El pasado 29 de julio la Fiscalía General de la Nación de Colombia detuvo a Nicolás Petro -hijo del presidente de la República Gustavo Petro- y su ex pareja Daysuris del Carmen Vázquez acusados de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a raíz de unas declaraciones de su expareja a la revista Semana, medio autoerigido en oposición mediática a Gustavo Petro, acusando a Nicolás de haber recibido dinero de personas con antecedentes penales para la campaña presidencial de su padre.
En un comunicado emitido ayer 31 de julio de 2023, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla manifiesta su preocupación por estos hechos y apunta a que podrían estar orientados a deslegitimar y desestabilizar el gobierno del actual mandatario colombiano.
El Presidente Petro evitó desde el primer momento injerencia o trato a favor de su hijo y pidió a la fiscalía investigarlo en caso de que apreciara indicios de delito.
La detención no era necesaria ni urgente, según especialistas en derecho procesal penal de Colombia y la jueza de garantías advirtió a la Fiscalía de no haber respetado el debido proceso impidiendo el derecho a la defensa de los detenidos.
Desde el Grupo de Puebla consideran que la actuación no tiene fundamento jurídico y se sustenta en fines políticos: dificultar la acción de gobierno de Petro y dañar su reputación.
Desde el Consejo de Justicia y Democracia del Grupo de Puebla (CLAJUD) reclaman respeto y apoyo a la independencia del poder judicial, que se abstengan de intervenir en la vida política y se respete la separación de poderes.
Así mismo, llaman a la comunidad regional a internacional a manifestar su apoyo al presidente Gustavo Petro, comprometido desde el inicio en implementar medidas para restituir la democracia y la justicia social en Colombia.
En este sentido, Enrique Santiago, Secretario General del PCE y diputado de Sumar por Córdoba, que se encuentra entre los firmantes del comunicado, hacía difusión del mismo desde su cuenta de twitter y denunciaba lo que parecía un nuevo intento de desestabilización del gobierno progresista colombiano.
