Incrementar el salario mínimo desde los 735 a 1.080 euros al mes ha beneficiado a más de 2,3 millones de personas trabajadoras. No solo ha sido considerable la subida del 47 % en términos nominales desde que mandamos al rincón de pensar al PP con la moción de censura en 2018, es que también la mejora también es importantísima descontando el efecto que ha tenido la inflación. Analizando en términos reales, el SMI ha subido 233 euros desde 2018, —un 27 % más— lo que ha mejorado las condiciones materiales de vida de las personas trabajadoras más vulnerables. No menos importante ha sido la aprobación de la primera reforma laboral que supone una recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras y que ha demostrado su éxito en la lucha contra la temporalidad y la precariedad, así como para reequilibrar la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios o el reconocimiento del derecho a paro y protección por desempleo de las trabajadoras del hogar que ha beneficiado a un colectivo de aproximadamente medio millón de personas, de las que más de un 95 % son mujeres o la prohibición del despido objetivo por bajas médicas.
Los servicios públicos son el salario indirecto de las personas trabajadoras. Hay que reforzar la protección social y la cohesión.
Hemos logrado, gracias a nuestra presión en el gobierno de coalición, que se garanticen los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocida como ley rider para acabar con el fraude de los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto y también avanzar en la reducción de la temporalidad en el empleo público. También se ha garantizado el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la revalorización conforme al IPC y se ha derogado el factor de sostenibilidad, dos elementos lesivos para los y las pensionistas que impuso el PP con su reforma de 2013. La subida en 2023 ha sido del 8,5 %, 34 veces más que lo que se hubiesen incrementado sin la reforma y la de 2024 será del 3,8 % en las pensiones contributivas, 15 veces más que la que hubiese habido con la derecha, las pensiones mínimas se incrementarán entre el 5 % y el 7 %, las de viudedad con cargas familiares, una de las más bajas del sistema, subirá el 14 % y las no contributivas un 6,9 %. Además, para disminuir la brecha de género en pensiones, los tres primeros años de excedencia por el cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad se considerarán efectivamente cotizados. Asimismo, los tres primeros años de reducción de jornada por el mismo motivo serán cotizados por el 100 % de dicha jornada sin reducir. Finamente, el complemento de la pensión por brecha de género tendrá una revalorización adicional del 10 % en el bienio 2024-2025 y para mejorar la pensión de aquellas carreras irregulares, sobre todo de mujeres, se amplía la denominada cobertura de lagunas (periodos intermitentes no cotizados en una vida profesional que se consideran cotizados a efectos de pensión). Se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100 % de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50 % de la base mínima a partir del mes 49. Pero se añaden para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100 % de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (esto es, el quinto año) y el 80 % de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (ampliándose esta cobertura de lagunas para las mujeres del cuatro a siete años). La cobertura de lagunas de cotización beneficiará por primera vez a los autónomos. En concreto, a aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan estas lagunas precedidas por el disfrute de una prestación por cese de actividad, que tendrán una cobertura de seis meses con el 100 % de la base mínima de cotización.
Derechos y protección en el trabajo, los cuidados y las prestaciones
Este abanico de avances podría deslizar en algunas personas una tentación que sería letal. La de considerar que, dados pasos importantes en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras en los cuatro años previos, la legislatura que se inicia podría ser de trámite. La conformación de una mayoría parlamentaria de izquierdas para impulsar transformaciones profundas es imposible.
¿Abandonamos toda esperanza de mejora en el futuro próximo? Pues no.
Aunque fácil no va a ser, es imprescindible que la agenda social y laboral vuelvan a situarse en el centro de la acción política porque partimos de muy abajo, de una realidad de profunda desigualdad. Y es imprescindible reforzar la cohesión y protección social y para eso hay que avanzar en la transformación de la economía, en la mejora del empleo y el fortalecimiento de los salarios, así como el refuerzo de los servicios públicos, que no son otra cosa que salario indirecto de las personas trabajadoras. No ha sido precisamente mala forma de comenzar la legislatura la reforma del subsidio de desempleo con la mejora de condiciones pasando de los 480 € a 570 € en los 6 primeros meses de la prestación, a 540 € en los siguientes 6 meses y manteniendo en los 480 € actuales el resto de duración de la prestación y eliminando el mes de espera para el acceso al mismo. Pero no nos conformamos. Hay que ir más allá.
Nadie puede negar los avances considerables logrados en la pasada legislatura en materia laboral y de mejora de los derechos de las y los trabajadores
Por eso hay que volver a subir el SMI hasta situarlo en el 60 % del salario medio, reducir legalmente el tiempo de trabajo sin disminución de salario e incrementar el coste de las indemnizaciones por despido. Y abordar además temas de gran trascendencia estratégica y materias muy sensibles para las personas trabajadoras en materia de conciliación que solamente será posible con el despliegue de una Estrategia Estatal de Cuidados que sea un auténtico pilar del Estado de bienestar para el siglo XXI. Y para consolidar las mejoras, es ineludible aprobar un Estatuto del Trabajo del siglo XXI que tenga la capacidad de responder a los nuevos retos y desafíos a los que nos enfrentamos con transiciones digitales y energéticas en marcha. Porque no consentiremos que se aborden recortando los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos o el derecho al medio ambiente y deben integrar tanto los relativos a las libertades civiles como los referidos a los derechos colectivos de sindicación y representación, huelga y negociación colectiva, así como el principio de no discriminación.
Todo es posible si la movilización social y sindical agita los centros de trabajo y las calles para empujar nuevos avances. Nuestro trabajo es hacerlo posible. Vamos a ello.
