Teodoro Obiang Ngema es el dictador más longevo de la historia. Lleva al mando de Guinea Ecuatorial desde el año 1979 en que dio un golpe de Estado para derrocar a su tío, Francisco Macías Ngema, el primer presidente del país tras la independencia de España, en 1968, un hombre elegido en las urnas que con los años fue escorándose hacia un régimen dictatorial. Guinea tiene petróleo y es uno de los países más ricos de África. Pero es también uno de los más pobres; el 70% de su millón y medio de habitantes sobrevive con un dólar diario. La corrupción es el mal endémico entre quienes dirigen la nación. El octogenario dictador tiene como vicepresidente a su hijo, Teodoro Ngema Obiang. El mismo que en 1917 fue juzgado en París por lavado de decenas de millones de euros provenientes de comisiones ilegales cuando era ministro de Agricultura y Bosques. La justicia gala le requisó los bienes que tenía en Francia, valorados en 110 millones de euros. La sentencia de la Presidenta del Tribunal de Corrección de París dijo que no había dudas de que el dinero provenía de la malversación de los fondos públicos y de la corrupción.
La dictadura de Obiang no sólo es corrupta sino que tiene las manos manchadas de sangre, sus cárceles están llenas de opositores y activistas de los derechos humanos, y en sus prisiones se tortura hasta la muerte. Es uno de los países con más violaciones de los Derechos Humanos. La dictadura se mantiene así con dura mano de hierro. La violación de los derechos humanos es sistemática, y sus defensores y activistas son encarcelados y torturados. También la oposición política.
El régimen actúa con total impunidad, aunque ahora otro hijo del dictador, el jefe del Servicio de Inteligencia en el Exterior y Secretario de Estado de la Presidencia, Carmelo Ovono Obiang, es reclamado por la Audiencia Nacional en nuestro país. El juez Pedraz, que instruye la causa, le imputa, junto al responsable de Seguridad Interior ecuatoguineano, en la investigación por secuestro, tortura y muerte del ciudadano español Julio Obama Mefuman, miembro de la asociación de oposición Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R), organización a la que también pertenecen los otros tres secuestrados en la operación: Martín Obiang Ondo, Bienvenido Ndong Ondo y Feliciano Efa Mangue, este último también con nacionalidad española.
Los cuatro opositores vivían en España
Los cuatros residían en España: dos desde hacía 15 años y otros dos tenían ciudadanía española. El 12 de noviembre de 2019 viajaron a Sudán del Sur para reunirse con supuestos líderes políticos africanos con el objetivo de ganar apoyos a su causa. Pero era una trampa. Allí fueron capturados y trasladados clandestinamente en un jet privado a la capital de Guinea Ecuatorial donde fueron encerrados en un centro de detención en Oveng Asem. Y desde allí les llevaron a la cárcel de Mongomo donde el 15 de enero de este año se conoció el fallecimiento de Mefuman, presuntamente a causa de las torturas recibidas. El juez Pedraz ordenó la repatriación del cadáver, pero las autoridades del país ecuatoguineano no han cursado la petición formulada a través de la Dirección General de Asuntos Consulares.
La acusación popular pedirá que se emita una orden de detención internacional contra el vicepresidente ecuatoguineano y los otros dos imputados
La Comisión Internacional de Izquierda Unida señala que la trágica muerte de Julio Obama se produjo días después de confirmarse que la Audiencia Nacional española investiga a toda la cúpula de seguridad del dictador Obiang, incluido su hijo con lo que consideran que “estaríamos, por tanto, ante un asesinato que solo puede interpretarse como una represalia” por la presentación de la querella en España. Ante la preocupación por la integridad física de los otros tres secuestrados, IU, mediante un comunicado, reclamó a las autoridades españolas que “exijan la libertad de los secuestrados con la máxima celeridad” y se adopten “las medidas necesarias para evitar que su vida corra peligro y para impedir que puedan producirse nuevos secuestros de otros opositores guineanos con residencia en nuestro país”. También piden al Gobierno de España que, en el marco de la Unión Europea y de Naciones Unidas, promueva la creación de una Comisión Internacional que investigue el secuestro y posterior muerte de Julio Obama Mefuman, las acciones ejecutadas contra sus compañeros, así como los secuestros de decenas de opositores guineanos perpetrados fuera de su país, en línea con lo solicitado por organizaciones como Amnistía Internacional y partidos de la oposición guineana como el CPDS”.
Crímenes de lesa humanidad
En los últimos años varios opositores del gobierno ecuatoguineano han sido detenidos en el extranjero, algunos en países como Nigeria y Togo, antes de ser puestos bajo custodia en Guinea Ecuatorial. En el extenso informe de la Comisaría General de Información al instructor el pasado 1 de diciembre se ponía énfasis en los «numerosos casos de desapariciones, traslados forzosos, torturas e, incluso, asesinatos y condenas a muerte de conocidos opositores residentes en el exterior» de Guinea Ecuatorial. Añadía que estos delitos se habrían producido en el marco de una «persecución sistemática, convirtiéndolos en crímenes de lesa humanidad».
Según recoge la querella presentada por MLGE3R, el hijo del dictador, Ovono Obiang, y Obama Nchama, ministro encargado de la Seguridad, habrían estado presentes tanto en el avión oficial en el que se ejecutó el secuestro como dirigiendo «algunas de las sesiones de torturas en los sótanos del centro penitenciario».
El juez Pedraz tiene unas declaraciones grabadas en las que Feliciano Efa, el otro español secuestrado y detenido, cuenta algunas de las torturas a las que fue sometido:
«Me sometieron a descargas eléctricas y me colgaron atado durante horas (…). Casi me revientan los brazos porque se me ató como se suele atar a un cocodrilo, de pies y manos, entre las ataduras atraviesan un palo largo, te levantan y te cuelgan arriba (…). Con la presión sanguínea se me reventaban las venas de los brazos y las piernas porque la presión era excesiva y la sangre salía disparada por todas partes (…). Tras estar colgado 50 minutos me dieron convulsiones y se me empezaron a romper los dientes».
A los cuatro opositores les habían juzgado in absentia entre el 22 de marzo y el 31 de mayo de 2019, fecha en que se celebró un juicio colectivo en relación con el presunto golpe de Estado. En él, 112 acusados fueron declarados culpables y con condenas que iban desde tres años y un día hasta 97 años. 55 acusados fueron juzgados sin estar presentes. El juicio estuvo lleno de irregularidades según denuncia Amnistía Internacional, empezando porque tanto los jueces como fiscales fueron nombrados por el presidente.
El pasado martes 28 de marzo los encausados tenían que haber comparecido vía telemática, modalidad aceptada en atención a las responsabilidades que los imputados mantienen en su país. Se adelantó que se acogerían a su derecho a no responder. Pero no comparecieron eludiendo a la Justicia española. La acusación popular pedirá que se emita una orden de detención internacional y sean declarados en rebeldía.
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Organizaciones de Derechos Humanos recogen la violación de los mismos por las autoridades de Guinea Ecuatorial. En el informe de Amnistía Internacional de 2022 se denuncia, entre otras cosas, que las autoridades llevaron a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas, en contextos como el de las elecciones presidenciales y la denominada Operación Limpieza contra bandas delictivas; que continuó la impunidad por violencia sexual; que las niñas embarazadas seguían teniendo prohibido asistir a la escuela; y que se deportó sin el debido proceso a personas migrantes en situación irregular. También recoge casos de violencia sexual contra niñas cometidos por las fuerzas de defensa y seguridad con total impunidad.
En el Informe de Derechos Humanos elaborado por el gobierno de los Estados Unidos en 2020 detalla las violaciones más notables realizadas en este país africano:
- Ejecuciones ilícitas o arbitrarias, entre las que se cuentan ejecuciones extrajudiciales de parte del gobierno.
- Desapariciones forzosas de parte de las autoridades.
- Tortura y casos de trato cruel, inhumano o degradante de parte del gobierno.
- Detenciones arbitrarias.
- Condiciones carcelarias duras y que ponían en peligro la vida.
- Presos o detenidos políticos.
- Problemas considerables en cuanto a la independencia judicial.
- Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad.
- Severas restricciones a la libertad de expresión, de prensa y de acceso a internet (entre ellas, violencia, amenazas de violencia, arrestos o juicios injustificados de periodistas, censura, bloqueo del acceso a sitios web y la existencia de legislación sobre el delito de difamación).
- Injerencia sustancial en el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, tales como leyes excesivamente restrictivas en relación con las organizaciones no gubernamentales.
- Restricciones considerables ala libertad de circulación.
- La imposibilidad para los ciudadanos de cambiar el gobierno pacíficamente mediante elecciones libres e imparciales.
- Restricciones a la participación política.
- Graves actos de corrupción.
- Falta de accionar y rendición de cuentas con respecto a la violencia contra la mujer.
- Trata de personas.
- Delitos que entrañaron violencia o amenazas de violencia para con personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
En ese país sin garantías, el presidente, que gobierna desde hace 43 años, fue reelegido con el 94,9% de los votos en noviembre de 2022.
