A punto de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, el movimiento memorialista en el conjunto del Estado se encuentra —con notables diferencias territoriales en función del poder autonómico— ante un panorama sociopolítico e ideológico cargado de presiones y amenazas a todo lo que supone la memoria democrática, que provienen de poderosos sectores mediáticos, culturales, políticos y sociales, pero que también tienen que ver con una cierta desorientación y agotamiento interno en cuanto a las líneas estratégicas y la capacidad de respuesta que deben marcar las reivindicaciones memorialistas en este tiempo incierto que se abre ante nosotros. Desde el punto de vista de la coyuntura, el cambio de ciclo político en Europa y en España está determinando la reducción y en algunos casos la desaparición de políticas públicas activas en el campo de la memoria democrática, sustituidas por ese constructo vacuo y engañoso denominado “memoria de la concordia”, basada en la reivindicación de la equidistancia entre víctimas y victimarios (en consecuencia no hay culpables o todos fuimos culpables) y en la restauración pública de viejos mitos del franquismo.
Este difícil contexto político-ideológico se proyecta de modo dialéctico sobre las propias condiciones y dinámicas internas de asociaciones y foros memorialistas agudizando los problemas que desde hace algún tiempo vienen manifestándose: débil apoyo social, ensimismamiento del discurso en las bases propias ya convencidas pero con insuficiente proyección “hacia afuera”, escasa incorporación de las nuevas generaciones al movimiento memorialista, cierto radicalismo verbal que encubre la necesidad de acometer una sosegada reflexión sobre el nuevo horizonte que se nos presenta y las consiguientes estrategias para abrirnos a la ciudadanía y seguir vivos en este largo proceso de la “batalla por las memorias” tal y como lo llamó Julio Aróstegui.
LA EQUIDISTANCIA
El componente que más ha marcado el sentido de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles ha sido la equidistancia, entendida como una visión de la guerra de España (del golpe y de la dictadura no se habla) que iguala y confunde en un constructo genérico y ahistórico de “españoles fraticidas” tanto a los que se sublevaron armados contra la Segunda República como a los que cumplieron el deber cívico de defenderla como régimen legal y democrático. La base jurídico-política de esta enraizada forma de malentender nuestro pasado reciente se encuentra en la Ley de Amnistía de 1977, especialmente en su artículo segundo, cuya formulación jurídica que iguala en el perdón y en el olvido a los luchadores antifranquistas y a los esbirros de la dictadura, agravada por la interpretación sesgada y reaccionaria que el Tribunal Supremo ha hecho de ella en repetidas ocasiones para frenar cualquier intento de atender las peticiones de justicia demandada por las víctimas del franquismo, constituye uno de los rasgos intocables de la “cultura política” de la Transición, hasta el punto de no haber sido derogada en ninguna de las dos leyes estatales de Memoria que ha promulgado el actual estado monárquico-parlamentario.
La influencia de la interpretación equidistante del periodo comprendido entre 1931 y 1978 en la memoria colectiva de la ciudadanía española fue y sigue siendo muy potente, y sus efectos sobre la relativa debilidad sociológica del asociacionismo memorialista —si lo comparamos con otras áreas reivindicativas como el movimiento feminista o de defensa del medio ambiente— parecen indiscutibles. Otro efecto perverso consiste en lo que podríamos llamar la impunidad electoral de los dirigentes políticos de la derecha que son conscientes de que no les va a costar ni un solo voto suspender las políticas públicas de memoria democrática en autonomías y localidades e incluso revertir algunas de sus conquistas, como el cambio de nombres franquistas de calles y espacios públicos.
Las exhumaciones de fosas del franquismo se realizan actualmente por parte de las instituciones en este marco interpretativo, lo que impide la consecución real de los derechos de verdad, justicia y reparación. A partir de una práctica técnico-arqueológica y una visión humanitaria y despolitizada, la idea central que mucha gente asume consiste en que todos mataron y murieron, pero unos están bien enterrados (los que vencieron) y otros —los perdedores— se encuentran mal sepultados por lo que procede igualarlos a todos en una digna sepultura. El empeño de parte del movimiento memorialista y de familiares en exigir jueces y verdad a la hora de exhumar, no puede compensar esta visión dominante que surge del propio Estado.
REVISIONISMO Y NEGACIONISMO
Los intentos de reinterpretar en un sentido reaccionario el contexto y las causas de los grandes conflictos bélicos o revolucionarios del mundo actual no son privativos de nuestro país y se sustentan en la teoría política neoconservadora y antimarxista que desde los años 80 elabora la noción de “violencia política”, para englobar en una sola visión indistinta cualquier manifestación de violencia sin distinguir la razón moral y las condiciones de clase que diferencian a opresores y oprimidos, sean estos grupos sociales o Estados sometidos al imperialismo.
Proyectado al caso español, el uso defensivo de la fuerza por parte del Estado republicano es equiparable a la sublevación militar y el plan de exterminio programado a partir de los bandos de guerra, o la huelga general revolucionaria de Octubre de 1934 equivale al golpe militar franquista, afirmación delirante que es defendida sin rubor por publicistas que se llaman a sí mismos historiadores. Algo parecido ocurre con el negacionismo, tercera pata de la memoria blanqueadora del golpismo y del franquismo, junto con la equidistancia y el revisionismo.
Aplicado a la Segunda Guerra Mundial, ha servido para ocultar durante décadas el genocidio perpetrado en los campos de exterminio nazis, o para minimizar el papel de la Wermacht en el menos conocido pero aún más extenso genocidio contra la población eslava en la Unión Soviética. En España, el ejercicio más sostenido y grave por las profundas consecuencias que sigue teniendo en la memoria colectiva tiene que ver con la minusvaloración, ocultación o negación del golpe de Estado militar contra la Segunda República, incluso a nivel académico y educativo, así como en minimizar o negar las cifras y las consecuencias de la violencia franquista.
¿QUÉ HACER? EL MOVIMIENTO MEMORIALISTA ANTE UN DEBATE NECESARIO
Equidistancia, revisionismo y negacionismo no constituyen memorias separadas sino que conforman reforzándose mutuamente una extendida y socialmente hegemónica memoria colectiva que niega a la ciudadanía española el Derecho a la Verdad, proclamado como derecho humano el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
No es sólo una cuestión que afecta a la forma colectiva de entender nuestro pasado. Los sectores reaccionarios y filofascistas que impulsan la memoria antidemocrática tienen muy claro que quien controla la interpretación de un pasado reciente y aún vivo domina también los comportamientos sociales y políticos del presente, como resulta evidente en el apego de las nuevas generaciones a ideologías ultraconservadoras o en el rechazo de cierta parte de la población a la alternativa republicana a partir del mito franquista que marca el periodo republicano como guerracivilista y conflictivo.
Como respuesta colectiva a este posicionamiento cultural de la derecha y la ultraderecha, deberíamos quizás plantearnos la necesidad de reforzar la dimensión y el alcance del relato antifascista, democrático y fundamentado en la verdad histórica como un eje central de la memoria democrática, cómo una trinchera del “no pasarán” frente a las falsedades pseudohistóricas tardofranquistas, el blanqueamiento de la dictadura o la recuperación de siniestros sembradores de violencia como Millan Astray o José María Pemán. Para ello, algunas vías podrían ser:
- Superar el localismo asociativo, impulsando plataformas por la memoria democrática de carácter provincial o autonómico, que permitan la difusión y el uso en red de publicaciones, documentales, material didáctico, exposiciones… que muchas veces se encuentran infrautilizadas o no salen del ámbito local. Estas plataformas permitirían establecer un espacio de reconocimiento de la base ideológica de la memoria democrática, en torno a cinco planteamientos compartidos: la dimensión antifascista como garantía de no repetición; la memoria de la lucha y resistencia popular, no solo de la represión y del dolor; el carácter político (no partidista) de los hechos denunciados y de las reivindicaciones memorialistas; la relación (no identificación) con el movimiento republicano, desde el punto de vista de la reivindicación histórica de lo que supuso la Segunda República; por último la exigencia de unas exhumaciones con verdad y justicia, esto es, con presencia judicial y participación ciudadana.
- Exigir a los representantes de la izquierda que ocupan parcelas de poder en las diferentes administraciones un mayor compromiso institucional con la visibilización y difusión de los contenidos vinculados al derecho a la verdad. Sobre todo en el ámbito local, el más próximo a las víctimas del franquismo y a la vez aquel en el que la izquierda mantiene mayores cuotas de poder, es preciso elevar el nivel de compromiso en cuestiones como el mantenimiento de Memoriales, Lugares y Senderos de Memoria, la erradicación total de cualquier vestigio de nomenclatura o simbología franquista y el apoyo a expresiones culturales que fundamenten y sostengan el relato democrático.
Muchas más iniciativas son posibles para enfrentarse al ascenso de la memoria antidemocrática, que supone en última instancia una revictimización de los hombres y mujeres que sufrieron la represión franquista en sus diferentes manifestaciones, desde el exilio y la muerte civil hasta las torturas, la cárcel y la muerte. Abramos pues el debate y, sobre todo, actuemos.
(*) Profesor de historia e investigador
