Arranca la nueva legislatura con la conformación del nuevo gobierno de coalición y lo hace en un contexto marcado por la ofensiva contra la democracia del bloque reaccionario, que se atreve incluso a disfrazar de huelga la fracasada intentona de paro patronal que vino a culminar las jornadas de acoso y derribo a las sedes de partidos e instituciones democráticas.
Afortunadamente, la mayoría parlamentaria, reflejo de una mayoría social, ha consolidado la vía política para canalizar la diversidad y pluralidad de nuestro país. Frente a la salida coercitiva, que aúna vía judicial y policial, el actual ejecutivo apuesta por el diálogo y el acuerdo con el reto de ampliar las conquistas alcanzadas en la anterior legislatura. No será fácil, pues si hasta ahora fueron los nacionalismos de corte progresista de ERC y Bildu los que equilibraban o desequilibraban las mayorías parlamentarias, ahora se les unen los nacionalismos de corte conservador de PNV y Junts. No obstante, la situación de emergencia democrática fruto de la amenaza que en la calle y en las instituciones supone la ola reaccionaria y autoritaria encabezada por PP y Vox, puede suponer un acicate para el avance en términos de derechos y garantías en este periodo.
Según algunos analistas y estudios internacionales, España presenta una de las escenas políticas y sociales con mayor polarización en torno a bloques ideológicos. Esta polarización se centra fundamentalmente en una lógica que, lejos de la racionalidad en los procesos de participación y deliberación democráticas, se fundamenta en la defensa y justificación de absolutamente todo lo que hacen los “míos”. Así asistimos a la normalización de una peligrosa dinámica de desestabilización en la que se imitan prácticas que ya hemos visto en otras partes del mundo: desinformación y noticias falsas para agitar a la opinión pública, intentos de asalto a las instituciones democráticas, rebeldía de ámbitos institucionales como la judicatura o las fuerzas de seguridad que deberían regirse por el principio de respeto a la soberanía democrática y, finalmente, llamamientos a la revuelta en base a la ilegitimidad e ilegalidad de las instituciones fruto de esa soberanía.
Para combatir la actual situación es necesario recurrir a medidas radicales y estructurales, ir a la raíz del problema y no centrarnos solo en su expresión más hiperbólica. Los mismos analistas que mencionábamos anteriormente señalan que la polarización encuentra su campo de cultivo en la desigualdad social y las dificultades que tiene que afrontar la gente trabajadora. Este es el ámbito en el que se la juega el actual Gobierno. El avance en políticas sociales y en medidas laborales que amplíen derechos y protejan a la clase trabajadora es condición necesaria para frenar el avance de un bloque reaccionario que está dispuesto a todo.
Otra de las condiciones necesarias es afrontar ya de manera definitiva una de las asignaturas pendientes que hace que nuestra democracia sea incompleta: la democratización de instituciones que conservan una composición social y una organización jerárquica heredada del franquismo.
La consolidación de la agenda política del bloque democrático que sostiene al actual Gobierno no se puede reducir al ámbito parlamentario. Es necesario que desde la movilización de las organizaciones sociales y la recuperación del pulso de las calles se empuje para exigir avances y velar por su cumplimiento. Solo así podremos consolidar lo que parece una excepción si miramos allende nuestras fronteras.
