«Desde que registramos la Ley en febrero del 2022, hasta hoy, no ha sido un camino fácil y no han sido pocos los palos en las ruedas para entorpecer o retrasar la aprobación de esta Ley de Salud Mental, cada día más urgente y necesaria», confesaba Henar Moreno, militante del Partido Comunista de España y diputada de IU en el Parlamento riojano, quien desveló que el Gobierno de La Rioja se mostró contrario a su tramitación, al igual que Partido Popular y Ciudadanos. Pero desde IU, ha dicho, se tuvo siempre una «visión clara» de que era una «necesidad incipiente».
La ley aprobada es pionera en el Estado y de carácter integral. Sin duda, es uno de los grandes hitos que marcará la legislatura que está acabando y que sitúa a La Rioja a la vanguardia en la garantía de derechos y el bienestar psicológico. Por ejemplo, esta ley establece ratios para que el número de profesionales esté al nivel que marca Naciones Unidas. De este modo, la ley «garantiza» que La Rioja tenga dieciocho psiquiatras por cada 100.000 habitantes; el mismo número de psicólogos clínicos; y 23 enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. «Supone quintuplicar las cifras que tiene ahora nuestro sistema público de salud”, ha subrayado la diputada de IU.
También se contempla que existan plazas específicas para enfermos mentales tanto en residencias específicas para estos pacientes como en residencias de personas de edad avanzada, así como el establecimiento de viviendas en el parque público que puedan ser acompañadas en relación a la medicación y la limpieza, ha destacado. Así, ha proseguido, esta normativa aborda la garantía de las personas con enfermedades mentales a tener una vivienda tutelada y una actividad laboral digna, a lo que se suma el acompañamiento a la paternidad y la maternidad.
Moreno ha señalado que también se establece “la creación de un Plan autonómico de lucha contra el estigma de la salud mental”, así como “la prevención de conductas adictivas y, como eje fundamental, la salud laboral, ya que las condiciones de vida aumentan el estrés y, por tanto, los problemas de salud mental”. Ha destacado que esta ley plantea “la erradicación de la sujeción forzada de las personas con problemas de salud mental, un objetivo a conseguir porque es necesario evitar que, por falta de personal, esa sea la solución”.
