Los vecinos de San Fernando de Henares llevan años padeciendo una decisión irresponsable de Esperanza Aguirre, motivada por el deseo de conseguir más votos. La prisa en los plazos de ejecución del cambio de trazado de la Línea 7 de Metro, unida a la imprudencia con que se desoyeron los informes que advertían de los peligros del subsuelo, han dejado sin casa a varias decenas de vecinos a la vez que mantiene en vilo a varios cientos, además de provocar la devaluación de los pisos del municipio. Para completar el cuadro, conviene recordar que fue Francisco Granados, el del millón de euros en billetes escondidos en un altillo de su piso, la mano derecha de Aguirre en esos años, el que manejó las adjudicaciones, y fueron empresas de Florentino Pérez las principales beneficiarias. Todo un puzle, un desgraciado ejemplo de cómo te pueden “joder la casa y la vida” cuando menos te lo esperas, por usar las palabras de una afectada. El tramo de la ampliación de la línea 7 de metro que originó el hundimiento del subsuelo de San Fernando ha sufrido cierres reiterados desde su inauguración. Ahora lleva sin funcionar desde 2020. Las obras de reparación acumulan un sobrecoste de 120 millones de euros.
Ampliaron la línea 7 del metro desoyendo los informes que advertían de los peligros del subsuelo. Las grietas empezaron a aparecer en las casa en 2009 pero los problemas siguen sin resolverse
He dividido en tres fases el calvario por el que han ido pasando los afectados desde 2009, año en que aparecieron las primeras grietas en sus viviendas. En la primera fase están las familias en proceso de indemnización por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Estos cuarenta vecinos fueron desalojados de forma urgente en 2021 sin tiempo para sacar sus enseres. Únicamente se les dio treinta minutos para coger los documentos más importantes. Hasta ese momento se les había dicho que las grietas y hundimientos que observaban no comportaban peligro. Iba a ser “el edificio más seguro de Madrid”, en palabras del consejero de Transporte David Pérez. Son los vecinos de la llamada Zona 0 que se concentra entre la calle de La Presa y la calle de Nazario Calonge.
Pero la indemnización no cierra el proceso. El empeño de los responsables de la CAM de utilizar como criterio una tasación por debajo del precio de mercado impide que los afectados puedan adquirir una vivienda similar con dicha indemnización. Nos lo explica Bautista, uno de los vecinos que está en esta situación: “No estamos de acuerdo con la indemnización creo que ninguno. No responde a nuestras exigencias de que nos diesen las llaves de un piso igual. Y lo que nos han dado, que incluye los muebles y daños morales, apenas alcanza para poco más de la mitad de un piso como el que tenía”.
Tras 15 años de grietas, reparaciones, desalojos y finalmente derribos, ahora se ven obligados a iniciar la senda de la reclamación judicial, con los gastos y tiempo de espera correspondiente
Así, tras 15 años de grietas, reparaciones, desalojos y finalmente derribos, ahora, para conseguir que se les dé el equivalente al valor de sus viviendas, se ven obligados a iniciar la senda de la reclamación judicial que les supondrá unos años más (no saben cuántos) de incertidumbre, amén de los gastos correspondientes en abogados y trámites judiciales, “varios miles de euros”, según otro afectado. Cree Bautista que la CAM está jugando con las necesidades de los vecinos para que se vean obligados a aceptar lo que les ofrezcan a cambio de no esperar. “Yo soy un afortunado”, dice, “pero hay vecinos que están pagando la hipoteca del piso que les tiraron y encima tienen que pagar el alquiler de la casa en que viven”. Bautista expresa el profundo malestar que llevan sintiendo por el trato que han recibido de los responsables de la CAM, empezando por Esperanza Aguirre y terminando por Isabel Díaz Ayuso: “Esto es reírse de nosotros. No sé dónde estará la educación de esta gente. Yo tengo confianza en el juez, en que sea justo y que nos indemnice como merecemos.”
También en esta fase se encuentra un pequeño grupo de familias cuyas casas están derribadas pero que todavía no han cobrado. Hay un dato revelador del talante del gobierno de Ayuso: una vez derribada la vivienda, y finalizado el expediente con la indemnización fijada, pueden pasar meses hasta que los afectados reciban el dinero. Durante ese tiempo, la CAM deja de pagar el alquiler del realojo y del guardamuebles y lo sustituye por un pago de 798 euros al mes, que se conceptúa como adelanto de la indemnización, a descontar de esta cuando se lleve a efecto. Es decir, que los gastos de esos meses que la CAM tarda en pagar van a la espalda de los afectados. Dado que lo previsible es que el proceso siga el camino del grupo anterior, al final se verían abocados también a iniciar reclamaciones judiciales.
En la fase segunda están los vecinos que han sido desalojados de sus viviendas y a los que la CAM está pagando sus alquileres y guardamuebles. En esta situación se encuentran 46 familias. La CAM ha comunicado a 13 de ellas que sus casas van a ser demolidas y están pendientes de que el ayuntamiento finalice el proceso de declaración de ruina para que la CAM pueda proceder a la demolición, cierre el expediente, esperen, cobren y, si así lo consideran, puedan demandar. Los 33 restantes están a la espera de que la CAM les diga si van a arreglarlas o las van a derribar.
En la tercera fase se encuentran varios cientos de vecinos cuyas viviendas están afectadas pero que no han sido realojados porque, según los responsables de la CAM, sus viviendas no corren peligro. Estas personas habitan los edificios próximos a la Zona 0 y llevan un año conviviendo con los trabajos de inyección de hormigón que se están realizando a escasos metros de sus ventanas, soportando fugas de agua y gas, cortes de electricidad y un ruido tan permanente como insoportable, un ruido del que los operarios de las obras se defienden, como corresponde, llevando protecciones auditivas. Viven con sus calles encajonadas por las vallas que circunscriben la Zona 0 en la que se han instalado las máquinas perforadoras. Ahora les acaban de comunicar que estos trabajos se prolongarán al menos dos años más. Amén de lo anterior, soportan la incertidumbre sobre el futuro de sus casas.
“Es inhumano que la CAM no los reconozca como afectados de forma oficial, se niegue a desalojarles y les obligue a seguir soportando estos ruidos infernales, sumados a cortes de luz, agua e incluso fugas de gas generadas durante los trabajos”, nos dice Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Línea 7 de Metro, un joven cuya casa está en proceso de derribo. Según Escribano, muchos de estos vecinos están nerviosos porque han detectado que sus viviendas tienen daños que se acrecientan sin que ninguna autoridad haya dado respuesta firme a sus demandas. Aunque casi todas las viviendas de este grupo están cerca de la Zona 0, han aparecido desperfectos en edificios más alejados con la consiguiente preocupación de sus inquilinos.
Andrés tenía una peluquería. “A los dos meses del derribo me dijeron que llevase la documentación para pagarme por lucro cesante, pero han pasado 28 meses y no he visto un euro”
Comercios: dos años al sol
Capítulo aparte es el de los comercios afectados, los cuales, hasta el momento, no han recibido ninguna ayuda del gobierno de la CAM. Andrés tenía una peluquería debajo de la vivienda y en marzo derribaron el edificio perdiendo ambas. “A los dos meses del derribo me dijeron que llevase la documentación para poder pagarme por lucro cesante, pero han pasado 28 meses y no he visto un euro”, nos explica Andrés. “Ahora —continúa— me han mandado una comunicación con el monto de la indemnización que aún no he podido cobrar y no sé la razón. Yo he podido aguantar por los ahorros y la ayuda de mis hijos y gracias a que hace unos meses me he jubilado”. Al igual que otros afectados, Andrés se enciende cuando oye el nombre de Ayuso: “estuve hablando con ella y que sí, que no te preocupes y nos han dado una mierda: 53.000 euros por un local de 65 metros cuadrados, arreglado, con calefacción y aire acondicionado y en el que tenía un pequeño apartamento con baño y cocina”. “Y por el piso —continúa— me dan 144.000, por un piso de 76 metros que hace cinco años valía más de doscientos mil”. “Solo se preocupan por ellos”, sentencia refiriéndose a los responsables del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Mientras los vecinos de San Fernando van pasando por las sucesivas estaciones del calvario provocado por la filtración de aguas de las obras de la Línea 7 de Metro, la responsable en origen de este desastre, Esperanza Aguirre, anda luciendo su desvergüenza por las televisiones como si la cosa no fuese con ella. Recientemente, convirtió a Alejandro Escribano en el concejal más joven del mundo en el programa Todo es Mentira de Risto Mejide: La desparpajada intentó descalificar los argumentos de Escribano colocándole como concejal de Izquierda Unida en el año 2008, cuando tenía solo once años. Son reiterados los intentos de los altos responsables del PP de descalificar las demandas de los vecinos de San Fernando acusando a sus portavoces de tener intereses políticos. Es inconcebible, puesto que les acusan de tener intereses políticos, algo que tanto Ayuso como Aguirre es manifiesto que sí tienen y de lo que llevan viviendo toda su vida.
Isabel Díaz Ayuso ha sido la responsable de impedir con los votos de Vox y PP que se aprobase un Plan Integral para San Fernando, consensuado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. Este plan hubiese facilitado no solo indemnizar a precios de mercado, sino que habría creado un marco de tranquilidad para afectados y no afectados hoy, pero que temen poder serlo mañana. Un marco de garantías como el que tuvieron los vecinos de El Carmel de Barcelona. Un plan que le garantice a cualquier vecino de San Fernando que, si la desgracia llega a los cimientos de su vivienda, la CAM le va a atender y la va a proporcionar una vivienda similar. El rechazo de Ayuso y Vox a este plan lo tienen clavado los vecinos: “No tienen dignidad”, afirma uno de los afectados; “sabían lo que estaba ocurriendo y lo ocultaron y ahora están haciendo lo mismo”. Desde la CAM también acusan a la Plataforma de querer sembrar miedo. “El miedo lo generan ellos”, dice Escribano. “El problema, explica, “es que la gente ha vivido el proceso de los derribos. El miedo lo han creado ellos con sus promesas falsas. Por eso a la gente le cuesta creerles”.
Una de las consecuencias de estos procesos repletos de temores e incertidumbre es el daño psicológico que provoca, unos daños que la Seguridad Social no está en condiciones de atender. Por ello, los afectados han pedido a la ONG Psicología Sin Fronteras una propuesta de atención psicológica. La ONG se la dirigió al ayuntamiento sin recibir respuesta. A petición de varios afectados, Más Madrid llevó la propuesta al pleno del ayuntamiento siendo rechazada con los votos del PSOE, PP y Vox.
LA SOBERBIA, LA IRRESPONSABILIDAD Y LOS NEGOCIOS DEL PP
Esperanza Aguirre tomó la decisión. Anteponiendo sus intereses políticos cambió el trazado de la línea un año antes de su inauguración ignorando los informes geológicos que alertaban de los problemas de la zona. En 2006, Aguirre quiso construir dos estaciones más: Henares y Hospital de Henares. Lo anunció en un acto público y pilló a todos por sorpresa, incluidos los técnicos y la constructora. De seis estaciones del proyecto inicial, una línea casi recta, se acabaron haciendo ocho, obligando a cambiar el trazado que acabó dibujando una amplia curva. El 5 de mayo de 2007 Aguirre pudo inaugurar una de las estaciones. Las elecciones se celebraban el día 27. Llegó a tiempo.
Francisco Granados, mano derecha de Aguirre, manejó las adjudicaciones.
Florentino Pérez propietario de Dragados, empresa que se encargó de la macroinfraestructura por 168 millones de euros. Con los cambios en el trazado se incrementó en otros 38 millones.
Isabel Díaz Ayuso. Sigue sin resolver el problema. Las 600 familias afectadas, que no han dejado de manifestarse, la acusan de manipulación, de intentar poner a la opinión pública en su contra, hacerles pasar por pedigüeños o de ser esbirros de los partidos de la izquierda. Las indemnizaciones son insuficientes y la forma de resolverlo escandalosa.
