El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) han manifestado su preocupación por los intentos de sabotear el proceso de transición hacia el nuevo gobierno electo en Guatemala que encabeza el Presidente Bernardo Arévalo y su Vicepresidenta Karin Herrera, elegidos por una contundente mayoría en las elecciones del pasado 20 de agosto. Denuncian a las autoridades judiciales y voceros de la oposición que han iniciado una guerra jurídica (lawfare) contra el nuevo mandatario.
La alerta la lanzan, tras ver cómo durante el proceso electoral se han presentado varios intentos por quitarle legitimidad a la candidatura ganadora y el partido Semilla que él representa a través de acciones que incluyen amenazas a la vida de los dirigentes, allanamientos ilegales a las sedes de su Campaña y anuncios de detenciones arbitrarias. «Esta semana se declaró la invalidez de la elección de la bancada de gobierno elegida para el Congreso mientras se pedían unas nuevas elecciones que le permitirían al órgano legislativo nombrar un ‘gobernante provisional’ sintonizado con el propósito golpista de desconocer los últimos resultados electorales y sostener el caos en Guatemala», denuncian en el comunicado emitido.
El análisis jurídico que maneja el Consejo Latinoamericano de Justicia y la Democracia del Gupo de Puebla señala que no existe causa constitucional para anular las elecciones, que los jueces penales no pueden atribuirse funciones que atribuye la Constitución al Tribunal Supremo Electoral como la regulación de los Partidos y que la pretensión de nombrar un presidente interino por parte del Congreso implicaría un claro desconocimiento de la Constitución y la voluntad del constituyente primario expresada en las últimas elecciones en favor del Presidente Bernardo Arévalo.
Ante ésta situación el Grupo de Puebla y CLAJUD, coincidiendo con la opinión expresada por distintos gobiernos, organismos y misiones electorales, como el gobierno de los Estados Unidos y las Misiones de la OEA y la Unión Europea, solicitan de manera enfática al gobierno de Guatemala y sus autoridades judiciales, especialmente al Tribunal Supremo Electoral y la Corte Constitucional, que se reitere la validez de los pasados comicios electorales, se oficialicen sus resultados invistiendo de los cargos de Presidente a Bernardo Arévalo y Vicepresidenta a Karin Herrera, así como se anule la decisión de ilegalizar el Partido Semilla proferida por provenir de una autoridad no competente y se respete la alternancia decidida por el pueblo a partir del próximo 14 de enero del 2024.
«Desde el Grupo de Puebla y el CLAJUD denunciamos la sistemática judicialización del proceso electoral y del Movimiento Semilla, en un contexto de pérdida total de institucionalidad, a manos de una derecha sumida en la corrupción, que ha permitido el avance del crimen organizado en el país», recoge el texto difundido al que se ha adherido Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España.
Finalizan alertando sobre el peligro de un golpe de Estado en proceso y reclaman a la comunidad internacional apoyar una transición pacífica y apegada a la legalidad, que permita acceder al gobierno a las autoridades elegidas por el pueblo, en un paso definitivo para asegurar la continuidad democrática y recuperar el Estado de Derecho en Guatemala.
