Es un gran paso adelante, pero no es la meta

No, es evidente que estos pasos, muy importantes, no tienen la capacidad de alcanzar todos los objetivos que la izquierda transformadora y los colectivos en defensa del derecho a la vivienda llevan años reclamando. Pero también es evidente que es un avance en la buena dirección otorgando a las administraciones públicas un papel activo en la resolución de los problemas y no el de simple “espectador”. Tendremos que seguir manteniendo en estos próximos años reivindicaciones tan necesarias como las siguientes:

• Muy a nuestro pesar, la ley no aborda las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para incluir la posibilidad de que alguien pueda reclamar judicialmente ante las instituciones el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española. Mientras no sea un derecho “exigible” ante los tribunales, nos seguirá faltando algo fundamental en nuestro ordenamiento jurídico.
• El acuerdo alcanzado avanza en limitar la subida del alquiler, pero la ley no adopta ninguna medida para congelar las subidas de las hipotecas que se han disparado por la escalada del euríbor y que están golpeando a millones de personas. La variación desde diciembre de 2021 hasta el mes de abril de 2023 ha supuesto que, a las familias trabajadoras con préstamos hipotecarios contratados a un plazo de 30 años, la cuota se les habría incrementado un 72%, 310 euros, pasando de 429 a 739 euros. Para «arreglar» la inflación, los responsables del BCE, Lagarde y De Guindos, las asfixian subiendo el coste del crédito. Esta norma debería actuar para proteger a la clase trabajadora y no lo hace.
• La nueva norma permitirá seguir con la figura de los alquileres de temporada y eso supone, si no logramos que se limite a última hora, que proliferen contratos “basura” que no permiten a las personas inquilinas una mínima protección. Por eso es imprescindible que estos alquileres de temporada se incluyan en la regulación de precios para garantizar de esta forma que no se encadenen y sean un atajo seguido por los propietarios para saltarse la ley.
• También habrá que luchar contra la picaresca de los propietarios ya que, aunque no se puede superar el precio del anterior contrato, en la práctica es complicado de controlar y eso puede generar un efecto perverso que les incentive a expulsar al inquilino con objeto de subir el precio.  Por eso es imprescindible controlar que en los contratos figure el precio del anterior alquiler y que cumpla la norma.
• Las limitaciones de subidas de precio, gran avance, aparecen como “temporales” y a partir de 2025 habría vía libre cuando es evidente que estamos ante un problema estructural que no va a solucionarse en un par de años.

Sin embargo, pese a sus limitaciones, la derecha ha cargado con fiereza contra este acuerdo y ya antes de que aparezca en el BOE anuncia que presentarán recurso de inconstitucionalidad y que la futura ley vulnera las competencias autonómicas, blanquea al entorno político de ETA, empobrecerá masivamente a toda España y otras lindezas del mimo estilo. Olvidan que topar precios en alquileres de vivienda lleva haciéndose en Suecia desde hace 80 años con duración de los contratos vitalicia y renovaciones en las que juega un papel fundamental una organización similar a un sindicato que protege a las personas inquilinas.

Más allá de las salvajadas más ultras de la derecha, el problema real para avanzar más en la Ley de Vivienda ha sido y es el PSOE. Quien mejor lo catalogó fue José Luis Ábalos, diciendo que «la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica». De esa consideración vienen todas las dificultades para abordar el problema.

Y es que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La propia Constitución española, en su artículo 47, establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado.

La ley de vivienda es un avance con respecto a la situación previa de insatisfacción de este derecho y es evidente que se ha llegado más lejos de lo que cabría esperar con la posición del PSOE. Pero no es la meta final. No solo porque hay resquicios en la ley y el mercado los identifica muy rápido, sino porque mientras el derecho a la vivienda esté en manos de actores privados, encontrarán la manera de seguir aumentando las rentas. Además, es previsible un sabotaje por parte de las comunidades autónomas gobernadas por la derecha en su intento de proteger los intereses de las élites y solo la voluntad política firme del gobierno de coalición tendrá la capacidad de superar los obstáculos para proteger los derechos.

Por eso la aprobación de la primera Ley de Vivienda es un primer paso, pero no colma todas nuestras aspiraciones. Sabemos que, gracias a las movilizaciones y a la lucha política se ha conseguido avanzar. Que se consolide dependerá de nuestra capacidad de seguir presionando.