De todas las trabajadoras del hogar de la UE, el 28% trabajan en España. Equivalen a toda la población de Cantabria y, a pesar de que las familias invierten en sus servicios prácticamente 7.250 millones de euros, una de cada 3 vive en la pobreza. De estas, unas 40.000 trabajan como internas en nuestro país con una jornada media de 45 horas semanales, según un informe que acaba de publicar la ONG Intermon Oxfam. De estas trabajadoras, nueve de cada diez son extranjeras y una de cada cuatro cuida a un adulto dependiente.
El estudio denuncia las «jornadas interminables», que se extienden más de 61 horas para una de cada diez y más de 71 horas para más de un 7%. Para muchas de estas «trabajadoras esenciales» en nuestra sociedad, la necesidad económica, las dificultades para conseguir un contrato laboral sin tener papeles o el elevado precio de la vivienda se entrelazan hasta atraparlas en una situación especialmente vulnerable.
A las muchas horas efectivas de trabajo hay que añadirle una alta flexibilidad en cómo se prestan esas horas. Al vivir en el hogar de las personas empleadoras, muchas trabajadoras sufren requerimientos fuera de jornada. La alta dependencia económica y escaso poder de negociación impiden que, muchas de ellas, puedan ponerle límites claros a la disponibilidad horaria.
Las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas se regulan por un régimen «especial», que contempla algunas excepciones al Estatuto de Trabajadores. La jornada máxima es igualmente de 40 horas a la semana, pero se contemplan además otras posibles 20 horas semanales «de presencia» en las que estar disponible en los términos que se pacten. La ley establece dos horas para comer cada día, al menos 10 horas entre el final de una jornada y el principio de la siguiente, así como un descanso mínimo semanal de 36 horas consecutivas, preferiblemente en fin de semana.
Pero la realidad es bien distinta. El incumplimiento de la ley está en parte motivado por las dificultades para ver qué ocurre de puertas para dentro en los hogares, pues la inspección laboral no puede acceder a los domicilios. Por ello, las trabajadoras internas demandan «herramientas» para llevar a cabo un control efectivo de las condiciones laborales de las empleadas del hogar. Recordando que cuando se hacen inspecciones de gas, luz o agua, el trabajador entra en las casas, por lo que piden voluntad política para impulsar medidas que acaben con la explotación y los abusos.
Otra de las cuestiones, que apuntalan la precariedad de las internas, es que en un porcentaje elevado, son migrantes en situación irregular, las cuales se ven obligadas a aceptar cualquier trabajo por necesidad. De nada sirven la formación que tengan de su país de origen o que las condiciones laborales de la oferta sean infimas. La necesidad de subsistencia está por delante. Es el sistema capitalista en estado puro.
Todo lo anterior, convierten a este trabajo especialmente vulnerable a los abusos en los que la presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una disponibilidad plena. Según el estudio, las mujeres que trabajaban como internas y entrevistadas para la investigación reportaban preocupación por su salud mental y emocional debido al estrés, el agotamiento y el aislamiento.
