El Juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla ha condenado a tres años y cinco meses de cárcel a cada uno de los cinco terratenientes juzgados el pasado mes de marzo por delitos contra el medio ambiente y de daños al dominio público hidráulico, cometidos al extraer de un acuífero que surte al Parque Nacional de Doñana aproximadamente «el doble» del agua cuya detracción tenían autorizada, para riegos en su finca de Aznalcázar.

La sentencia, según informa la agencia Efe, considera a los dueños de la finca —cinco hermanos— culpables de un delito contra el medio ambiente en concurso con otro de daños al dominio público hidráulico. Por el primero les impone una pena de dos años y cinco meses de cárcel, además de una multa de 12.000 euros, y por el segundo, un año más de prisión.

Además, el Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla ha valorado los daños causados en 1,97 millones de euros que les obliga a pagar, en forma de indemnización, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La sentencia recoge que los condenados extrajeron agua del acuífero sobre el que se asentaba, en parte, su finca, muy por encima de los límites máximos para los que tenían autorización de la CHG. Lo hicieron, añade el juez en su resolución, con «plena conciencia de la protección legal y valor medioambiental» del espacio, así como de las condiciones sobre el uso del agua que les había impuesto la confederación y que «han incumplido de forma deliberada».

En lugar de sacar el agua en la cantidad para la que tenían permiso —un volumen máximo anual de 3,48 millones de metros cúbicos— lo hicieron en un volumen «muy superior al autorizado» y ello, destaca el juez, suponía «poner en serio riesgo el ecosistema». Incluso, detalla, llevaron a cabo un trasvase de la zona norte a la sur instalando una tubería de grandes dimensiones.

Los cinco terratenientes ahora condenados a prisión poseían una finca asentada, en parte, sobre el acuífero Almonte-Marismas. Desde los años 90, se constituyeron en diferentes fórmulas jurídicas para explotar las tierras, desde comunidad de bienes a una sociedad. Cultivaban algodón y arroz y tenían autorización para regar, con las aguas del acuífero, 456 hectáreas de las 1.044 hectáreas totales de la finca. No las respetaron y pusieron en riesgo el medio ambiente con el agravante de que, señala el juez, el Parque Nacional de Doñana goza de protección «singularmente reforzada» y que trasciende de los límites nacionales. No en vano está declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad.

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