El 2 de marzo de 2023 la noticia caía como un jarro de agua fría. Se hacía pública la resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria, en el que se clausura el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luís.
La decisión fue recurrida y se acaba de hacer público que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sección Tercera, ha adoptado que la clausura del tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel, acordada en el Consejo de ministros, conlleva un perjuicio de difícil reparación para los intereses de las localidades recurrentes y, en consecuencia, dicta su suspensión cautelar de la supresión de la línea ferroviaria en cuestión.
Los municipios (pertenecientes a las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid) pidieron suspender al entender que, si se ejecutase lo acordado, se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos, de difícil reparación, por cuanto la infraestructura estaría retirada del trazado, impidiendo que en el supuesto de una eventual estimación de la demanda el servicio de tren en la línea suprimida pudiera restablecerse.
«Es claro que la eliminación o supresión de los elementos que conforman la infraestructura dificultaría o haría imposible la reanudación del servicio o exigiría una cuantiosa y excesiva inversión para su restablecimiento», afirma el alto tribunal. Destaca, además, que «el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado y sí lo genera la supresión del trazado de la línea, en el supuesto en el que se estimara el recurso contencioso administrativo deducido».
Una buena noticia que desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla La Mancha valoran de forma positiva y, además, aclaran que de la lectura de las alegaciones que realiza la abogacía del Estado, se desprenden varios hechos. El primero, el criterio exclusivamente economicista que arguye el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en manos del PSOE, para suspender las obligaciones de servicio público e iniciar el desmantelamiento de la infraestructura.
Un procedimiento inédito en España que no se aplica a otras relaciones ferroviarias que presentan similar deterioro y peores resultados que los ofrecidos por la línea de Cuenca que tiene una “ocupación media del 20% de las plazas ofertadas”. Para quienes arguyen este brutal recorte en los servicios públicos, los criterios de ordenación del territorio, de cohesión social o de oportunidades futuras para desarrollar los territorios más desfavorecidos son obviados.
En segundo término, señalan desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Castilla La Mancha, se desprende que no existe ningún plan de movilidad alternativo, con lo cual la zona se enfrenta ante una entelequia sin planificación sobre la movilidad. En otro sentido, la abogacía del Estado parece desconocer, posiblemente de forma deliberada, que el “Protocolo de Actuación” de 25 de mayo de 2022 es una mera declaración de intenciones, como aclaró el ministerio de Transportes y que, además, ADIF ha incumplido el convenio suscrito con la Diputación y Ayuntamiento de Cuenca el 16 de septiembre de 2022.
Por todo lo anterior, exigen de manera urgente el restablecimiento del servicio ferroviario en esta línea, para revertir el daño medioambiental que se está produciendo al derivar el transporte a la carretera en plena emergencia climática y para una vertebración de las provincias afectadas que están en grave riesgo de despoblación.
