La derecha apuesta por la desestabilización

Cuando todavía no se apagan los ecos de las conmemoraciones del 50 aniversario del golpe de estado en Chile contra el el gobierno de la Unidad Popular, una oportunidad para recordar -como ha hecho el historiador Mario Amorós en su reedición de la biografía del presidente Salvador Allende- las responsabilidades de quienes lo alentaron, lo promovieron y lo ejecutaron, sin excluir a importantes sectores políticos que alcanzan hasta la Democracia Cristiana, la derecha española da una vuelta de tuerca más en su peligrosa estrategia de desestabilización.

Lo hemos vivido en la anterior legislatura con sus continuas alusiones a la ilegitimidad del gobierno, con un discurso demagógico que les generó la falsa percepción de obtener una victoria que les permitiera retomar la Moncloa. El riesgo de este tipo de alegatos, en los que se descalifica al enemigo hasta el absurdo, en este caso al gobierno de coalición de actuar poco menos que a la fuerza frente a la voluntad de la inmensa mayoría, es que acaba convirtiéndose en una verdad dogmática para quienes lo utilizan. Lo hemos visto también estas semanas, cuando continúan asegurando haber ganado las elecciones a pesar de la evidencia de que en un régimen parlamentario como el nuestro la suma de votos en el Congreso es el único criterio válido para determinar quien gobierna.

Pero hay un riesgo mayor. La continua referencia a la ilegitimidad que se dio en el pasado y que se reproduce ahora en un escenario adelantado, forzando al mismo tiempo una sesión de investidura entendida como un ejercicio de agitación, aboca a una inestabilidad que puede conducir a escenarios de violencia o de insubordinación de poderes del Estado. Tenemos el peligroso antecedente del poder judicial, operando con un mandato vencido según criterios partidistas y con la misma intensidad que se denuncia la intromisión de los políticos (y todavía hay algún ingenuo que segunda el cuento de hadas de la independencia judicial). Argumentaciones pseudojurídicas o moralistas no faltarán para quienes pretendan ignorar el resultado de la urnas, como ocurrió recientemente en Estados Unidos, en Brasil o en los múltiples escenarios del lawfair. Que la forma más actual de atentar contra la soberanía popular sea un anglicismo no es una mera casualidad, ya sabemos desde donde operan los laboratorios de la nueva derecha.

Peligrosa estrategia de difícil retorno

La convocatoria de movilizaciones contra la posible amnistía y el llamamiento del ex presidente José María Aznar a la rebelión nacional suponen un peligroso hito en la estrategia de la derecha de difícil retorno. No seremos desde la izquierda los que renegemos del recurso a la movilización social y la aspiración a cambios en profundidad en nuestra sociedad. No, el problema no es que la derecha exprese su opinión ante una opción que les desagrade. La gravedad de la situación actual es la estrategia de desestabilización que subyace a los pasos y a los llamamientos que se han realizado. Un plan que más allá de la acción política emplaza a los poderes hegemónicos de la economía, de la sociedad y del Estado al desconocimiento de un posible gobierno que, por poco que les guste, será -si finalmente se alcanza un acuerdo- quien deba asumir la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones constitucionales.

En el actual contexto, el tamayazo que se vivió en la Asamblea de Madrid en el verano de 2003, no es el más grave de los escenarios posibles. Desde el PCE siempre hemos insistido en la necesidad de una acción política que conjugue el juego institucional con el impulso de la movilización social, algo que hoy cobra especial relevancia. Frente a los discursos desestabilizadores defendamos la democracia, frente a las amenazas veladas aseguremos el respeto a las mayorías en las instituciones y frente a los interés de una minoría que no quiere otra cosa que salvaguardar sus intereses, desarrollemos el proyecto de unidad popular que ponga en primer termino las necesidades de la mayoría social, la garantía de derechos y la construcción de un nuevo país que reconozca su carácter plural y rompa definitivamente con las ataduras ideológicas, económicas e institucionales del franquismo.