El Ministerio de Trabajo y los sindicatos de clase han acordado una reforma del sistema de protección asistencial por desempleo que incluirá entre otras mejoras, la posibilidad de compatibilizar un empleo con el cobro del subsidio o la prestación contributiva, que ha recibido el rechazo de la patronal.
Esta reforma pretende mejorar el sistema de protección asistencial, el subsidio de desempleo, que se percibe durante 30 meses en el caso de haber agotado la prestación contributiva, no haber cotizado lo suficiente o tener más de 52 años, entre otros supuestos. Actualmente, la cuantía de este subsidio, que reciben cerca de 765.884 personas, representa el 80 % del indicador de rentas múltiples (IPREM). Puesto que en 2023 el IPREM estaba fijado en 600 euros, el subsidio era de unos 480 euros mensuales.
La nueva propuesta eleva el porcentaje del IPREM al 95% en los primeros seis meses (unos 570 euros mensuales, 90 euros más), al 90% en los siguientes seis meses y deja el 80% de la actualidad para el periodo en adelante, y hasta completar un máximo de 30 meses.
Además se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125 % de la base mínima vigente en cada momento. También se eliminan los tiempos de espera para acceder a todas las prestaciones asistenciales, de manera que se garantiza la cobertura de las prestaciones desde el primer día.
La propuesta amplía los colectivos que pueden acceder al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares. También se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados.
La reforma permite compatibilizar los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura con los del régimen general, al tiempo que se reduce el número de jornadas reales requeridas para acceder a los primeros (las llamadas peonadas). En la propuesta también se equiparan las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres.
Opinión de las Comisiones Obreras
Para CCOO esta reforma, de concretarse, supone una mejora sustancial de la protección por desempleo asistencial, al tiempo que «no dejamos de insistir en la necesidad de abordar con mayor profundidad, el conjunto de la protección por desempleo, tanto contributiva como asistencial y especialmente queremos insistir en tres materias de vital importancia».
Para el sindicato es urgente abordar la revalorización del IPREM (Indicador Público de Referencia de Efectos Múltiples), que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha impedido incorporar a este Acuerdo pero que resulta esencial porque determina las cuantías de las prestaciones asistenciales. «Es preciso abordar una senda de recuperación del poder de compra que perdió principalmente durante la etapa de recortes sociales durante la etapa de austeridad. El IPREM es la referencia que se utiliza para establecer las cuantías de los subsidios de desempleo y acumulaba hasta 2023 una pérdida de poder de compra del 14%, que en 2024 de no encontrarse la manera de revalorizarlo, se situará en el entorno del 17%», valora CC.OO.
Señalan que en el marco de la Mesa de Diálogo Social con el Ministerio de Seguridad Social, se debe abordar la revisión de los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) de todos los colectivos con dificultades de cobertura en esa prestación, incluidos los que se derivan de la cobertura futura de los colectivos que ahora se garantiza agotarán sus actuales prestaciones y se establecerá una pasarela para que sigan siendo protegidos, tras el agotamiento de las prestaciones actuales, a través del IMV.
De la misma forma, para CCOO es necesario seguir avanzando en la eliminación de vacíos de cobertura en la protección por desempleo que aún subsisten. Para abordar esta cuestión resultaría especialmente útil retomar la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por CCOO y UGT que contó con el aval de 700.000 firmas y que continúa pendiente de culminarse, pese a encontrarse ya en la cuarta legislatura después de su presentación.
