El camino hacia la paz en Colombia no es fácil. El conflicto armado de cincuenta largos años dejó más de 260.000 muertos y seis millones de desplazados en todo el país. Muchos intentos fallidos por el camino, y el genocidio de la Unión Patriótica, con miles de víctimas de asesinatos, torturas, desplazamiento forzado y exiliados. Por lo menos hay 121.768 personas de desapariciones forzosas. En septiembre de 2016 se firmó un acuerdo de paz pero hasta ahora sólo se han implementado el 39 % de las medidas. La Justicia y los anteriores gobiernos han sido los principales obstáculos para avanzar.
Ahora sí hay voluntad política. El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado su compromiso con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, ha iniciado nuevos procesos de diálogo con grupos armados para trabajar en la terminación del conflicto, ha iniciado reformas sociales y ha hecho de la justicia social una prioridad. Ahora tiene que concretar las medidas y tampoco es fácil.
En la segunda quincena de septiembre una delegación de juristas y de líderes de derechos humanos formada por los abogados Vanessa Vasco Vargas y Bayron Ricardo Góngora, junto al presidente de la red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia, Jorge Mario Goez David, llegaron a España en una gira de trabajo de incidencia política para dar seguimiento a las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) 2018 y para que los Estados miembros cuenten con información acerca de la persistencia de la gravedad de la situación de DD. HH. en Colombia y puedan realizar las recomendaciones pertinentes de cara al EPU 2023 cuando se presente en la ONU el 7 de noviembre.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de las Naciones Unidas que periódicamente examina la situación de Derechos Humanos de los 193 Estados miembros. Como preparación de esta sesión, las organizaciones sociales preparan “Informes Sombra”, un análisis sobre la situación de DD.HH. de los países objeto del examen. La finalidad de estos informes sombra es complementar la información proporcionada por los Estados al Grupo de Trabajo sobre el EPU.
El informe sombra de Colombia, que ha sido preparado por una coalición ad hoc de 67 organizaciones internacionales, contiene una actualización sobre la situación de derechos humanos entre 2018 y 2023, cinco años con cambios políticos importantes. Ha sido un periodo con tres gobiernos diferentes: los últimos meses del Gobierno Santos (2010-2018), el Gobierno Duque (2018-2022) y los primeros meses del Gobierno Petro (2022-2026).
El panorama global de derechos humanos en Colombia, entrelazado con la situación del conflicto armado interno y los procesos de paz, no ha sido alentador en los últimos cinco años. Tras una reducción en las tasas de violencia entre 2012 y 2016, los indicadores de DD. HH. y de violencia relacionada al conflicto armado volvieron a mostrar una tendencia al empeoramiento.
En el 2018, Colombia recibió numerosas recomendaciones para implementar con celeridad el Acuerdo Final de Paz firmado con las FARC-EP en 2016, para evitar escenarios de repetición del conflicto y violaciones de derechos humanos. El proceso bajo el Gobierno Santos había sido lento, pero en el periodo del Gobierno Duque se estancó completamente. Las zonas dejadas por las FARC-EP fueron ocupadas por otros grupos armados y el conflicto entró en una nueva fase, dejando otra vez cientos de miles de víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonales, asesinatos selectivos, reclutamiento forzado, desaparición forzada, secuestro y violencia sexual en el marco del conflicto.
Con este contexto las poblaciones rurales, campesinos, afros e indígenas, recibieron la pandemia del covid-19. La falta de respuesta estatal a las necesidades generadas por sus consecuencias deterioró de forma dramática la situación de pobreza y el acceso a la salud, la educación, el empleo digno y a la alimentación. También fue el contexto de graves violaciones de los derechos humanos en relación a la protesta social y el abuso policial.
Las personas, en medio de esa situación tan precaria, han denunciado, investigado y buscado justicia y satisfacción de los derechos. Y las personas defensoras de los derechos humanos, han sufrido amenazas, asesinatos y otras agresiones, año tras año durante este periodo. Se han roto tristes records de cifras de agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos. La mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad.
A pesar de los obstáculos puestos por el Gobierno a la implementación del Acuerdo Final de Paz, se dieron algunos avances, unas luces en la oscuridad: la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad realizó y publicó su informe final, la Jurisdicción Especial de Paz pudo emitir su primera resolución y algunos responsables reconocieron sus crímenes y pidieron perdón a las víctimas del conflicto.
El EPU es una oportunidad para rodear y motivar estos esfuerzos e insistir en sus lagunas. Se deben apoyar estos esfuerzos, a través de la participación activa en el EPU, la cooperación con Colombia, las relaciones bilaterales y los espacios multilaterales, entre otros.
LOS PUNTOS NEGROS DEL INFORME SOMBRA
Al final del Gobierno de Iván Duque 2018-2022, sólo se había implementado el 30 % de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz (AFP) de 2016. Otro 19 % se encuentra en una fase intermedia y el 37 % en una fase de implementación mínima. El actual Gobierno de Gustavo Petro anunció en agosto 2022 su compromiso irrestricto con la implementación integral del AFP.
El capítulo 1 del AFP sobre “Reforma Rural Integral” es el que menos ha avanzado a pesar de que la desigualdad en la tenencia de la tierra haya sido una de las causas estructurales del conflicto armado.
La inseguridad de los excombatientes es preocupante, con deterioros evidentes entre 2018 y 2022 que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proceso de paz. Hasta enero de 2023, habían sido asesinados 355 excombatientes de las FARC-EP.
Se evidenció un recrudecimiento de la violencia relacionada al conflicto armado entre 2018 y 2022. Según la Cruz Roja hay 7 conflictos armados en el país que afectan la población civil: las cifras sobre el desplazamiento forzado, las víctimas de minas antipersonales, el confinamiento, el reclutamiento de menores y la violencia sexual se han incrementado en el último año. En el 2022 se realizaron 94 masacres, según Indepaz, Naciones Unidas documentó al menos 198 ejecuciones extrajudiciales a manos de integrantes de la policía y las fuerzas militares entre 2018 y 2022.
Preocupan los altos niveles de impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales, incluidos los “falsos positivos”. La JEP comprobó 6.402 “falsos positivos” sólo entre 2002 y 2008.
Colombia sigue siendo un país de alto riesgo para personas defensoras de derechos humanos en contextos empresariales, sobre todo en los sectores del petróleo, gas y carbón.
También sigue siendo el país más peligroso en el mundo para ser sindicalista. En 2021 se registraron 13 asesinatos, 6 atentados y 99 amenazas.
Entre enero y octubre de 2022 la FLIP documentó 582 reportes de agresiones a periodistas, comunicadores y medios de comunicación en Colombia.
Entre 2019 y 2021, Colombia vivió las movilizaciones ciudadanas más grandes en cuatro décadas. La violencia excesiva contra manifestantes durante las protestas entre 2019 y 2021 ha dejado un saldo de 133 homicidios, 5.379 detenciones arbitrarias y 2.607 personas heridas, así como, cientos de casos de tortura, desaparición forzada, violencia de género y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Preocupa la alta tasa de lesiones causadas por el sistemático uso de armas potencialmente letales disparadas a quemarropa. Más del 90 por ciento de los abusos de la fuerza pública siguen en la impunidad.
Entre 2018 y 2022, persistieron denuncias de operaciones de inteligencia ilegal: 130 personas han sido víctimas de “perfilamientos y seguimientos” por parte del Ejército Nacional, con la finalidad de elaborar informes sobre sus vidas profesionales y privadas: esta lista incluía a periodistas internacionales y nacionales, defensoras/es de derechos humanos, sindicalistas, jueces, y parlamentarios/as de la oposición.
Se han perfilado y hostigado a quienes documentan la presunta responsabilidad de las fuerzas militares en actividades ilegales, como las ejecuciones extrajudiciales, llevadas ante la JEP.
En Colombia, la cifra de feminicidios desde enero a septiembre de 2022 suma 445 y se acumulan a los 622 de 2021, los 630 de 2020 y los 571 de 2019.
La violencia basada en género (VBG) incluye: feminicidios, amenazas, violencias sexuales, ataques, estigmatizaciones, entre otras. La VBG se agrava en territorios rurales donde existe presencia y control por parte de actores armados, donde las mujeres presentan mayores condiciones de vulnerabilidad debido a su pertenencia étnica, edad, condiciones socioeconómicas y roles de liderazgo en la defensa de derechos.
En el marco del derecho aplicable por la JEP, la definición de responsabilidad de mando no cumple con los requisitos establecidos a nivel internacional. No incluye a mandos civiles.
