Tras el fracaso de las derechas, ¿ahora qué?

Expectación, gran expectación, ese es uno de los vocablos que podemos utilizar para describir el sentir de la sociedad española ante este momento histórico que estamos viviendo. Una vez comprobado el anunciado fracaso del intento de investidura de Alberto Núñez Feijoo se abre un plazo de dos meses para evitar nuevas elecciones, tal y como establece artículo 99.5 de la Constitución. Eso significa que, en el caso de que llegados al lunes 27 de noviembre ningún candidato hubiese conseguido los apoyos necesarios, las Cortes quedarán disueltas de forma automática y deberá convocarse un nuevo proceso electoral, nuevas elecciones que hipotéticamente se celebrarían el domingo 14 de enero de 2024.

Para evitar ese escenario ahora toca el turno de Pedro Sánchez y el bloque progresista, que deben tratar de sacar adelante la investidura del candidato socialista, investidura positiva que ni mucho menos está asegurada toda vez que la dependencia del voto de Junts hace que la incertidumbre siga sobrevolando sobre la posibilidad final de un acuerdo.

No se puede esconder que en los últimos días el independentismo catalán ha reforzado sus exigencias, lo que está nublando la seguridad con la que muchos daban como cierta la investidura de Pedro Sánchez. Si se daba por descontado un acuerdo limitado en los máximos a la concesión de una amnistía para los cientos de personas inmersas en procesos judiciales relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017, elemento político de gran calado y repercusión, ahora los partidos catalanes ha utilizado el Parlament para aprobar, el pasado día 29 de septiembre, el mismo que Feijoo fracaso definitivamente en segunda votación, condicionar la investidura del candidato del PSOE a que el Gobierno «se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum». Así lo han aprobado ERC y Junts, con la abstención de la CUP, en el marco del debate de política general y en plenas negociaciones para que Sánchez sea reelegido presidente. A pesar de las diferencias y la desunión entre los dos ex socios del Govern y de coalición electoral, ERC y Junts consiguieron pactar un texto conjunto con el claro objetivo de subir el precio del independentismo al desbloqueo, y aunque el redactado no fija plazos concretos para la celebración de un hipotético referéndum, no deja de ser un planteamiento que redunda en el disenso, complicando el acuerdo. Es cierto que esta nueva exigencia se ha dado en el marco del sexto aniversario de los hechos del 1 de octubre 2017, dentro de un escenario lógico para discursos políticos independentistas para tratar de dar sentido a ese pasado frustrado, doloroso para una parte importante de la población catalana por el lamentable trato dado por las fuerzas policiales españolas, pero lo es también que existe riesgo real de entrar en una espiral de presiones que, amplificadas por el sector más duro del independentismo, puedan hacer descarrilar una investidura que hace unas semanas se daba por hecha.

Estamos de nuevo ante la marca de identidad del procesismo catalán: tensionar el proceso, en este caso de investidura, hasta el límite posible

Lo que parece más claro es que estamos de nuevo ante la marca de identidad del procesismo catalán, tensionar el proceso, en este caso de investidura, hasta el límite posible, agotar plazos, cuidar los discursos con énfasis para luego matizar en posteriores intervenciones, escenario actual que hace que en estos momentos prácticamente podamos descartar un rápido acuerdo de investidura y razonar que lo más probable es que tengamos que esperar al mes de noviembre para poder ver alumbrado un acuerdo, si es que sucede. En todo caso, todo apunta a que la decisión última sobre el voto de Junts en la investidura de Pedro Sánchez va a depender de Carles Puigdemont, por lo que resulta decisiva la interlocución que se establezca con él y de los gestos que hacía él se puedan dar por parte del PSOE, gestos que sin duda son necesarios y en los que el Presidente en funciones y más estrechos colaboradores se van a tener que aplicar con seriedad.

EH Bildu vuelve a centrar su trabajo político en la agenda social y en frenar cualquier avance de de índole fascista; desde la noche electoral apoyó la creación de a un gobierno progresista

La conciencia vasca, antifascista y social

Más sencillo se presenta recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios, empezando por EH Bildu, cuyos dirigentes, con Otegi a la cabeza desde la misma noche electoral, han mostrada su franca voluntad de cerrar un acuerdo de investidura que cierre el paso a las derechas y evite el riesgo que supone una repetición electoral, lo que muestra el constructivo papel que está jugando EH Bildu en los últimos años, empeñado en centrar su trabajo político en la agenda social y frenar cualquier avance de fuerzas de índole fascista. En similar posición estaría el PNV, que descartada toda posibilidad de acuerdos con el PP mientras pacte con Vox, estaría avocado a un sí a la investidura sin muchas condiciones, ya que un rechazo sería negativamente interpretado por la sociedad vasca y con seguridad tendría un alto precio electoral en las elecciones vascas previstas para el próximo año.

Sumar, la izquierda y la movilización

Todo apunta a que un acuerdo de SUMAR —y el conjunto de fuerzas que lo conforman, incluyendo a IU y el PCE—, con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y reeditar el gobierno progresista de coalición es posible. También es evidente que las dificultades para alcanzar ese acuerdo aún son notables, toda vez que en muchos de estos temas las posiciones aún están lejos y no parece que se vaya a cerrar de forma rápida ese acuerdo, más aun con un PSOE aparentemente menos propenso a avanzar en acuerdos sociales y centrar el acuerdo programático en cuestiones de índole territorial y derechos cívicos; pueden tratar de relegar la agenda social con la excusa de la necesidad de pactar el conjunto de iniciativas con el nacionalismo burgués de PNV y Junts, fuerzas menos sensibles a la cuestión social, aun cuando en la actual disyuntiva electoral en la que se encuentran cada una de ellas —su competencia con EH Bildu y ERC respectivamente— no debe obviarse que la agenda social pueda y deba seguir jugando un elemento central en sus respectivos territorios como para forzar que se involucren en la mejora y generación de nuevos derechos. La izquierda no puede renunciar a que los problemas reales de la clase trabajadora queden rebajados en un posible acuerdo de investidura, por lo que resulta necesario redoblar la movilización de las entidades sociales, incluidos los sindicatos, que puedan ayudar a alcanzar compromisos reales sobre nuevos avances sociales.

Sin duda nos encontramos ante unas semanas cruciales para alcanzar un acuerdo de investidura progresista y plurinacional que nos permitan avanzar y consolidar derechos. Sin duda la negociación de las próximas semanas va a girar principalmente sobre la cuestión catalana, ya que resulta una necesidad coyuntural aunque también histórica, aunque resulta imprescindible abrir el marco de debate sobre diversas cuestiones de índole económica y social, para lo que también debe resultar determinante el empuje y capacidad del PCE de plantear alternativas de negociación y debate sobre cuestiones que demandan la mayoría social de nuestro país.