Cuando aún no ha terminado la polémica por el ataque de la extremaderecha a las mujeres de Castilla y León, resulta que Vox tenía otra sorpresa reservada: la Consejería de Industria, en manos del partido ultra, ha decidido suprimir la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), el organismo que media entre las empresas y los sindicatos cuando hay un conflicto laboral. Es quien negocia entre una empresa y los trabajadores cuando, por ejemplo, hay un problema que puede acabar en una huelga o una manifestación. Pero no solo media en conflictos colectivos, sino que también entra si un trabajador, a título personal, tiene un enfrentamiento con su empresa.
Este organismo que existe en todas las comunidades autónomas tiene datos que avalan su utilidad, pues evita que cientos de conflictos laborales acaben en los tribunales. Solo el año pasado resolvió más de 3.500 casos, el número más alto de toda su historia. De no haberlo hecho, muchos de ellos habrían acabado colapsando aún más los juzgados. Ahora cesará su actividad al dejar de contar con financiación a través de los presupuestos autonómicos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reaccionado al cierre del SERLA en Castilla y León, tildando de “muy mala noticia” la medida tomada por Vox en la Junta de Castilla y León, además de señalar que la decisión “atenta contra el Diálogo Social” a la par que ha apuntado que el organismo cumple un “papel clave” en “la mediación y resolución de conflictos laborales”. «A la extrema derecha le molesta la democracia, los derechos laborales y el trabajo de los sindicatos y empresarios», ha apuntado la ministra.
Por su parte Enrique Santiago, Secretario General del Partido Comunista de España y diputado de Unidas Podemos, ha señalado que «El odio del PP y VOX al trabajo les hace acabar con el SERLA, organismo de mediación laboral para resolver conflictos y evitar la saturación de la justicia», y recordado que la entidad con tan solo 7 empleados gestionó 4.500 conflictos laborales individuales y 341 colectivos en 2022.
Alerta el líder comunista que «PP y VOX no reconocen ni la legalidad ni la legitimidad de la representación sindical o patronal, y desmantelan las políticas públicas de relaciones laborales, prevención de riesgos, igualdad y formación para el empleo».
CC.OO. y UGT, han pedido al Ministerio de Trabajo que intervenga
Las organizaciones sindicales de CCOO y UGT de Castilla y León se han dirigido por escrito al Ministerio de Trabajo para que “actúe de forma rápida y contundente” con el fin de evitar la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León. En el escrito apelan a la necesidad de que el Ministerio intervenga en defensa de la legalidad y la Constitución violentada de forma clara por la actuación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León. «No en vano, la Constitución articula mecanismos para que el Gobierno requiera el cumplimiento de la legislación como ya ha quedado demostrado con el protocolo anti abortista», recuerdan los sindicatos de clase.
Desde UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales y ello conlleva el incumplimiento de varias normas esenciales. «Entre ellas, podrían enumerarse derechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal», denuncian.
