Este domingo 17 de diciembre unos 15 millones 300 mil chilenos y chilenas, mediante el mecanismo de voto obligatorio, deben concurrir a sufragar para votar A Favor o En Contra de una segunda propuesta de nueva Constitución.
El texto que se presenta contiene las tesis ultraconservadoras y ultraneoliberales impuestas por el Partido Republicano, de extrema derecha, que en mayo de este año ganó la elección de miembros del Consejo Constitucional —el órgano que debió redactar la propuesta de nueva Constitución—, obteniendo el 35 % de los votos ciudadanos, hegemonizando el contenido del documento constitucional.
En tanto, conglomerado de la derecha tradicional obtuvo el 21 % de los sufragios, lo que reforzó el dominio conservador en el Consejo Constitucional y derivó en la propuesta actual, calificada por muchos analistas como regresiva, autoritaria y neoliberal.
Los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda quedaron en minoría y debido a los quórum, sin posibilidad real de incidir de manera determinante en el nuevo texto constitucional. De hecho, prácticamente el cien por ciento de sus propuestas quedaron fuera.
Los Republicanos, desde hace décadas, y más cuando irrumpieron en el escenario político local hace un par de años, fueron acérrimos opuestos a que hubiera una nueva Constitución y reivindicaron con energía la mantención de la Carta Magna heredada de la dictadura. En lo enrarecido del panorama chileno, se anota que ahora la extrema derecha no sólo promueve una nueva Constitución, sino que ésta contiene sur principios su doctrinarios.
De ahí que algunos definan la propuesta que se vota este domingo como la Constitución de Pinochet 2.0. Ahondado el contenido conservador, autoritario y neoliberal.
Así, la pelea instalada en esta contingencia es entre los sectores conservadores/neoliberales por A Favor, y los sectores transformadores/progresistas por En Contra.
Claro que en este escenario, los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda están frente a la siguiente y objetiva disyuntiva: rechazar la propuesta constitucional ultraconservadora y ultraneoliberal, o dejar vigente la Constitución salida del régimen militar. Poco o nada que ganar.
En esa línea, ningún analista ni representante político discute hoy que si hay algo claro en estos comicios, es que no está a la mano un texto constitucional transformador, de modernización/actualización democrática, promotor de la participación ciudadana, consagrador de derechos de pueblos originarios, de promoción de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de real instalación de un Estado democrático garante de derechos sociales, protector de los recursos naturales y estratégicos del país.
Sigue la Constitución de Pinochet o se instala la Constitución de la extrema derecha
Sea cual fuese el resultado del plebiscito del próximo domingo, la Constitución chilena tendrá un carácter neoliberal, conservador, autoritario, regresivo, privatizador, religioso, y afín a las tesis de la derecha, la extrema derecha, los poderes fácticos, grupos monopólico-financieros y de la intelectualidad/academia conservadora.
No existe la opción de la Carta Magna transformadora, democratizadora, garante de derechos sociales y la participación ciudadana, sanadora del sistema democrático y defensora de los recursos naturales estratégicos como el agua, el litio o el cobre.
Tan es así, que A Favor están llamando a votar los dirigentes de Republicanos y Chile Vamos, los presidentes de los principales gremios empresariales, los representantes del empresariado agrícola, las editoriales de los medios de prensa tradicionales y privados, los grupos antiabortistas, segmentos homofóbicos y xenófobos, la familia militar.
Un ingrediente que abunda en lo enrarecido de todo, es que se llegó al proceso constitucional y a votar una nueva Constitución a partir del estallido social de 2019, con una movilización ciudadana y popular de enormes proporciones territoriales y sociales, que estremeció el sistema político chileno y que marcó un “Chile despertó”. Sólo como un dato, a pocas semanas del 18 de octubre de 2019, inicio de la masiva y diversa protesta, dos millones de personas marcharon en la capital y alrededor de un millón lo hicieron en ciudades de regiones, exigiendo un cambio en el modelo económico, el sistema político y una nueva Constitución.
La propuesta que se vota este domingo, en un episodio parido en el estallido social, no tiene nada que ver con aquella demanda ciudadana y popular.
Los análisis de por qué se llegó a eso son muchos, variados, complejos, contradictorios, oscilantes, autocomplacientes.
Lo que quedó claro es que los conservadores pasaron a una tremenda ofensiva ideológica, política, financiera, comunicacional, territorial, y ganaron. Mientras que los sectores transformadores perdieron el posicionamiento, se replegaron, se debilitaron en el relato, perdieron base electoral y social de apoyo, se frustró la movilización popular y perdieron la iniciativa.
Ciclo oscilante entre el estallido social y el proceso constitucional
De una fase reivindicatorio popular y de avance en transformaciones, se pasó a una etapa de regresión ultraconservadora y ratificadora del sistema político y económico dominante.
Datos que ejemplifican puntualmente aquello, fue el resultado del plebiscito de septiembre de 2022, donde el Rechazo a la propuesta de Constitución transformadora, democrática, de derechos, popular, llegó al 60% de los votos de la gente. Y luego, cuando en la elección de quienes debían redactar la nueva propuesta, obtuvo mayoría la extrema derecha, votos a los que se sumaron los de la derecha tradicional, dejando atrás a la socialdemocracia, el progresismo y la izquierda.
El resultado del plebiscito dirá si continúan las oscilaciones y qué ha pasado con el país en este tiempo.
Respecto al proceso mismo, todos coinciden en que se caracteriza por ser desinformado y desafecto en cuanto a la gente. Los comentarios y vocerías coinciden en que la población está cansada y hastiada. Se liga este plebiscito a la política institucional, que está desprestigiada. Y donde la agenda nacional/ciudadana está notoriamente cruzada por temas como la delincuencia y la seguridad pública, el alza del costo de la vida (“cuesta llegar a fin de mes”), cuestionamientos a la migración irregular y la criminal, la Navidad y otros temas mediáticos.
A lo anterior se suma que también se comparte el criterio de que esta es una elección de alta desinformación y notoria apatía. De hecho, extraoficialmente se menciona que no más del 5% de la población conoce la propuesta constitucional.
Una inquietud que cruza a todas las fuerzas orgánicas comprometidas en este proceso, es qué pasará con los 5 millones de ciudadanas y ciudadanos que no sufragaban con voto voluntario, y ahora están obligados porque el voto es obligatorio. Se les define como “indecisos”, “el sector obligado a votar” o “la mayoría silenciosa” y en ellos podrían estar la decisión del resultado final del plebiscito.
Mientras, las fuerzas políticas apuestan a contar con su voto duro.
Hay mucha tela que cortar respecto al escenario pos plebiscito. En lo básico, si gana el A favor será otro triunfo estratégico de la extrema derecha y la derecha y reforzará su ofensiva conservadora y su hegemonía de la agenda. Hay especulaciones de que llegaría a pedir adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Si gana el En Contra será un logro para el progresismo, la socialdemocracia y la izquierda, una oxigenación necesario, un punto de reanimación para sus planes transformadores y la recomposición de base/fuerza social y electoral.
Habrá que ver si después del domingo persiste este enrarecimiento de los escenarios chilenos o si las tendencias comienzan a aterrizar de manera más o menos evidente, siempre en lo que está siendo una fuerte disputa del proyecto-país y en la conformación de correlaciones de fuerza.
