Junto a la satisfacción por el éxito que supone la continuidad del gobierno de coalición, los diferentes acuerdos alcanzados para garantizar la mayoría de investidura han generado no pocas preocupaciones y algunas alarmas, en algunos casos impostadas.
Sumario: Menos comentada y más preocupante es la alianza estratégica entre la CEOE y Junts para bloquear las medidas más sociales
De todas las inquietudes, la más profunda, aunque menos comentada, es la que ha generado entre los poderes económicos el acuerdo entre Sumar y PSOE. De tal manera que ya se ha comenzado a concretar una alianza estratégica entre la CEOE —a través de la patronal catalana— y Junts para bloquear las medidas más sociales anunciadas en ese acuerdo. Este flanco es, a mi entender, al que deberíamos prestar la máxima atención. Y para ello sería importante que no nos quedáramos atrapados en la tela de araña de los agravios comparativos, que algunos han convertido en el motor de la historia y de su acción política.
En el terreno del conflicto territorial, algunas de las preocupaciones son legítimas, como la que ha suscitado el relato sobre el procés catalán que se recoge en el acuerdo entre PSOE y Junts. Aunque a nadie se le escapa que esta es la contrapartida retórica con la que compensar a Junts la aceptación del único relato que va a pasar a la historia, el del preámbulo de la Proposición de Ley de Amnistía cuando esta se apruebe.
Algunas de las preocupaciones recogidas por la opinión publicada son alarmas injustificadas, magnificadas por el nacionalismo español en su cruzada en defensa de la patria, que para ellos nada tiene que ver con las condiciones de vida de la ciudadanía.
Entre estas preocupaciones destaca la generada por el acuerdo entre el PSOE y el PNV y su hipotético impacto en la Seguridad Social. Se trata de una inquietud injustificada, impostada, porque en este acuerdo no hay ninguna referencia explícita a la Seguridad Social.
Competencias pendientes de transferir y la cuadratura del círculo
Lo único que aparece en el acuerdo es una cláusula que se viene repitiendo en este tipo de documentos desde hace décadas. A saber, que el gobierno central se compromete a culminar las transferencias de competencias previstas en el Estatuto de Guernica de 1979.
Entre estas competencias pendientes de transferir está la prevista en el artículo 18.2 del estatuto de autonomía para el País Vasco: “la gestión del régimen económico de la Seguridad Social” que no hizo nada más que recoger, lo mismo que otros estatutos, entre ellos el de Catalunya, aquello previsto en el artículo 149.17 de la Constitución española.
Casi cuadro décadas después no está nada claro qué quiso decir el constituyente cuando redactó este artículo. Hacer compatible la gestión del régimen económico de la Seguridad Social con el mantenimiento como competencia estatal de las normas que regulan el régimen económico de la Seguridad Social y su Caja única se parece bastante a la cuadratura del círculo. Y quizás esta sea la razón por la que treinta siete años después no se ha materializado aún esta transferencia.
Lo que quiso decir el constituyente de 1978 sobre el sistema de Seguridad Social ni tan siquiera ha quedado claro después de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1989, resolviendo el conflicto presentado por el Gobierno de la Generalitat. A pesar de los esfuerzos argumentales del Constitucional la cosa continúa en la nebulosa.
SUMARIO: Los principios de solidaridad e igualdad personal, generacional y territorial configuran la base de la Caja única de la Seguridad Social.
Supera el ámbito de este artículo hacer una exégesis de la referida sentencia. Aunque resumiendo se puede decir que rechaza las pretensiones del ejecutivo catalán por considerar que las funciones reclamadas para sí por la Generalidad romperían los principios de solidaridad e igualdad que configuran la base de la Caja única de la Seguridad Social.
El rechazo se fundamenta en la siguiente argumentación: “En consecuencia, las concretas facultades que integran la competencia estatutaria de gestión del régimen económico de la Seguridad Social serán sólo aquellas que no puedan comprometer la unidad del sistema o perturbar su funcionamiento económico uniforme, ni cuestionar la titularidad estatal de todos los recursos de la Seguridad Social o engendrar directa o indirectamente desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social”.
En base a estos presupuestos, el TC considera que son competencia del Estado las funciones, entre otras, de “inscripción de empresas y altas y bajas de trabajadores”; “las de cotización y recaudación de cuotas, así como los aplazamientos”; “la ordenación de los pagos de las obligaciones de la Seguridad Social”, o sea prestaciones y pensiones” y todas las otras reclamadas por la Generalitat de Catalunya en su recurso.
Una vez leída la sentencia no queda claro —al menos para el que suscribe— qué competencias de gestión del régimen económico quedarían para las Comunidades Autonómicas por ser compatibles con el mantenimiento del modelo de solidaridad personal, generacional y territorial que configura nuestro sistema de Seguridad Social de Caja única.
Quizás sea esta la cuadratura del círculo que ha impedido hasta la fecha aplicar la CE y algunos estatutos de autonomía.
¿Qué ha pasado pues para que se haya montado tamaña inquietud?
Mi hipótesis es que un acuerdo de esta naturaleza no podía dejar de recoger por enésima vez la transferencia de las competencias previstas en el Estatuto de Guernica de 1979, aún no transferidas. Pero que al mismo tiempo, y conscientes de la complejidad de aplicar lo referente a Seguridad Social y sobre todo de la susceptibilidad que provoca este tema, ni tan siquiera se ha mencionado explícitamente en el acuerdo.
¿Y entonces, cuál es la razón de tanta alarma? Parece obvio, la razón se encuentra en la estrategia de la derecha extremosa y la extrema derecha para levantar la bandera de “España se rompe” y para apropiarse de la igualdad de los españoles que, en su concepción, solo se fractura en clave territorial, nunca en clave de clase social.
Aunque llegados a este punto habría que añadir que si las derechas consiguen generar este estado de ánimo no es solo mérito suyo. Falta mucha pedagogía por parte de las izquierdas en la batalla ideológica. Y sobra mucha desvergüenza en algunos medios de comunicación que son capaces de generar alarmas injustificadas con el único objetivo de allanar el camino de las derechas en su ofensiva de deslegitimación de la mayoría parlamentaria elegida por la ciudadanía el 23 de julio pasado.
