Joaquim Bosch (Cullera 1965) magistrado y ex portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, es autor de uno de los libros de ensayo más vendidos en los últimos meses: La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España. En él cuenta que aunque la corrupción en España viene de muy antiguo, es en la dictadura de Franco cuando adquiere dimensiones institucionales que continúan hasta la actualidad. Asegura que si se aplicasen las reformas estructurales necesarias contra la corrupción para elevar nuestra calidad institucional, España incrementaría en un 20% su PIB per cápita en un periodo de quince años. En su anterior libro, escrito con el periodista Ignacio Escolar, El secuestro de la justicia: Virtudes y problemas del sistema judicial, explica que el sistema judicial está en crisis y que ese deterioro afecta profundamente a nuestra democracia. “En una escalada sin precedentes, las injerencias políticas son muy visibles, se concentran en la cúpula judicial y son especialmente peligrosas en los casos de corrupción”. El libro se publicó en 2018 pero el deterioro ha continuado. El pasado 18 de diciembre, a la espera de que el Tribunal Constitucional decidiera si iba a paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, en su columna de opinión en Eldiario.es, que tituló Estado de excepción judicial, alertaba de que el Tribunal Constitucional no podía impedir que las leyes se aprobasen “porque supondría una extralimitación muy peligrosa de sus competencias que generaría un enorme daño al sistema democrático”.
Ese día, el Tribunal Constitucional se pronunció impidiendo la tramitación de la ley en el Senado. Bosch escribió en su cuenta de twitter: “Por primera vez en nuestra historia, los representantes democráticos ven suspendida parcialmente su actividad legislativa. Es un efecto más del bloqueo partidista de la cúpula judicial. La decisión del Tribunal Constitucional es un precedente peligroso para la democracia”.
¿Por qué la decisión de Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la ley que iba a forzar la renovación de ese órgano caducado y de su presidente, marcaba un precedente peligroso para la democracia?
Es un precedente muy peligroso porque supone una injerencia muy intensa en las atribuciones del poder legislativo. Y no olvidemos que esas funciones son esenciales para los representantes de la soberanía popular, que son elegidos democráticamente por la ciudadanía. Por eso, cualquier tipo de injerencia de ámbitos externos, sin unas competencias suficientes, abren caminos para el futuro de cierto riesgo. Pensemos, por ejemplo, lo que está pasando en algunos países de Latinoamérica donde ha habido sectores judiciales de todo tipo que han llegado a practicar interferencias importantes. En nuestro país no se ha llegado a esos niveles. Pero si se van abriendo precedentes de este tipo puede llegar a haber conflictos en el supuesto de que los representantes democráticos impulsen medidas y que sean frenados por otros organismos no elegidos democráticamente que no tienen competencias para hacerlo. Corremos el riesgo de que esto pueda tener algún tipo de continuidad no sólo en el Tribunal Constitucional sino en otros ámbitos.
El Tribunal Constitucional no es el único que se ha atrincherado para impedir su renovación, la derecha política y judicial tiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años. ¿Cómo se puede entender que la máxima cúpula del Poder Judicial esté actuando contra su mandato constitucional?
El bloqueo de hace más de 4 años del CGPJ, que está caducado y en funciones, es un síntoma muy alarmante de una auténtica batalla partidista por el control de la cúpula judicial. Un control que ha ejercido fundamentalmente el principal partido de la oposición, el PP, porque este bloqueo les ha beneficiado; y se empeñan además en mantenerlo con todo el riesgo de que continúe hasta las próximas elecciones generales, ante la previsión de que haya un cambio político y de que, por tanto, no haya ningún tipo de renovación en el Consejo de la Judicatura. Y este es un problema muy complejo que afecta al conjunto de nuestro sistema institucional, como se ha visto en el conflicto en el Tribunal Constitucional. Todo nuestro sistema de contrapesos a través de órganos constitucionales está muy viciado por la colonización de los principales partidos; y esta es una seña de identidad muy cuestionable de nuestro sistema democrático. Ahora ha explotado con el bloqueo del CGPJ y con lo que ha pasado en el TC.
Este bloqueo está afectando a leyes muy importantes de este gobierno que esperan la aprobación de Tribunal Constitucional para entrar en vigor, como la ley de la eutanasia, la ley del aborto y la reforma educativa, leyes contra las que las derechas se ha posicionado.
Creo que el problema es mucho más grave que todo eso. Incluso me sorprende que desde el ámbito político no se analice con más profundidad. El problema de que en nuestro país no funcionen los órganos de contrapeso es que esto permite a sectores políticos, pero especialmente a los económicos, tener espacios de ventaja y de acceso a organismos que pueden tomar decisiones muy importantes. Digamos que la función del poder judicial y de otros contrapesos es impedir que haya abusos de poder en el ámbito político, económico o social o en otros territorios. Si esos espacios de contrapeso están colonizados por los partidos políticos se permiten injerencias potenciales de todo tipo y dificultan que hayan espacios de contrapoder para impedir dichos abusos y privilegios.
«Todo nuestro sistema de contrapesos de poder a través de órganos constitucionales está muy viciado por la colonización de los principales partidos«
Y este es el problema que en nuestro país no se acaba de afrontar ni tampoco de entender. Se resuelve con un argumento facilón basado en la idea de que como los políticos representan a los ciudadanos, ellos pueden ocupar también los órganos de contrapeso. Eso es muy peligroso porque precisamente esos espacios de vigilancia y control institucional sirven para evitar que los poderosos y el poder político puedan excederse en el uso del poder. El problema de fondo es que en nuestro país no existe un sistema de equilibrios institucionales.
Europa nos llama la atención sobre la falta de cultura de la independencia judicial de nuestro país y los intentos de los partidos de influir en la composición y el funcionamiento de las instituciones judiciales. Y, además, la vinculan con la corrupción política.
Los organismos europeos, principalmente el Consejo de Europa, reprochan a España, con toda la razón, que los principales partidos han colonizado los espacios de contrapeso. Y dicen que ésta es una de las razones que explican los elevadísimos niveles de corrupción política en España. Se refieren al CGPJ, a la falta de criterios objetivos para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores autonómicos, del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía General del Estado…de los altos tribunales del país. Y lo que nos dicen los organismos europeos es que esto hay que relacionarlo con otras debilidades de los sistemas institucionales; por ejemplo, y de lo que se habla poco, los aforamientos. Si hay tantas presiones para controlar los altos tribunales es porque esos altos tribunales son tribunales especiales para los políticos. Aquí tenemos unos aforamientos que no tienen equivalente con ningún país democrático del mundo. No es sólo que el presidente del Gobierno, los ministros, el rey emérito, los diputados, los senadores estén aforados, es que también están aforados los presidentes, los consejeros y los diputados autonómicos. Si creamos tribunales especiales para políticos, que no existen en otros países, eso genera todo tipo de presiones para poder tener influencias potenciales en esos tribunales. Eso lo explicó Ignacio Cosidó, portavoz en el Senado del Partido Popular en aquel conocido WhatsApp en que contaba que controlarían la Sala Segunda “desde detrás», en referencia a la Sala de lo Penal, competente para enjuiciar los casos que afectan a aforados.
Es todo un engranaje de conjunto; los organismos europeos nos explican que habría que cambiarlo, pero lleva muchos años consolidado y va a ser muy difícil hacerlo.
Entonces, ¿Quién debe designar a los jueces de las altas instituciones? ¿Los propios jueces?
La cuestión es mucho más compleja. Ese es un argumento que se suele simplificar sobre todo desde el ámbito político partidista. No es así de sencillo. De partida nadie pide que sean los jueces los que elijan a los jueces. El sistema europeo de configuración de los consejos de la judicatura es un sistema mixto. Según las directrices del Consejo de Europa hay que asegurar que al menos la mitad esté configurado por los jueces elegidos democráticamente y la otra mitad por los Parlamentos. Esto consigue los equilibrios de los que hablaba antes. Y además eso evita abusos políticos partidistas porque hay una configuración más equilibrada. Esto ha funcionado perfectamente desde hace décadas en los países europeos democráticos. España es una anomalía.
Y en cualquier caso, si no se quiere optar por ahí, que parece que es lo que va a ocurrir, hay otras formas de configurar los órganos del TC, el Tribunal de Cuentas, el CGPJ… Si lo que se busca es una elección de tipo completamente política y parlamentaria, no es obligatorio que quienes van a estos órganos sean comisarios de los partidos, porque precisamente la función de esos órganos de contrapeso es vigilar abusos del poder desde el ámbito político. Si los partidos pactan por cuotas el Tribunal de Cuentas, que tiene como función vigilar las cuentas de los partidos, pues puede haber imparcialidad a la hora de analizar posibles corruptelas o acciones irregulares. Y lo mismo pasa en otros ámbitos. Es decir, una cosa es que la elección se realice desde el Parlamento, respetando la pluralidad ideológica, y otra que no haya limitaciones, prohibiciones e incompatibilidades que aseguren que quienes van a ir estén ligados a los intereses de los partidos y que al mismo tiempo se garantice que a estos espacios van las personas más cualificadas. Es decir que se puede ir a mecanismos como los que existen en otros países, con presentación pública de candidatos, un proceso abierto, transparente, con informes técnicos sobre cualificación profesional y que finalmente sea el Parlamento el que nombra respetando la pluralidad ideológica y no pudiendo nombrar a las personas muy cercanas a los partidos porque en los espacios de vigilancia no debe de haber representantes de los partidos. Obviamente debe de haber personas de todas las ideologías y para eso el Parlamento representa la pluralidad ideológica, pero no puede haber cargos que en lugar de vigilar al poder político actúen para ayudarle.
El debate político está tan viciado que lo complica todo. No se trata de elegir juristas asépticos y apolíticos porque eso no existe. Todos los juristas tienen ideología, y los que dicen que no la tienen son de derechas o de extrema derecha. Pero una cosa es que tengan ideología y otra que estén al servicio de los partidos políticos, que son cosas muy diferentes. Los juristas tienen que representar la pluralidad de la sociedad en todos los espacios del poder judicial. Debe haber un proceso transparente para elegir a personas cualificadas que no estén al servicio de los partidos. En la práctica, el Parlamento no elige; se reúnen los dos principales partidos y se reparten por cuotas los órganos que tienen que controlarles a ellos.
El desbloqueo del Tribunal Constitucional con la que cerramos el año ha rebajado la tensión pero aún falta la mayor, desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, que es el que tiene el control.
La renovación del Constitucional es muy positivo, es un avance porque estábamos yendo a una espiral con leyes que son poco habituales pero que se estaban impulsando para forzar la renovación porque estamos ante una grave crisis institucional. Hay evaluadores internacionales que empiezan a calificarnos como democracia defectuosa porque es evidente que en las democracias avanzadas la cúpula judicial no está paralizada sin renovarse más de cuatro años; esto es propio de países con niveles democráticos bajos. Ahora toca ir al origen del problema que es el que lo está arrastrando todo y que es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial; y ojalá esta situación sirviera para marcar las líneas de una reforma amplia que evite estas situaciones.
«El problema de fondo es que en nuestro país no existe un sistema de equilibrios institucionales«
Conozco bastante los sistemas institucionales de otros países europeos y te aseguro que estas cosas no pasan: ni con la cúpula judicial ni con sus órganos de garantía equivalentes al Tribunal Constitucional. Todo esto tiene mucho que ver con cómo se realizó la Transición en nuestro país y el sistema de partidos que se configuró.
La figura del juez en el imaginario colectivo es la de hombres mayores muy conservadores y alejados de la ciudadanía, ¿va cambiando?
Creo que hay una confusión entre lo que proyecta la cúpula y los órganos del poder judicial y algunos jueces cercanos al poder político, por un lado, y la judicatura de base por el otro. La perspectiva que se proyecta no se corresponde con los jueces y juezas de trinchera. Son precisamente los jueces y juezas de base los que han investigado cientos de casos de corrupción con apenas medios y a veces con bastantes presiones, los que han llevado a la jurisdicción europea medidas de protección contra los desahucios, contra los abusos en el ámbito de las hipotecas y muchas otras cuestiones.
El problema no lo veo tanto en la judicatura de base sino sobre una cúpula judicial que se ha configurado con criterios de proximidad al ámbito político y que ha beneficiado al principal partido de la oposición, que además dice y proclama que va a seguir bloqueando la renovación porque no se fía del gobierno. En este contexto no me sorprende que hay un distanciamiento de la ciudadanía respecto de la judicatura.
Al mismo tiempo hay que decir que la judicatura tiene una mentalidad más conservadora de la que tiene la sociedad. Eso pasa en casi todos los países del mundo. Pero esto, a priori, no debería ser un problema porque la judicatura aplica el ordenamiento jurídico. El problema es que en los ámbitos de decisión más elevados haya presiones del ámbito político partidista. Esto sí me parece preocupante. Y me preocupa.
¿Cómo se está renovando la judicatura y cómo puede acortar esa distancia con la gente?
Para modificar ese perfil conservador habría que hacer cambios en el sistema de acceso e incentivarlo a través de becas para que la judicatura se parezca lo máximo posible a la sociedad y no esté escorada hacia posiciones más conservadoras, pero eso será cuestión de medidas a adoptar por los servicios públicos.
«Ahora toca ir al origen del problema que es el que lo está arrastrando todo y que es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial«
Mi impresión es que tenemos una judicatura bastante formada en algunos aspectos sobre derechos, libertades y garantías. Y han sido jueces tanto conservadores como progresistas los que han actuado contra la corrupción, contra los abusos bancarios, los que han resuelto de una manera bastante garantista los asuntos de derecho y los asuntos de imputados, y eso ha mejorado bastante en este país. Aunque hay otros aspectos que deberían mejorarse, por ejemplo, en el ámbito de la violencia machista hace falta más formación, en perspectiva de género y en otros ámbitos.
Estamos normalizando el término lawfare o guerra jurídica para referirnos a la instrumentación política del sistema judicial con fines de desprestigiar y desacreditar a una autoridad política, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarla de la vida política. O para dar un golpe blando y derrocar gobiernos, como hemos visto en América Latina. También hemos vivido casos en España contra cargos electos del PCE y de Podemos. La guerra jurídica se ha convertido en una herramienta de la ultraderecha para conseguir en los juzgados lo que no consiguieron en las urnas. ¿Cómo hay que actuar para evitarlo?
Siempre hay decisiones judiciales discutibles. Pero mi impresión es que son decisiones puntuales y pueden ser recurridas. El problema es que la judicatura, y en especial la cúpula judicial, pueda llegar a convertirse en un protagonista político como ocurre en algunos países de América Latina decidiendo sobre quién está en el gobierno o limitando gravemente sus atribuciones. En España no se ha llegado a eso pero hay un contexto que puede facilitarlo si no se abordan reformas estructurales. Aquí aún no se ha llegado a unos niveles de injerencia extremos pero abre caminos peores y es muy peligroso, por eso hay que cortar con estas situaciones resolviendo la crisis institucional y renovando los órganos judiciales lo antes posible.
