La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha manifestado su preocupación ante los resultados del último acuerdo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea celebrado en el encuentro del pasado 8 y 9 de junio, acerca de las propuestas del Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM) y del Reglamento sobre Procedimientos Modificado (APR), que constituyen las bases de la reforma del sistema de migración y asilo europeo orientadas al futuro Pacto.
Entre las cuestiones más preocupantes para CEAR se encuentra el sistema de “solidaridad a la carta” que permite la elección entre acoger personas refugiadas reubicadas desde los países con mayor presión de llegadas, o bien financiar acciones en materia de control migratorio y fronterizo, una medida que la ONG ha tachado de “inaceptable”.
Según denuncian, el acuerdo blinda más el sistema de Dublín dando otra vuelta de tuerca a los países de entrada como España: penaliza a los países cuando se produzcan movimientos secundarios incrementando el plazo de responsabilidad sobre la persona a tres años (actualmente es un año); mantiene por defecto la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional en el primer país de entrada; no contempla la existencia de otros vínculos familiares para la movilidad de las personas a otros Estados, vulnerando el derecho a vivir en familia.
Por otro lado, se fija un objetivo obligatorio de tramitar 30.000 solicitudes de asilo mediante el procedimiento fronterizo, aunque la persona se encuentre en territorio, con el fin de que sean más acelerados. Esto pone en riesgo la valoración individualizada que se presupone cuando la solicitud de asilo es estudiada en territorio. Además, se anuncia una rebaja de las garantías procedimentales básicas poniendo en riesgo la asistencia jurídica gratuita y el derecho de la persona a ser debidamente informada.
“El acuerdo adoptado va en contra del principio de responsabilidad compartida e incrementa la presión sobre los países fronterizos como España, por ello no entendemos las razones que han llevado al ministro de Interior a calificarlo de éxito rotundo, teniendo en cuenta la situación de nuestro país”, apunta Estrella Galán, directora general de CEAR.
Se consolida a su vez el concepto de tercer país seguro, dejando a la discrecionalidad de cada Estado miembro a quién considera país seguro, pudiendo así inadmitir sus solicitudes. Esto permite devolver a personas refugiadas incluso a países de tránsito como Marruecos, Libia, Túnez o Turquía, entre otros, en los cuales se han registrado reiteradamente violaciones de los derechos humanos.
Ahora se abre el periodo de negociación de este acuerdo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.
Perdida de los derechos de las personas solicitantes de asilo
CEAR considera que la posición del Consejo “no proporciona una solución real y efectiva a las deficiencias del sistema actual de migración y asilo” y fundamenta su enfoque de manera excesiva en la presunción de que la mayoría de las personas que llegan no tienen necesidades de protección.
“Todo esto supone una peligrosa deriva en los derechos de las personas solicitantes de asilo. No podemos aceptar cualquier Pacto y menos que se desproteja aún más a las personas. Este acuerdo tampoco atiende una de las principales necesidades, como es habilitar más vías legales y seguras, sino todo lo contrario. Se imponen más obstáculos, expulsando a las personas a países no seguros”, denuncia Estrella Galán.
Ahora se abre el periodo de negociación de este acuerdo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, por ello CEAR recuerda que España debe jugar un papel clave durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea, de cara a alcanzar un acuerdo definitivo “donde se ponga a las personas y sus derechos en el centro, siendo conscientes de que las políticas de blindaje de fronteras han sido un fracaso desde los años 90”. Para la organización, España tiene una oportunidad única de liderar un cambio de políticas migratorias y de que la Unión Europea no retroceda en materia de asilo y derechos humanos.
