Cuando al Partido Popular (PP) le interesa, sobreactúa acusando a los demás de incumplimiento de la Constitución, esa que ellos nunca votaron a favor, a la vez que la incumplen reiteradamente cada vez que pueden obtener ventaja política. El PP ha incumplido la Constitución al menos cada vez que no ha tenido mayoría parlamentaria. Así, ha organizado los tres bloqueos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hemos vivido desde la llegada de la democracia. En 1995, ocho meses de bloqueo. En 2006, dos años. Y desde 2018 hasta hoy, más de cuatro años. Bloquear la renovación del CGPJ, coordinadamente con la derecha judicial, le ha permitido al PP mantener el control de la Justicia durante años, efectuando los nombramientos de los presidentes de audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia de comunidades autónomas, controlando los nombramientos de los integrantes de las distintas salas del Tribunal Supremo, como estuvo bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional (TC). El PP consigue así mantener una mayoría conservadora que no se corresponde con la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos.
Una mayoría parlamentaria surgida de un proceso electoral nunca puede ser ilegítima en democracia
Ahora el PP también ha controlado políticamente el TC para derogar o modificar desde este Tribunal la abundante producción legislativa del gobierno de coalición de izquierdas, leyes que han ido aumentando los derechos y libertades de los ciudadanos, y construyendo un escudo social desde el inicio de la pandemia.
Estado de Derecho, ‘lawfare’ y sonrojo
El pasado 19 de diciembre el TC, máximo órgano de garantías constitucionales, tomó una decisión jurídica y políticamente injustificable, nunca adoptada en nuestra democracia: impidió a las Cortes Generales llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la norma que regula competencias y funcionamiento de ese tribunal. En una actuación que carece de sustento legal en nuestro ordenamiento, el TC incumplía el artículo 66.3 de la Constitución -que declara la inviolabilidad de Congreso y Senado- y su propia y reiterada jurisprudencia.
Que el TC adoptara este acuerdo, más propio de un estado de excepción, sin oír a las partes afectadas -al Congreso y el Senado- y sin molestarse en escribir fundamentación jurídica alguna, también rompe las reglas más básicas del Estado de derecho y de una democracia. Por toda fundamentación, solo un párrafo que menciona, sin argumentar su aplicación, una norma de procedimiento no aplicable a las tramitaciones parlamentarias. Además, el TC decidió la suspensión de un procedimiento legislativo sin tener ninguna competencia para ello. El denominado «recurso previo de inconstitucionalidad» se podía interponer contra procedimientos legislativos en curso hasta su derogación en 1985. Es decir, el TC solo tiene competencia para examinar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas o para verificar la constitucionalidad de procedimientos legislativos que afectan a tratados internacionales o Estatutos de Autonomía.
Hay organizarse para defender la democracia amenazada por una derecha sediciosa atrincherada en poderes del Estado sin legitimidad ni mandato para ello
Que el riguroso escrito de los servicios jurídicos del Senado de España, que reclamaba al TC la reanudación de su actividad legislativa, fuera rechazado con una sola frase en la que no se cita ni una sola norma, no solo incumple la legalidad, sino que evidencia la tosquedad y nula calidad jurídica de este «golpe de estrado» organizado por el PP. Una vergüenza para nuestra Justicia y un bochorno ante la Comunidad Internacional.
No hay precedentes en cuarenta y cuatro años de democracia de una actuación por parte de un órgano jurisdiccional que atente tan gravemente contra la separación de poderes y, en concreto, contra las competencias de la sede de la soberanía nacional. Además, lo hizo un Tribunal con un tercio de sus integrantes con el mandato vencido, entre ellos el Presidente González-Trevijano y otro magistrado, Narváez, que habrían cesado de inmediato al entrar en vigor la reforma legal que ellos impidieron.
El TC ha causado un daño irreparable al Legislativo -el único poder del Estado elegido directamente por los ciudadanos- al impedir la actividad del Senado cuando éste no había concluido el proceso de reforma de la LOTC y por tanto podían haberse modificado, aprobado o rechazado nuevas enmiendas.
Cualquier tribunal tiene que actuar con neutralidad e independencia, pero el TC lo hizo sin la apariencia de imparcialidad exigible.
La derecha política -PP y VOX-, la mediática y la judicial justifican la utilización política de la justicia diciendo que estamos ante un intento ilegal de cambiar las leyes, como si acaso la mayoría parlamentaria no tuviera la legitimidad de modificar leyes o aprobar otras nuevas. Una mayoría parlamentaria surgida de un proceso electoral nunca puede ser ilegítima en democracia.
Denuncian un intento de este gobierno para perpetuarse en el poder, exactamente lo que ellos hacen en la Justicia desde hace cuatro años impidiendo la renovación del CGPJ.
La derecha actúa como si las instituciones fueran propiedad privada de las minorías poderosas y privilegiadas
La derecha deteriora la democracia actuando al margen de la ley. Es un insulto a la inteligencia que el PP acuse a la actual mayoría parlamentaria de politizar la Justicia por exigirle cumplir lo que establecen la Constitución y la Ley, la renovación del Consejo del Poder Judicial. A ese secuestro de órganos constitucionales mediante el bloqueo de su renovación han añadido ahora una vía de hecho judicial -una decisión que transgrede el orden jurídico de forma ostensible- para impedir a las mayorías parlamentarias aprobar leyes y gobernar cada vez que una ley afecte a sus intereses de clase o a sus históricos privilegios. Es el más grave ataque a la democracia desde el intento de golpe de Tejero en 1981. Frente a este ataque permanente a las decisiones emanadas de la soberanía popular por parte de una derecha acostumbrada en España a anular las instituciones democráticas cada vez que ha visto en riesgo su poder, debemos utilizar las armas de la ley, la justicia y la democracia. Continuaremos recurriendo en los tribunales españoles y europeos decisiones a todas luces arbitrarias e inconstitucionales. Impulsaremos modificaciones legislativas para preservar la inviolabilidad de las Cortes Generales -la única institución que representa la soberanía nacional y es elegida por votación popular directa-; para impedir el bloqueo y apropiación de los poderes del Estado por quienes no han sido elegidos para dirigir esos poderes públicos; para impedir que esta actuación arbitraria consolide precedentes; y para que nunca más padezcamos una vía de hecho judicial que sustraiga las instituciones del control democrático.
Pedimos a los hombres y mujeres de este país, a las personas trabajadoras, a las organizaciones sociales y sindicales, a las instituciones democráticas, que se organicen para defender la democracia amenazada por una derecha sediciosa atrincherada en poderes del Estado sin legitimidad ni mandato para ello. Una derecha que actúa como si las instituciones fueran propiedad privada de las minorías poderosas y privilegiadas. El pueblo español valora la democracia porque nadie se la ha regalado, porque en los cortos periodos de nuestra historia en que hemos podido disfrutarla la hemos conseguido luchando contra la derecha conservadora que solo la ha aceptado cuando no ha tenido más remedio.
