Sumar ha rechazado «de plano» las amenazas de Repsol de llevarse parte de sus inversiones si se le obliga a pagar un impuesto a la producción de hidrógeno y recuerda a la multinacional que «gracias al Estado y al conjunto de los españoles hoy es lo que es», pues en origen fue una compañía pública, y es una de las «grandes beneficiarias» del alza del precio de la energía.
En una rueda de prensa, el portavoz de la coalición de izquierdas, Urtasun, ha recordado el origen público de Repsol y el hecho de que si sus beneficios se dispararon un 70 por ciento en 2022 no fue debido a «una buena gestión» empresarial sino al alza de los precios del petróleo, ha insistido mientras ha defendido que esos beneficios «repercutan en la ciudadanía».
Responde así las palabras del presidente de la compañía, Antonio Brufau, que amenazó el pasado jueves de que si no hay «estabilidad jurídica y fiscal» en España, eufemismo para referirse a los impuestos especiales a las energéticas, las inversiones por 1.500 millones de euros que la energética prevé llevar a cabo en el país para impulsar el hidrógeno renovable se irán a «Portugal o a Francia».
Es más, ha manifestado que parece «lógico» que parte de esos beneficios extraordinarios, que no responden a la gestión de la compañía o una ampliación de su cartera de negocios sino a la situación internacional, repercutan en la ciudadanía cuando la empresa ganó en 2022 4.250 millones de euros, aumento «récord» del 70 %. Luego, ha exigido a Repsol que explique las razones de por qué cuando sube el barril de Brent automáticamente se traslada en los precios de los combustibles mientas que cuando ese índice baja, tarda muchísimo en minorar el coste de la gasolina.
Por tanto, Urtasun ha marcado que la actitud de Repsol demuestra el planteamiento de Sumar, orientado a recuperar una política industrial «fuerte» y que el Estado tenga participación en las «empresas estratégicas» que se perdió «lamentablemente» con el proceso de privatización que inició el expresidente José María Aznar. Cabe recordar que Repsol fue una empresa pública hasta que los gobiernos de González y Aznar la privatizaron entre 1989 y 1997. El Estado ingresó 5.230 millones de euros por su privatización y por comparar tan solo en 2022, sus beneficios fueron de 4.251 millones de euros.
