Carlos García Juliá, uno de los fascistas condenados por el asesinato de cinco militantes comunistas en el despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977, será el cabeza de lista de Falange Española de las JONS para el Ayuntamiento de Bilbao en las elecciones del próximo 28-M.
El asesino fascista cumplió 14 años de condena, aprovechó una libertad condicional para fugarse, permaneció huido de la Justicia 24 años, fue entregado por Brasil en febrero de 2020 y volvió a entrar en prisión, aunque salió apenas unos meses después, hecho que fue considera por el PCE un atropello a la memoria de las víctimas, al Partido al que pertenecían y a todas las personas que lucharon por traer la actual sociedad democrática.
La presentación de este sujeto como candidato es considerado como una provocación fascista más de este grupo residual que en las pasadas elecciones municipales de 2019, apenas sacó 41 votos en la capital vizcaína, por lo que las posibilidades de que García Juliá salga elegido concejal son nulas, pero la indignación de las victimas de la cruel matanza está servida.
Historial del asesino
En 1980, la Audiencia Nacional le condenó a él y a otro terrorista a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. En 1994, y aprovechando la libertad condicional de la que disfrutaba, escapó a Paraguay. Reapareció dos años después en Bolivia, donde fue encarcelado acusado de financiar a grupos paramilitares y de tráfico de drogas. Ingresó en una prisión de alta seguridad, pero en 2001 consiguió escapar sin que las autoridades bolivianas hubiesen aceptado su extradición a España.
Su vuelta definitiva no se produjo hasta 2020, cuando fue extraditado por Brasil. Residía en Sao Paulo desde el año 2009 con una identidad venezolana falsa en el barrio de Barra Funda y trabajaba como conductor de VTC. Aterrizó en España el 7 de febrero e ingresó de forma inmediata en prisión. Pero apenas permaneció unos meses. En 2018, la Audiencia Nacional había calculado que aún le quedaban diez años por cumplir, pero su defensa logró que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le concediera la excarcelación al aplicarle los beneficios penitenciarios que consiguió durante su estancia en prisión a principios de la década de los noventa. Abandonó Soto del Real el 19 de noviembre. La decisión de dejarle libre fue avalada por el Tribunal Constitucional.
