Un desafío para Polonia: una coalición amplia para echar al gobierno ultraderechista de Kaczynski

El domingo 15 de octubre tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en Polonia, en las que más de 30 millones de personas estaban llamadas a las urnas en las consideradas como las elecciones más ajustadas de los últimos 25 años. Y ello se ha traducido en una participación histórica, que ha sido de un 72,9 %, un récord que supera al 62,7 % de las elecciones de 1989, las primeras elecciones tras la caída del campo socialista.

Recordemos que Polonia ha sido uno de los primeros países que protagonizaron la ola reaccionaria que recorre Europa y el mundo, desde que en 2005 el partido Ley y Justicia (PiS) se hiciera con la Presidencia de la República y del Gobierno (los conocidos hermanos Kaczynski) y posteriormente, gobernando desde 2015 hasta la actualidad. Con el resultado electoral del pasado 15 de octubre se ha abierto la posibilidad de conformar un nuevo gobierno con los tres partidos de la, hasta ahora, oposición.

Así, la oposición liderada por la derecha liberal de Plataforma Cívica consiguió la mayoría necesaria, mientras que el partido de Jaroslaw Kaczynski ha logrado la victoria, pero perdiendo la mayoría absoluta para poder gobernar. El partido de ultraderecha consiguió el 35,4 % de los votos (lejos del 43 % obtenido en 2019), traducidos en 194 escaños, pero su alianza con la Confederación (Konfederacja), un partido también situado en la extrema derecha y con 18 escaños, no es suficiente para llegar a la mayoría.

Uno de los factores que ha determinado este vuelto electoral radica en las protestas contra una ley que prevé la creación de una comisión que puede, sin orden judicial, excluir a los políticos de cargos públicos por un período de diez años si considera que están “influenciados por los intereses rusos”, y entre los que podían haber señalado a Tusk (por eso desde la oposición se hablaba de la “Lex Tusk”).

Otro de los factores, este dentro del bloque gubernamental, ha sido la caída del apoyo electoral a la Confederación, una formación que se había llegado a posicionar como la tercera fuerza política en los sondeos del pasado mes de septiembre, pero de tendencia prorusa, una posición complicada de mantener en la sociedad polaca, y sobre todo en el contexto de la guerra de Ucrania.

Esta es la primera vez que Ley y Justicia no le hace sombra a la Plataforma Cívica, que ha conseguido el 30,70 % de los votos (157 escaños). Contarán, además, con los 65 escaños de Tercera Vía (14,40 % de votos, una coalición entre el partido democristiano Polonia 2050 y el partido agrario), y los 26 de Lewica (8,6 % de votos, Nueva Izquierda), lo que les permite superar los 231 escaños necesarios para gobernar, ya que el parlamento tiene 460 asientos.

En el ámbito de las relaciones europeas, hay que recordar que Donald Tusk, que ya es considerado como el próximo primer ministro de Polonia, fue presidente del Consejo Europeo (2014-2019), por lo que seguramente promoverá un cambio en las relaciones hacia la Unión Europea, que cayeron a mínimos históricos durante ocho años de gobierno de la extrema derecha del PiS. Prácticamente una década con una tensión política que ha llevado a recriminaciones públicas, bloqueos constantes y múltiples demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La futura mejora de las relaciones podría llevar a desbloquear los 35.400 millones de euros de los fondos de recuperación de la COVID-19 que la Comisión Europea aún no ha liberado debido a una disputa en curso sobre la independencia judicial en Polonia, una de las principales promesas electorales de Tusk. Aunque este aspecto no lo tendrá fácil, ya que el PiS sigue siendo el partido mayoritario y hará todo lo posible para mantener marco administrativo que construyó durante sus ocho años de gobierno.

Sin ir más lejos, el presidente de la República, Andrzej Duda, fue elegido gracias a los votos del PiS, estará en el cargo hasta 2025, y tiene la capacidad de bloquear determinadas leyes mediante el veto. En ese sentido, lo más probable es que para la investidura proponga formar gobierno al candidato del PiS, al ser el partido más votado, una maniobra condenada al fracaso pero que dilatará el calendario para la llegada de la oposición al gobierno. Un movimiento que en España nos es de sobra conocido. Por último, aunque todo indica que la coalición de los tres partidos actualmente opositores formarán gobierno, una de las mayores dificultades para Tusk será gestionar un gobierno con una composición heterogénea (que va desde la derecha liberal hasta la socialdemocracia) de tres partidos que esencialmente tienen en común su rechazo a las políticas de ultraderecha del PiS. El autentico desafío consistirá en arrancar al PiS del control de los poderes públicos y de las instituciones judiciales, que no dudará en utilizar para dificultar la acción del nuevo gobierno. Un escenario complejo que nos devuelve a la imperiosa necesidad de la lucha ideológica y del cambio cultural para combatir y erradicar a la extrema derecha de la sociedad.