Fernando es hoy La Palma, aunque la causante de nuestra desgracia no sea la naturaleza, sino las ambiciones de poder de Aguirre y Ayuso sumadas al ansia de beneficios de Florentino Pérez. Ayuso perdió el culo para solidarizarse con los vecinos de La Palma y tardó menos de dos meses en ir allí. Ha tardado tres años en venir a San Fernando y lo ha hecho de tapadillo. El Gobierno de coalición de España, ese que tanto ataca Ayuso, puso el dinero necesario para resarcir a los damnificados del volcán. ¿Quién le impide a la presidenta de la Comunidad de Madrid hacer lo propio cuando se lo están pidiendo los partidos de la oposición de izquierdas?
¿Por qué este empeño de Ayuso en rechazar un plan integral que indemnice a los derribados y además tranquilice al resto de los vecinos de San Fernando, los 600 que ya tiene grietas en sus casas y los que viven en el temblor de que les aparezcan?
Pues muy probablemente porque no somos de los suyos, con los que ya hemos visto lo generosa que puede llegar a ser. Porque no somos del barrio de Salamanca. Es así de triste y así de miserable. Y yo sólo espero que los vecinos de San Fernando sepan responder como merecen. Sin violencia, como tanto nos quieren acusar, pero con contundencia. Las próximas semanas son cruciales. Nos jugamos muchísimo. Nos va la casa en ello, en nuestras indemnizaciones y en el futuro del municipio.
